Los trabajadores de los tribunales de Los Ángeles están muriendo de COVID-19 debido a que continúan las audiencias y juicios presenciales
El sistema del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles sigue celebrando audiencias en persona a pesar de la reciente muerte de tres empleados del tribunal a causa del COVID-19.
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En un momento en que los funcionarios suplican a los residentes que no abandonen sus domicilios debido al COVID-19, Juan García tomó el autobús hasta un tribunal del centro de Los Ángeles para defenderse de ser desalojado del suyo.
El viudo discapacitado usó un bastón mientras navegaba por el tribunal Stanley Mosk, esperó entre decenas de personas en un pasillo para su audiencia, y luego le pidió a un juez más tiempo para asegurar una vivienda de bajos ingresos, al menos uno o dos meses más. El juez fijó un juicio de desalojo para abril.
“No sé qué voy a hacer”, comentó García, de 60 años, en una entrevista fuera de la sala del tribunal mientras luchaba con la posibilidad de quedarse sin hogar.
Es una escena que se desarrolla a diario en el sistema del Tribunal Superior de Los Ángeles, el más grande del país, que aún realiza audiencias en persona, incluidos procedimientos de desalojo y juicios, a pesar de las recientes muertes de tres empleados del tribunal por COVID-19 y las advertencias de que estar adentro con otros puede propagar el virus fácilmente.
En los tribunales de tránsito, multitudes esperan en los pasillos y salas para impugnar citaciones por exceso de velocidad de meses o años atrás. En los tribunales penales, los acusados se sientan con los cubrebocas abajo y algunos abogados se quitan esta protección cuando se dirigen a un juez. Un juez incluso permitió que un testigo testificara sin él.
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Y aunque los legisladores instituyeron algunas “moratorias” de desalojo que han reducido el flujo de dichos casos, tales medidas generalmente requieren que los inquilinos aún asistan a los tribunales para demostrar por qué se debe aplicar esta medida. A menudo, moratoria es un nombre inapropiado, ya que las disposiciones pueden no impedir que los propietarios presenten demandas de desalojo.
Desde marzo, el Tribunal Superior de Los Ángeles ha tomado medidas para reducir significativamente el tránsito peatonal y los funcionarios estiman que en los 38 juzgados del sistema circula un 65% menos de personas que antes de la pandemia. Aproximadamente 4,500 personas se presentan de forma remota todos los días para las audiencias. Ann Donlan, una portavoz del tribunal, señaló que todas las salas, unas 600 en todo el condado, tienen la capacidad de llevar a cabo procedimientos a distancia.
Pero muchas audiencias presenciales continúan, especialmente en los tribunales penales, que realizaron casi 70 juicios con jurado en los últimos cuatro meses de 2020. A veces, las partes en un caso insisten en una audiencia en persona. Algunos carecen de acceso a internet, teléfono o no saben que hay una opción remota disponible. Y al menos que un litigante haya tomado las medidas necesarias para obtener una exención del tribunal, cada comparecencia remota tiene un costo: $15 por audio y $23 por video.
En casos de desalojo como el de García, donde los arrendatarios solo tienen cinco días judiciales para responder y la mayoría de los inquilinos carecen de representación legal, los abogados le han dicho al Times que los jueces a menudo exigen procedimientos en persona, lo que pone en peligro la salud de los abogados, clientes y personal judicial.
“Todos los días, los tribunales llevan a cabo procedimientos sin precauciones para mantener a las personas seguras y realizan actividades que resultan en que las personas sean expulsadas a la calle. Es un desastre de salud pública”, señaló Adam Murray, director ejecutivo de Inner City Law Center. “Si ingresa a los tribunales de desalojo o tránsito, no verá personas adineradas o de ingresos medios. Son los pobres los que tienen que acudir y juzgar sus asuntos personalmente”.
El personal y los grupos legales han presionado por métodos más rigurosos para evitar que el público ingrese a los tribunales, como controles de temperatura, sin éxito.
En diciembre, los miembros del Ayuntamiento de Los Ángeles imploraron al entonces juez presidente, Kevin Brazile, que detuviera todos los procedimientos de desalojo presenciales y que impidiera que los propietarios emitieran notificaciones sobre la mayoría de las demandas, una medida que suspendería efectivamente los nuevos casos de desalojo.
Hasta ahora, los líderes del Tribunal Superior de Los Ángeles se han negado, señalando a los funcionarios de Sacramento.
“Desde que comenzó la pandemia, la legislatura aprobó nuevas leyes que limitaron los desalojos y ordenaron cómo se deben manejar estos casos, equilibrando los derechos y las necesidades de las partes”, indicó Donlan, portavoz del tribunal, en un comunicado. “El tribunal está obligado a seguir estos mandatos legislativos”.
Señaló que los juzgados habían instalado plexiglás en 6,500 ubicaciones para mejorar la seguridad, agregaron letreros sobre el distanciamiento social y montaron dispensadores de desinfectante de manos. La mayoría de los miembros del público ahora necesitan citas para ingresar.
En enero, tres miembros del personal del tribunal murieron después de dar positivo por el coronavirus y, desde marzo, al menos 445 de los 5,100 integrantes del personal y jueces fueron contagiados, informó Donlan, quien señaló que la tasa de infección del tribunal era aproximadamente un 1.4% más baja que la de todo el condado.
Aun así, no está claro cuántos de los que pasan por los tribunales se han contagiado con COVID-19. Aproximadamente 120 empleados de la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles dieron positivo, un defensor público murió de coronavirus el año pasado y en el Departamento del Sheriff, que brinda seguridad a los juzgados, más de 2,800 empleados contrajeron la enfermedad.
El juez permite que el testigo declare sin cubrebocas
Begonya De Salvo, quien interpreta procedimientos para hispanohablantes en el Centro de Justicia Criminal Clara Shortridge Foltz, señaló que tuvo que comprar su propio protector facial y un segundo cubrebocas para protegerse.
“Me encuentro adentro y estoy temblando porque sé que el COVID está ahí, todo el tiempo, día tras día”, comentó De Salvo. “Y la prueba es que la gente se infecta y las salas de audiencias están cerrando”.
En diciembre, un reportero del tribunal en el Centro de Justicia Criminal dio positivo por el coronavirus, lo que llevó a los administradores a cerrar la sala donde trabajaba. Pero cuando un intérprete que también había laborado en esa sala pidió permiso para ponerse en cuarentena en casa con licencia pagada, se le negó, según el sindicato de intérpretes.
El intérprete siguió trabajando y días después dio positivo. Eso provocó que unos 15 intérpretes se aislaran en casa, dificultando las operaciones en el juzgado. Según el sindicato, a muchos se les negaron las solicitudes de licencia remunerada y algunos continuaron presentándose en el juzgado, ya sea porque temían represalias, o porque no les quedaban días de ausencia por enfermedad.
Uno de esos intérpretes que siguió trabajando, Sergio Cafaro, dio positivo el 18 de diciembre y murió el 12 de enero a los 56 años. Cinco días después otro, Daniel Félix, de 66 años, falleció por complicaciones relacionadas con el COVID-19, tras un brote en el Palacio de Justicia de Bellflower.
Su hija, Masiel Felix, dijo que su padre solo trabajaba de dos a tres días por semana cuando dio positivo y que pasó los últimos días de su vida en el hospital, sin poder ver a su familia.
“Sentimos que esto podría haberse evitado. Podría haber trabajado de forma remota”, señaló. “Trabajó mucho toda su vida y es una pena porque quedó expuesto laborando, no pudo disfrutar de su jubilación”.
Dentro de las salas de audiencias, existen diversos niveles de cumplimiento de las prácticas de seguridad obligatorias. Algunos abogados y oficiales del Departamento del Sheriff ocasionalmente se quitan los cubrebocas, mientras que los reclusos y los litigantes a veces los llevan incorrectamente.
“Los jueces son muy estrictos con las personas para que no masquen chicle, no miren sus teléfonos celulares, no usen sombrero”, indicó De Salvo. “¿Pero llevar un cubrebocas? Esa es otra cosa”.
De Salvo presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Desempeño Judicial después de que la jueza Lynne Hobbs permitió que un oficial de policía testificara el verano pasado sin cubrebocas. Ocurrió después de que un abogado defensor le pidió al juez que retrasara una audiencia, argumentando que el cubrebocas sobre el rostro de un testigo violaba los derechos del acusado al obstruir “la capacidad para determinar la credibilidad”.
Desde el banco, Hobbs notó los escudos de vidrio en su sala del tribunal y, según la transcripción, le preguntó al oficial: “¿Se siente cómodo quitándose el cubrebocas?”.
“Sí”, respondió el oficial. El juez dio permiso para quitárselo y declarar.
De Salvo estaba horrorizado.
“Pensé que era indignante que el juez hiciera esto y nos pusiera a todos en un gran riesgo”, señaló De Salvo, quien tiene un hijo de 9 años con problemas de salud y cuyo tío en España murió de COVID-19.
Hobbs inicialmente indicó que “no recordaba que alguien declarara en mi tribunal sin un cubrebocas”, y escribió en un correo electrónico: “Tenemos una sala de tribunal segura”. El juez no respondió cuando se le proporcionaron detalles de la transcripción.
Donlan, el portavoz, señaló que el juez estaba equilibrando “los derechos al debido proceso y los esfuerzos continuos para proteger al público”.
La capacidad de California para realizar varias tareas se está poniendo a prueba, ya que los funcionarios de salud se esfuerzan por encontrar personal para los centros de vacunación y, al mismo tiempo, mantener las pruebas y el rastreo de contactos.
“No creo que debamos estar aquí”
Los funcionarios judiciales han sostenido que sus operaciones son esenciales y sus servicios, como proporcionar órdenes de restricción en casos de violencia doméstica y proteger los derechos al debido proceso de los acusados, requieren mantener abiertos los juzgados.
Los defensores, sin embargo, dicen que vale la pena retrasar muchas operaciones, como las audiencias de citación de tránsito que ocurren a diario.
“No creo que debamos estar aquí y ponernos en peligro”, comentó Stephanie Durazo, quien compareció a fines de diciembre para un juicio por una citación que recibió en noviembre de 2019. Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) afirmó que conducía a 48 millas por hora en una zona de construcción que permitía una velocidad de 30 millas por hora, cerca de Lincoln Heights, y un juez finalmente se puso del lado de la declaración del oficial de LAPD.
Antes de la pandemia, comparecer ante un tribunal de tránsito era una forma de eliminar una licencia de conducir suspendida, impuesta por una multa vencida o por no presentarse. Pero en la primavera, el tribunal lanzó un programa que permite a los automovilistas restablecer su licencia, siempre que llamen y agenden una futura cita en el tribunal.
“No es urgente que una persona con una citación de tránsito esté allí ahora”, señaló Lauren Zack, abogada de Public Counsel. Zack, quien representa a los jóvenes de crianza temporal en casos de tránsito en Los Ángeles, comentó que estaba preocupada por el requisito continuo de aventurarse fuera de la casa y venir a salas de audiencias mal ventiladas, con pocas opciones de distanciamiento social.
“Veo un espacio que es intrínsecamente inseguro”, indicó Zack. “Con el tribunal de tránsito, la única justificación de por qué están trasladando a las personas es para cobrar multas y tarifas”.
Con las audiencias de desalojo, lo que está en juego es mucho mayor.
En 2020, se presentaron 14,000 casos de desalojo residencial en el Tribunal Superior de Los Ángeles, una disminución del 66% con respecto al año anterior, y los juicios continúan “todas las semanas”, señaló Lorraine Lopez, una abogada supervisora del personal de Public Counsel.
López dijo que su organización y otros grupos de ayuda legal han pedido repetidamente a los líderes judiciales que pongan fin a los procedimientos de desalojo, señalando la salud y seguridad de los abogados, clientes y personal del tribunal.
“Entiendo que los propietarios están sufriendo. No estamos tratando de evitar que los juicios o los asuntos sigan adelante”, indicó López. “Pero si se nos dice que no nos congreguemos con los que están fuera de nuestros domicilios, eso debería incluir los tribunales”.
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