Mientras una mujer está en prisión por la muerte de su feto, California pone a prueba su ley de homicidios
- Share via
Adora Pérez había cumplido dos años de prisión (de una sentencia de 11) cuando recibió una llamada telefónica.
Desde el interior de la prisión estatal de mujeres en Chowchilla, California, escuchó a la abogada Mary McNamara presentarse, decir que había estado investigando su caso y que le parecía que era profundamente defectuoso.
Pérez fue acusada de asesinato después de dar a luz a un bebé muerto, en un hospital en el Valle Central de California, y las autoridades alegaron el uso de metanfetamina durante el embarazo. Ante la posibilidad de cadena perpetua, la joven aceptó un acuerdo de culpabilidad, perdió una apelación y debió adaptarse a los ritmos del tiempo tras las rejas.
Pero para McNamara, la ley en California era clara: una mujer no puede ser condenada por matar a su hijo por nacer, y ninguna mujer antes de Pérez había sido enviada a prisión en tal caso.
La reclusa, de 32 años de edad, se encuentra ahora en el centro de una poderosa pelea legal entre un equipo de abogados encabezado por McNamara y un fiscal de distrito, que cree que Pérez y otras personas como ella son criminales. Si el fiscal prevalece, señalan los defensores de los derechos de las mujeres, se abrirá la puerta a presentar cargos contra cualquier mujer que sufra un aborto espontáneo o un mortinato.
Antes del arresto de Pérez, se estableció una ley en California que establecía que las mujeres no podían ser procesadas por matar a sus fetos.
En 1970, después de que la Corte Suprema del estado anuló la condena por asesinato de un hombre que golpeó a su esposa embarazada y mató a su hijo por nacer, los legisladores cambiaron la norma de homicidios del estado para que sea posible acusar a alguien por la muerte de un feto.
Pero una sección de la ley establece que ésta no se aplica a los actos “solicitados, ayudados, instigados o consentidos por la madre del feto”, y los intentos de condenar a las mujeres por matar a sus hijos no nacidos fueron derribados. En una de las pruebas más extremas de la ley, un juez de un tribunal municipal de Santa Bárbara dictaminó en 1973 que una mujer que interrumpiera su embarazo disparándose en el estómago no podía ser juzgada por asesinato (la mujer, Claudia Tucker, se declaró culpable de realizar un aborto ilegal y fue sentenciada a libertad condicional).
Y en el lapso de unos pocos años en la década de 1990, los fiscales de tres condados presentaron cargos de asesinato contra mujeres acusadas de matar a sus hijos por nacer con el uso de drogas. En cada caso, los cargos fueron descartados o retirados.
“No ha habido casos”, expuso McNamara, “en que una mujer haya sido procesada con éxito en California como resultado de lo ocurrido con su embarazo”.
Así había sido hasta Pérez. En su caso, Keith Fagundes, fiscal del distrito de Kings encontró la oportunidad de desafiar lo que él creía que habían sido décadas de fallos inapropiados. “Va en contra de la lógica”, señaló. “Si el padre de un feto puede matar a un feto, ¿por qué la madre de un feto no puede ser responsable de matarlo?”
Fagundes cree que la excepción para mujeres embarazadas escrita en el estatuto se aplica solo a quienes optan por un aborto legal. McNamara dijo que el lenguaje claramente incluye excepciones para los abortos, así como para los actos realizados por mujeres embarazadas.
“Esa ley no entró en vigor para proteger en absoluto a la madre del feto”, continuó Fagundes, “sino para proteger al feto y darle derechos”.
Si se deja en pie, esa interpretación marcaría un cambio profundo en la norma, señalan McNamara y otros.
“Ampliar la ley para criminalizar los resultados del embarazo abre la puerta para que las mujeres sean acusadas de asesinato por cualquier comportamiento que pueda dañar su embarazo”, destacó la abogada Jennifer Chou, de la ACLU del norte de California, “incluyendo cuestiones como cruzar la calle de manera imprudente y trabajar en un entorno exigente”.
Pérez creció en Hanford, California, una antigua ciudad ferroviaria al sur de Fresno. Su infancia fue corta; era abusada repetidamente por un amigo de la familia y quedó embarazada de otro hombre a los 14 años. A los 16, ya fumaba metanfetamina.
A los 21 años conoció a quien que se convertiría en padre de ocho de sus hijos. Él la golpeó brutalmente durante cada uno de esos embarazos, relató una tía, Sabrina Pérez, quien ayudó a criarla. “En su mente, ella pensaba que se lo merecía”, relató su tía, “que él le estaba enseñando a crecer, porque él es mayor que ella”.
Pérez trató de dejar su adicción muchas veces, incluso durante su embarazo más reciente, cuando se mudó con su tía y logró mantenerse limpia durante casi tres meses, relató su familiar. Pero su éxito fue socavado por el novio, agregó. Él la convenció de que rentara una habitación de hotel, donde su tenue control sobre la sobriedad se agotó.
Pérez dio a luz a un niño muerto, Hades, en Adventist Health Hanford, la noche del 30 de diciembre de 2017. Una prueba resultó positiva para metanfetamina y un médico le dijo a los investigadores que creía que el uso de drogas había causado el deceso, según muestran los registros judiciales. Los agentes la arrestaron en el centro de maternidad del hospital dos días después.
Ella lucha por encontrar las palabras para describir la pérdida, pero afirma que no es una asesina. “No quise lastimar intencionalmente a mi hijo”, enfatizó Pérez. “Nadie sabe lo que es consumir drogas a menos que lo haya hecho”.
Pérez había pasado tres meses en la cárcel cuando los fiscales le ofrecieron un trato: el cargo de asesinato sería retirado si ella declaraba la no impugnación de los cargos por homicidio voluntario, un delito menor que conlleva una sentencia de tres a 11años.
Presentaron el acuerdo como una forma de que Pérez evitara pasar el resto de su vida en prisión. Ella afirma que sus abogados no le contaron sobre el problema evidente del trato: que las leyes del estado no incluyen una disposición para que una mujer sea acusada de matar a su feto. “Parecía que me estaban consiguiendo un buen acuerdo”, destacó. Pérez aceptó la propuesta con la fiscalía, pero casi de inmediato se arrepintió.
“Pensé ‘Dios mío, me acabo de declarar culpable sin haberlo hecho’”, comentó, refiriéndose a la declaración de no impugnación, que equivale a una condena.
Ella y su familia juntaron varios miles de dólares para contratar a un abogado privado, en un intento de anular el acuerdo, pero el juez de la Corte Superior del Condado de Kings, Robert Burns, se negó a permitirlo. En cambio, en junio de 2018, sentenció a Pérez al tiempo máximo tras las rejas.
No quedaba dinero para presentar una apelación con otro abogado. Un legista designado por el tribunal tomó el caso, pero no planteó ningún desafío legal específico, comentó McNamara, quien ahora representa a Pérez.
Cuando un tribunal de apelaciones confirmó la declaración de culpabilidad de Pérez, en marzo de 2019, su caso parecía cerrado para siempre.
Luego, otra mujer del condado de Kings fue arrestada.
Las similitudes fueron sorprendentes: Chelsea Becker también creció en Hanford, luchaba con la adicción a la metanfetamina y dio a luz a un mortinato en Adventist Health casi dos años después que Pérez. El personal del hospital llamó a las autoridades. En noviembre de 2019, Fagundes la acusó de asesinato.
Le asignaron la misma defensora pública que a Pérez y compareció ante el mismo juez. Incapaz de pagar la fianza de $2 millones que impuso el magistrado, Becker está en la cárcel del condado de Kings.
Pero a diferencia del caso de Pérez, el arresto de Becker recibió atención. Su foto policial, con los ojos llenos de lágrimas, apareció en los periódicos y en los noticieros nacionales, junto con historias que en gran medida no cuestionaban los cargos en su contra.
La gran difusión hizo que los abogados conocieran a Becker y un equipo respaldado por National Advocates for Pregnant Women (Defensores Nacionales de Mujeres Embarazadas) se hizo cargo de su caso. Varios grupos de derechos de la mujer y asociaciones médicas firmaron un escrito legal en el que se pedía el retiro de su enjuiciamiento.
Los abogados descubrieron a Pérez cuando un reportero de Los Angeles Times que cubría la cuestión de Becker se encontró con el caso y consultó a los legistas de la ACLU sobre la validez de esa condena.
Se le pidió a McNamara que investigara el caso de Pérez, y no pasó mucho tiempo para que ella se convenciera de que los cargos, el acuerdo de culpabilidad y el asesoramiento legal habían sido todos defectuosos. Así se ofreció a hacerse cargo, ad honorem.
“Espero que, al final, pueda irme a casa”, afirmó Pérez. “Y cuando eso ocurra, buscaré rehabilitación”. Durante los últimos tres meses hizo un programa de tratamiento, dijo, y siente que la neblina que los años de trauma y uso de drogas arrojaron sobre su mente finalmente se está disipando. “Solía entrar y salir cuando quería”, comentó. “Y ahora […] no puedo hacerlo porque estoy detrás de las rejas. Tengo tantas ganas de estar con mis hijos”.
McNamara y los abogados que la ayudaron pidieron a la corte de apelaciones que reabra el caso. Hallaron un poderoso aliado en California, el procurador general Xavier Becerra. Aunque el fiscal general normalmente lucha junto con los fiscales de distrito del Condado para mantener las condenas, Becerra está tratando de deshacer el trabajo de Fagundes. Aseguró que apoya la liberación de Pérez y escribió en un expediente judicial que no se opondría al intento de reabrir su apelación. “Continuaremos trabajando para que nuestras leyes se apliquen correctamente, para poner fin a los encarcelamientos de la Sra. Becker y la Sra. Pérez, y para proteger a las mujeres de un enjuiciamiento similar en el futuro”, destacó Becerra en un comunicado.
Al respaldar las iniciativas por lograr la liberación de Becker, Becerra escribió en un expediente judicial que los cargos se basan en una mala interpretación de la ley e instó al juez a desestimar el caso. Más recientemente, Becerra hizo un llamado para que la Corte Suprema del estado intervenga. El tribunal tiene hasta Navidad para decidir si lo hace.
La participación del fiscal superior del estado irritó a Fagundes. “Está animando a las mujeres a abusar de sus fetos, y el siguiente paso es que abusarán de sus hijos cuando nazcan”, afirmó. “Porque parece que no hay límite para lo que la gente como Xavier Becerra puede permitir”.
La cuestión es parte de lo que el fiscal de distrito describe como un problema mayor, la “política liberal de California” y los grupos de defensa que, según él, priorizan las agendas políticas sobre la vida humana. “En este proceso, he visto a decenas de personas acudir en ayuda de mujeres que matan a sus bebés por sobredosis, pero nadie viene para darle voz a este feto sano”, afirmó, refiriéndose al hijo fallecido de Pérez.
Los abogados de las mujeres coinciden con Fagundes en algo: hay mucho en juego. “A menos que ganemos estos casos, esto continuará”, remarcó McNamara. “Y pensar en ello me mantiene despierta por la noche”.
Para leer esta nota en inglés haga clic aquí
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.
