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Cansados de esconderse: Un juez ordenó a las autoridades federales aceptar nuevas solicitudes para DACA, y algunos californianos se entusiasman

A young woman in a mask that says Community wellness is key works at an outdoor food relief station
Beatriz Basurto, de 19 años, no recuerda su hogar en México, del cual se marchó a los tres años. Arriba, Basurto entrega comida a Josefa Hernández, de 70 años, en un sorteo de julio pasado, en Oxnard.
(Francine Orr / Los Angeles Times)

Leidy León estaba escribiendo un artículo académico para una clase en UC Merced sobre la opresión histórica de las personas de color cuando se enteró, el viernes pasado, de que un juez federal había dictaminado que la administración Trump debe aceptar nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La joven rompió a llorar y llamó a su madre, quien también comenzó a lagrimear. “Ya era tiempo”, dijo la mujer.

León, de 18 años, salió de México con su familia cuando era pequeña y no tiene una vía clara hacia la ciudadanía estadounidense, pero ahora se postuló por primera vez como beneficiaria de DACA.

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El programa de la era Obama permite a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños la oportunidad de vivir y trabajar legalmente aquí, y los protege de la deportación. Las personas aprobadas como beneficiarias deben cumplir con ciertos requisitos y someterse a verificaciones de antecedentes.

Muchos, como León, eran simplemente demasiado pequeños para ser elegibles antes de que la administración Trump rescindiera DACA, en 2017. Otros no presentaron solicitudes cuando podían. A medida que los jóvenes inmigrantes crecían y eran elegibles, los funcionarios federales les prohibieron presentar una solicitud mientras los abogados litigaban el asunto en los tribunales.

Después de que la Corte Suprema rechazara el intento de la administración Trump de terminar con DACA, en junio, un juez federal en Maryland ordenó al gobierno restaurar el programa a sus términos originales.

En cambio, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, emitió un memorando al mes siguiente, que prohibía la presentación de solicitudes de primera vez, reducía los permisos de trabajo de dos años a uno y limitaba significativamente la capacidad de los beneficiarios de DACA para viajar fuera de EE.UU.

Los beneficiarios del programa y los posibles solicitantes presentaron demandas. El juez federal de distrito Nicholas G. Garaufis, en Nueva York, dictaminó que el memorando se había emitido sin autoridad legal porque Wolf había sido nombrado secretario interino de forma ilegal. Según Garaufis, el gobierno debe publicar un aviso público antes del lunes indicando que se aceptarán nuevas solicitudes para DACA.

Los partidarios del programa aún no están a salvo del todo. Los fiscales generales de 10 estados pidieron a un juez federal en Texas que lo declarara ilegal. Una audiencia en ese caso está prevista este mes.

Cerca de 800.000 personas fueron aprobadas para DACA en su apogeo, en 2017. Hasta junio, el programa tenía 646.000 beneficiarios. Un total estimado de 1.3 millones de individuos ahora son elegibles, según el Instituto de Política Migratoria, incluidos 366.000 en California.

Juliana Macedo do Nascimento, gerente de políticas estatales y locales del grupo de defensa United We Dream, calificó el fallo del viernes como una gran victoria. Macedo do Nascimento —quien nació en Brasil, se crió en el condado de Orange y es beneficiaria de DACA— espera que el fallo anime a otros a postularse. “Esto es por lo que hemos estado luchando”, enfatizó. “No sabemos qué traerá el caso de Texas. No sabemos qué podrá hacer la administración Biden. Pero sabemos que ahora la gente tiene la oportunidad de solicitar ser beneficiario de DACA”.

Según María Blanco, directora ejecutiva del Centro de Servicios Legales para Inmigrantes de UC Davis, este fue el primer año en que ningún estudiante novato tuvo protecciones en el marco de DACA. Aunque es optimista, consideró que el caso de Texas es una pantalla dado que ningún tribunal aún se ha pronunciado sobre la legitimidad del programa, en lugar de en la legalidad de cómo fue rescindido. “En cierto modo, siempre fue una medida provisional”, destacó. “Necesitamos alguna solución permanente. Lo que resulta frustrante para todas estas personas es haber sido ahora, durante los últimos tres años, casi cuatro, una especie de peones políticos. Este no es un juego para ellos”.

León se puso a trabajar en su solicitud de DACA de inmediato. El sábado, dejó mensajes urgentes para su médico y los distritos de preparatoria, para solicitarles sus registros.

También pensó en conseguir un trabajo para ayudar a su madre, quien es cuidadora en un centro residencial y mantiene a los dos hermanos menores de León en Watsonville. Sería su primer empleo. El verano antes de comenzar 11° grado —después de que León recogió solicitudes para puestos en una taquería, una tienda de donas y otra de comestibles— su madre la sentó para tener con ella “la conversación”: decirle que no era elegible para trabajar.

“Estoy cansada de esconderme”, señaló la joven. “Estoy cansada de no tener ningún control sobre mi vida, y estoy cansada de sentarme y esperar. Esta es una oportunidad”.

Otros que ahora son elegibles para postularse son más cautelosos. Rotzely García, quien estaba a tres meses de tener la edad suficiente para solicitar DACA antes de que fuera rescindido, no quiere emocionarse demasiado. “Tal vez después de la próxima audiencia judicial […] finalmente pueda decir que ganamos”, comentó.

Mientras tanto, la estudiante de preparatoria de 17 años, que vive en el centro de Los Ángeles, está concentrada en sus estudios. Después de que su madre perdiera su trabajo debido a la pandemia de COVID-19, García trató de buscar un empleo de medio tiempo para ayudar a su familia, pero finalmente se rindió porque tenía miedo de ser atrapada por un empleador o por funcionarios del gobierno mientras trabajaba sin autorización. Entonces, se ofreció como voluntaria para hacer llamados antes de las elecciones. “Quería asegurarme de que no tuviéramos a Trump como presidente para un segundo mandato”, dijo. “Lo hice por nuestra comunidad”.

Beatriz Basurto tampoco tenía muchas ganas de celebrar la decisión judicial. “Después de tantas contramarchas [con el programa] a lo largo de los años, hay un punto en el cual algunos nos hemos vuelto insensibles a este tipo de noticias”, señaló. “No quiero ser una aguafiestas, pero tenemos que ser realistas”.

Basurto, una estudiante universitaria de Oxnard, de 19 años, no recuerda su hogar en México, del cual se marchó a los tres años de edad. En 2017 perdió la oportunidad de solicitar el alivio migratorio en el marco de DACA.

Mientras Basurto observaba cómo el programa brindaba oportunidades a sus hermanos mayores y pares, vio disminuir sus propias perspectivas. Aún así, tuvo éxito como trabajadora contratada, con un empleo bien remunerado como intérprete mixteca para obreros agrícolas en Oxnard. “He llegado hasta aquí sin tener documentación”, comentó. “Tengo que estar mentalmente preparada para el peor de los casos”.

Aún así, dijo, contar con DACA mejoraría su vida y una parte de ella lo desea. Podría viajar legalmente de ida y vuelta a México, y sentirse aliviada de saberse salvada de una deportación. “Eso sería lo peor para mí, estar separada de mi familia, no estar allí para ellos”, remarcó.

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