Inquilinos negros y latinos enfrentan más desalojos y exclusión en medio del endurecimiento policial en California
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Tres años después de ser liberado de prisión luego de una condena por tráfico de cocaína, Terrance Stewart fue aceptado en UC Riverside y comenzó a buscar un lugar para vivir cerca del campus, junto con su esposa y su hija de tres meses.
Sin embargo, no pudo encontrarlo. Después de enfrentar rechazo tras rechazo, Stewart comenzó a darse cuenta de que alrededor de los complejos de apartamentos que visitaba había letreros grises, con los contornos de tres casas. Más tarde se enteró de que los logotipos significaban que esos propietarios participaban en un programa policial que los capacita para rechazar a inquilinos con antecedentes penales. “Simplemente hizo que mi mundo se limitara”, expresó Stewart.
Alejado de Riverside y de las ciudades vecinas, la familia de Stewart rentó una habitación en una casa de Lake Elsinore, a 90 minutos en autobús del campus.
Stewart no lo sabía en ese momento, pero se enfrentaba a la “vivienda libre de delito”, un conjunto de políticas que ampliaron el poder de la policía para decidir quién puede vivir en más de mil ciudades de todo el país, y quién no.
Los programas aprobados por las ciudades varían, pero están destinados a empoderar a los propietarios para desalojar o excluir a los inquilinos que han tenido problemas con la policía.
Algunas ciudades adoptaron un enfoque estricto, con leyes que exigen el desalojo de los inquilinos acusados de infringir las normas. Otros brindan capacitación policial a los propietarios sobre la verificación de antecedentes penales y disposiciones de arrendamiento contra delitos.
Las reglas cuentan con un fuerte apoyo de la policía, los fiscales y los políticos, que afirman que ayudan a mantener los vecindarios más seguros, especialmente en áreas problemáticas con las drogas y las pandillas.
Pero en una investigación, The Times descubrió que los programas afectaron de manera desproporcionada a los residentes negros y latinos en California, lo cual les dificulta rentar apartamentos y los deja en mayor riesgo de desalojo.
Un mapa de la expansión de los programas ha dejado un patrón distintivo: a medida que los negros y latinos se mudaban a los suburbios en busca de vecindarios más seguros y casas más económicas, poco después se instauraban políticas de vivienda libres de delitos.
En general, al menos 147 ciudades y condados de California han promulgado una ley de vivienda libre de delitos o anunciaron alguna formación en viviendas libres de delitos para los propietarios, detectó The Times, más de una cuarta parte de todos los gobiernos locales del estado.
Entre las 20 ciudades de California con los mayores aumentos de residentes negros desde 1990, el 85% aprobó normas de vivienda libres de delitos, según el análisis de datos de The Times. Estas comunidades incluyen los suburbios de rápido crecimiento de Lancaster, Moreno Valley y Victorville. En las comunidades que tuvieron los mayores aumentos en la población latina, el 75% ha aprobado las políticas, incluidas Fresno, Bakersfield y Ontario.
Los inquilinos negros, latinos y otros de color también han tenido más probabilidades de enfrentarse a un desalojo en viviendas libres de delitos que sus pares blancos.
The Times revisó cinco años de datos de desalojos en un programa que cubre cuatro de las urbes más grandes de California: Los Ángeles, Long Beach, Oakland y Sacramento. Casi el 80% de los desalojados desde 2015 hasta 2019 no fueron blancos. En Oakland, los inquilinos negros enfrentaron desalojos a una tasa que marcó el doble de su porción entre la población de inquilinos de la ciudad.
Aunque las descripciones de los programas de vivienda libre de delitos no mencionan la raza, algunos partidarios han utilizado un discurso racista perturbador y débilmente codificado para justificarlos. Un concejal de la ciudad de Hesperia dijo que el propósito de la ordenanza en su ciudad era “corregir un problema demográfico con las personas que están cometiendo delitos en esta comunidad”.
En una escandalosa reunión del Concejo Municipal en Hemet, un residente citó a “algunos elementos nuevos que se han trasladado a nuestra ciudad” para impulsar las reglas.
En un manual de capacitación utilizado por muchos departamentos de policía de California se hace referencia a los delincuentes como “mala hierba” y “depredadores urbanos bípedos”.
Una y otra vez, el fantasma del aumento de las tasas de delincuencia se ha utilizado de manera inexacta como justificación de estas políticas de vivienda. En algunos suburbios, incluidos Antioch, Hemet y Hesperia, los departamentos de policía llevaron a cabo iniciativas de vivienda libre de delitos cuando las tasas de delincuencia eran estables o descendían; lo que estaba aumentando en esas comunidades era su población negra y latina.
Los programas siguieron prosperando a pesar de los férreos controles. El Departamento de Justicia de EE.UU demandó en diciembre a Hesperia y al Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, alegando que habían atacado intencionalmente a los inquilinos negros y latinos para la aplicación de la norma.
En 2013, se descubrió que las ciudades de Lancaster y Palmdale se habían asociado con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles para expulsar a los residentes negros que vivían en residencias subsidiadas, según una investigación del Departamento de Justicia.
Aún así, los partidarios argumentan que los programas pueden beneficiar a la comunidad, si se hacen correctamente.
En Los Ángeles, la aplicación de tales políticas se ha concentrado en los vecindarios negros y latinos del sur de Los Ángeles. Mike Feuer, el procurador de la ciudad, indicó que los residentes aprecian el esfuerzo por abordar los problemas crónicos de la delincuencia. “Las personas que viven en estas comunidades, que son afroamericanas y latinas, también merecen seguridad, tanto como las blancas que residen en vecindarios más prósperos”, enfatizó Feuer.
No obstante, algunos expertos consideran que la creciente participación de las fuerzas del orden en tratos que antes eran privados entre propietarios e inquilinos está dando lugar a resultados devastadores para las comunidades de color, tal como lo han hecho muchas políticas de vivienda en el pasado.
Las prácticas de la era segregacionista, como la restricción hipotecaria y los convenios raciales en los títulos de propiedad, impedían que los residentes negros vivieran en ciertos barrios.
Deborah Archer, codirectora del Center on Race, Inequality and the Law, de la Universidad de Nueva York, cree que la proliferación de programas de vivienda libre de delitos representa una nueva forma de racismo patrocinada por el gobierno, similar a aquellas iniciativas. “Se advierte una combinación cada vez mayor de la política policial y de vivienda, de una manera que permitirá que los prejuicios raciales del sistema policial se infiltren en las casas, con impactos realmente perjudiciales para las comunidades negras y latinas”, dijo Archer, quien ha estudiado programas de vivienda libre de delito. “Ayudará a facilitar y afianzar la segregación racial en la vivienda”.
El suburbio de Antioch, en el Área de la Bahía, a principios de la década de 2000, tenía viviendas de sobra. La crisis de ejecuciones hipotecarias había convertido los nuevos desarrollos en pueblos fantasmas, con casas repentinamente inaccesibles. Para llenarlas, los propietarios comenzaron a rentarlas a personas que recibían asistencia federal para la vivienda de la Sección 8, muchas de las cuales eran negras.
La promesa de buenas escuelas, espacios abiertos y viviendas más asequibles atrajo a tanta gente de Oakland y otras ciudades, que Antioch ha experimentado una mayor afluencia de residentes negros que cualquier otra comunidad del norte de California durante las últimas tres décadas.
Pero los residentes actuales de Antioch, especialmente en sus enclaves más blancos y ricos, comenzaron a quejarse de la violencia y el infortunio que, según dijeron, acompañaron a la afluencia de inquilinos de bajos ingresos, aunque las estadísticas de delincuencia de la ciudad no confirmaban esos dichos.
Sin embargo, la ciudad respondió en 2006 creando una unidad especial de policía que investigó los hogares de la Sección 8. Los agentes de policía advirtieron repetidamente a los propietarios que podrían ser considerados legalmente responsables de las acciones de sus inquilinos, una táctica que a menudo termina en desalojos.
Dos años más tarde, los abogados de derechos civiles presentaron una demanda, alegando que el Departamento de Policía atacaba sistemáticamente a los arrendatarios negros, incluidos aquellos que denunciaban incidentes de violencia doméstica. Para resolver el caso, los funcionarios de Antioch se comprometieron a no centrarse en la raza de los inquilinos o el estatus de la Sección 8 en sus iniciativas policiales.
Es un alivio que esto finalmente se resuelva y que la gente esté atenta para asegurarse de que Antioch no intente expulsar a otras familias como la mía”, remarcó Santeya Williams, inquilina de Antioch y demandante en el caso, cuando se anunció un acuerdo.
Antioch no es un caso único. Las políticas de vivienda libre de delitos se han extendido por toda California, especialmente en comunidades diversificadas. Los programas surgieron por primera vez a fines de la década de 1980, cuando las tasas de criminalidad estaban aumentando. Entonces eran vistos como una forma efectiva de apuntar la aplicación de la ley hacia focos de delitos, como complejos de apartamentos específicos.
Un manual de capacitación práctico fue desarrollado por primera vez en 1992 por un oficial de policía de Mesa, Arizona, quien luego fundó una organización, International Crime Free Association, para promover las políticas. Las pautas iban desde consejos de jardinería hasta explicaciones detalladas sobre el desalojo. La policía recomendaba a los propietarios que aumentaran la iluminación y mantuvieran los árboles bien podados. Y los oficiales también les mostraban cómo realizar verificaciones de antecedentes penales y desalojos por la vía rápida, insertando términos de arrendamiento anticrimen en los contratos de locación.
Algunas ciudades promulgaron leyes que van más allá de lo que recomienda el manual. Una forma ha sido otorgar a la policía y a los funcionarios la autoridad para multar a los propietarios y presionarlos para que desalojen a los inquilinos, generalmente después de incidentes relacionados con drogas o armas. Hoy en día, casi 2.000 ciudades en Estados Unidos y en otros lugares tienen políticas de vivienda libres de delitos, según una estimación de la International Crime Free Association.
Los esfuerzos siguieron avanzando incluso cuando las tasas de criminalidad se estabilizaron o descendieron durante las últimas tres décadas. Al igual que en Antioquía, algunas zonas con poblaciones negras y latinas en aumento llevaron a cabo campañas de vivienda libre de delitos marcadas por una retórica racista velada y propaganda del miedo.
En el suburbio de Lancaster, en Los Ángeles, que ha experimentado el mayor aumento de residentes negros en California desde 1990, los líderes de la ciudad se unieron a los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles para tomar medidas enérgicas contra los poseedores de vales -predominantemente negros- de la Sección 8.
Con las armas desenfundadas y ataviados con las armaduras del equipo SWAT, los agentes aparecían en las puertas de los inquilinos para unas supuestas visitas administrativas de conformidad.
En 2008, Lancaster tomó más medidas y aprobó una ley de vivienda libre de delitos que amenazaba a los propietarios con multas si no desalojaban a los inquilinos después de más de cinco llamados de la policía a un complejo de apartamentos.
La Asociación Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color demandó por la ley y prácticas similares en Lancaster y la vecina Palmdale, lo cual provocó la investigación del Departamento de Justicia.
Los funcionarios federales concluyeron que la policía estaba motivada por creencias racistas y sin fundamento, de que los inquilinos negros que recibían asistencia de vivienda eran miembros de pandillas que llevaban el crimen al Valle del Antílope.
En otra ciudad, se promovió un programa de vivienda libre de delitos mediante un enorme vehículo similar a un tanque, durante eventos cívicos. Convertido en una valla publicitaria móvil con ofertas policiales en la ciudad de Hemet, en el condado de Riverside, el vehículo había sido utilizado anteriormente por el equipo SWAT del departamento.
Tal como en Antioquía, las ejecuciones hipotecarias habían sacudido duramente a Hemet. El título de un artículo de The Times de 2010 en el que se destacaban las quejas de los residentes decía que la ciudad había pasado “de una felicidad bucólica a ser un ‘gueto cerrado’”.
En ese momento, los delitos violentos en Hemet eran en realidad más bajos de lo que habían sido cinco años antes.
Lo que había cambiado era la demografía de Hemet. Desde 1990, la población había aumentado más del 100 por ciento, a 84.000, y el número de residentes negros crecido de menos de 300 a poco más de 6.000. La población latina se incrementó a más de 30.000 residentes.
Los problemas llegaron a un punto crítico en las reuniones del Concejo Municipal en el verano de 2012, convocadas en respuesta a grupos de Facebook que difundían rumores inexactos de que los funcionarios trasladaban a personas en libertad condicional a Hemet, según una noticia del Riverside Press-Enterprise. En el exterior de esas reuniones, vendedores ofrecían camisetas que decían “Take Back Hemet” (Recuperemos Hemet).
“Hemos arrastrado esta cuestión de tolerancia por 25 años”, afirmó el propietario de la empresa Don Digby en una reunión, después de señalar que el auto de uno de sus empleados había sido robado. “Y tenemos que volvernos intolerantes. Eso es lo que se necesita”. La multitud respondió con un aplauso sostenido.
La ley de vivienda libre de delitos fue aprobada por el Ayuntamiento poco después.
Un debate similar ocurrió años más tarde en Hesperia, otro suburbio del Inland Empire que había experimentado un fuerte aumento de la población negra y latina. A pesar de las advertencias de los grupos de vivienda justa, de propietarios y de la justicia penal de que su ordenanza de vivienda libre de delitos era ilegal, la ciudad siguió adelante.
El concejal Bill Holland señaló que el propósito de la norma era eliminar a los delincuentes externos de la misma manera que “se llamaría a un exterminador para matar cucarachas”.
El control fue severo. En un caso, una mujer y sus tres hijos fueron desalojados de su apartamento después de que ella llamó al 911 para informar que su esposo la estaba golpeando con un cable de televisión, según encontró una investigación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal.
Los inquilinos negros tenían casi cuatro veces más probabilidades que los blancos de ser desalojados según la ley de Hesperia, determinó la investigación.
En documentos judiciales, la ciudad y la policía negaron las acusaciones de discriminación racial del Departamento de Justicia.
Timothy Zehring, fundador de International Crime Free Association, se negó a ser entrevistado. El manual de Zehring, que todavía se usa ampliamente en California, enfatiza que la discriminación racial es ilegal. Pero también señala que aquellos con antecedentes penales no tienen protección especial bajo la ley federal, y legalmente pueden ser rechazados. Además advierte que una estrategia para evitar denuncias es que los propietarios tengan cuidado con lo que dicen al momento de seleccionar a sus inquilinos. “¡Se presentan demandas por discriminación cuando los encargados dicen demasiado!”, enfatiza el texto.
El manual también incluye referencias a los delincuentes como “mala hierba” y “el depredador urbano bípedo”. El logotipo de la asociación es el que Stewart vio en los edificios de apartamentos mientras buscaba en Riverside.
La habitación de Stewart en Lake Elsinore era tan pequeña que no tenía estufa. Cuando regresaba a casa para preparar la cena después de las clases en UC Riverside, Stewart freía pescado con una plancha para waffles.
Al final, Stewart, quien es negro, pudo ingresar a una vivienda para estudiantes. Pero cinco años después, cuando se graduó con una maestría en educación superior y administración de políticas, nuevamente encontró que su familia era bloqueada de apartamentos en Riverside debido a su condena por drogas de casi una década atrás.
Para entonces, Stewart y su esposa tenían un hijo pequeño, además de a su hija. Terminaron en un apartamento en ruinas en las afueras de la ciudad, antes de que una conexión laboral les encontrara un lugar mejor. Esa experiencia lo marcó tanto, que Stewart todavía guarda fotos en su teléfono celular de las ratas gigantes que atrapaba en el antiguo complejo. “Me convertí en hombre y comencé a cuidar de mi familia. Una de las cosas más difíciles ha sido la vivienda”, aseguró Stewart, ahora de 40 años, quien trabaja en una organización de reforma de la justicia penal. “No fue porque no tuviera el dinero. O no contara con buen crédito o me faltara educación. Fue por esa condena pasada”.
La escuela dedicada a enseñar a los niños sobre la sostenibilidad ambiental enfrentó problemas de delincuencia poco después de su apertura en el vecindario Harbor Gateway, de Los Ángeles, en 2013.
Al otro lado de la calle de Environmental Charter Middle School había edificios de apartamentos llenos de inquilinos que a menudo atacaban la escuela.
Los arrendatarios amenazaban a los niños con violencia y acosaban a las chicas, comentó Alison Díaz, entonces directora ejecutiva de la escuela. También irrumpían regularmente en las aulas. Una vez, durante el horario escolar, una bala perdida pegó contra el edificio y dejó una marca en su exterior.
Díaz acudió a la oficina del fiscal de la ciudad en busca de ayuda. En 2015, la ciudad ayudó a programar la venta de los apartamentos a través de uno de sus programas de vivienda libre de delitos, y luego controlaba a los nuevos propietarios. En un año, comentó Díaz, los problemas desaparecieron, lo cual brindó un inmenso alivio a los padres. “Querían que sus hijos estuvieran a salvo”, expuso. “Todo el mundo quiere que sus hijos estén seguros”.
Los partidarios de la vivienda libre de delitos señalan situaciones como estas como evidencia de que los programas funcionan. Las políticas, dicen, garantizan que todos los residentes, sin importar su origen racial, puedan vivir sin miedo a las drogas o la violencia.
Greg Jones, quien dirige el programa para el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, cuenta la historia de un complejo en la ciudad de San Bernardino que mejoró su sistema de seguridad, cortó los arbustos y reparó la iluminación. “Es un lugar más familiar”, expresó Jones. “Ahora hay más personas que quieren rentar allí porque es un entorno seguro”.
Jones calificó el programa como un ejemplo de vigilancia policial orientada a la comunidad que ayuda a identificar las circunstancias que llevan al crimen y el desorden.
Actualmente, los departamentos de policía de al menos 35 gobiernos locales de California, incluidos Fremont, Davis y San Diego, anuncian la formación de viviendas libres de delitos para los propietarios.
Otras 112 ciudades y condados en el estado, según la revisión de The Times de los códigos municipales, han aprobado versiones de normas de vivienda libres de delitos que permiten que la policía y quienes controlan los códigos urbanos sancionen a los propietarios y, a menudo, los insten a desalojar a los inquilinos, generalmente después de incidentes con pandillas o drogas. En el suburbio de Fairfield, en el Área de la Bahía, la ciudad puede multar a los dueños con hasta $1.000 por episodio si permiten que los arrendatarios consuman drogas o cometan actos de prostitución en un apartamento.
En Los Ángeles, los programas apuntan a propiedades que son refugios conocidos de delincuentes, aseguran los fiscales, como las que se encuentran cerca de la escuela secundaria en Harbor Gateway. Sin embargo, la aplicación de la ciudad de los esfuerzos de vivienda libre de delitos se concentra en ciertos vecindarios.
De los casi 100 casos presentados por la ciudad entre 2013 y 2018 bajo un programa, tres cuartas partes estaban en el sur de Los Ángeles, según una investigación de The Anti-Eviction Mapping Project, Los Ángeles.
Para Feuer, el procurador de la ciudad, la cantidad de casos en el sur de Los Ángeles refleja los graves peligros de la violencia de las pandillas y las drogas. Si la oficina del fiscal de la ciudad no tomaba medidas, dijo, podía ser acusada legítimamente de abandonar esos vecindarios.
El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino y la oficina fiscal de la ciudad de Los Ángeles proporcionaron evidencia anecdótica de que sus políticas resultaron en menos llamados a la policía en las propiedades donde se tomaron medidas. Ninguna de las agencias realizó un análisis para determinar la efectividad general de los programas, ni si tienen prejuicios raciales.
Poco después de asumir el cargo, en 2018, la concejal de la ciudad de Adelanto, Stevevonna Evans, se encontró con la ley de vivienda libre de delitos de la ciudad. Ella no podía creerlo. “El discurso es muy claro”, expuso Evans. “Si te acusan de un delito, eres desalojado”.
Temiendo que los residentes de Adelanto cayeran presa del tipo de prácticas perjudiciales que afectaban a la cercana Hesperia, Evans encabezó una campaña para deshacerse de la política. La ley fue derogada por el Ayuntamiento a principios de este año. “Espero que más ciudades sigan su ejemplo”, enfatizó Evans. “Es tan discriminatorio”.
Los funcionarios electos y las agencias reguladoras están llegando cada vez más a conclusiones similares. Pero los esfuerzos por revertir las políticas de vivienda libre de delitos no siempre dan como resultado cambios significativos.
En 2016, El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) recomendó que las ciudades derogaran sus programas de residencias libres de delitos para evitar infringir las leyes de vivienda justa. Hace dos años, los legisladores de California prohibieron la respuesta policial a la violencia doméstica o las llamadas médicas de emergencia como base para los desalojos.
En enero, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California prohibió las políticas que exigen los desalojos por actividades delictivas o molestas de base amplia. Las nuevas regulaciones también apuntan a las normas que impiden que los propietarios renten a personas con antecedentes penales.
Hasta ahora, el departamento no tomó medidas contra el programa de vivienda libre de delitos de ninguna ciudad.
Las reglas de Hesperia fueron renovadas antes de la demanda del Departamento de Justicia. El mes pasado, bajo la presión del HUD, el Ayuntamiento de Hemet derogó su ley de residencia libre de delitos. Los miembros del consejo estaban molestos porque el gobierno federal los había forzado, pero también expresaron alarma al revisar la política. “Si tuviera que hacer algunas de las cosas que se enumeran en estas ordenanzas, perdería mi licencia y posiblemente iría a prisión”, comentó el concejal de Hemet Michael Perciful, quien también es corredor de bienes raíces.
Sin embargo, las políticas siguen extendiéndose. Una de las más recientes está en Canyon Lake, un suburbio de Inland Empire y, con 11.000 habitantes, una de las comunidades cerradas más grandes del país. La norma de Canyon Lake, aprobada en enero pasado, establece que los propietarios deben incluir una disposición en el contrato de arrendamiento que establezca que cualquier actividad criminal, dentro o fuera de la propiedad, es motivo de desalojo.
Según Evans, la concejal de Adelanto, otra razón por la que presionó tanto para derogar la ley de la ciudad fue que sabía que el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino seguiría ofreciendo capacitación voluntaria para los propietarios que lo desearan.
Sin embargo, los cambios no llegan lo suficientemente lejos para algunas personas cuyos antecedentes penales dificultaron su búsqueda de una vivienda digna.
Hace tres años, Domingo Núñez fue liberado de la cárcel, luego de un par de décadas de entrar y salir por delitos graves de robo de autos y otros. Encontró trabajo reparando electrodomésticos y ahora tiene suficiente dinero para rentar una vivienda para él, su pareja y sus tres hijos -los dos más pequeños tienen autismo-. Pero su búsqueda de un hogar en Hesperia, Adelanto y comunidades vecinas ha estado plagada de rechazos.
“Cuando llegas a estos lugares, te dicen: ‘Sin antecedentes penales, sin antecedentes penales’”, expuso Núñez, de 43 años de edad. “Yo digo: ‘¿Qué diablos es eso?’ Y me responden: ‘Si tiene antecedentes penales, no podemos alquilarle’”.
Núñez acabó en un dúplex en Adelanto. Pero el lugar está lleno de moho y tuvo que tirar algunos muebles de su sala y dormitorio debido a las chinches.
Algunas veces, el tanque séptico se desborda, lo cual obliga a la familia a pernoctar en hoteles durante semanas. Él no renuncia a la búsqueda de un nuevo hogar. “Tiene que haber algo mejor”, expresó Núñez, quien es mexicoamericano. “Mis hijos merecen más. Estos pequeños con necesidades especiales se merecen un lugar mejor, y yo no puedo dárselos”.
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