Las cárceles de California han liberado a miles en un mundo cambiado por el coronavirus
Una mirada a cómo las cárceles de California están enfrentando la pandemia, y cómo los que son liberados de la custodia se enfrentan a nuevos desafíos.
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En poco tiempo, la pandemia de coronavirus ha dado paso a una reducción histórica y abrumadora de las prisiones y cárceles superpobladas de California, ya que los funcionarios han disminuido drásticamente el número de personas detenidas para evitar brotes mortales.
Los datos estatales muestran que las cárceles de California han liberado a unos 3.500 reclusos, mientras que la población diaria de la cárcel en 58 condados ha disminuido en 20.000 desde fines de febrero.
El éxodo está teniendo un efecto profundo y aún en evolución: los que dejan la custodia ingresan a un mundo muy diferente en el que una economía colapsada, las escasas oportunidades laborales y el cierre de muchas oficinas gubernamentales han agravado los desafíos de volver a encarrilar sus vidas.
Los programas de reinserción están luchando para satisfacer el diluvio de los reclusos entrantes, ya que la enfermedad los ha obligado a cerrar refugios y atender a menos personas.
“La gente está saliendo continuamente... ¿A dónde van esas personas?”, dijo Jay Jordan, director ejecutivo de Californians For Safety & Justice, un grupo sin fines de lucro por la reforma de justicia penal. “El setenta y cinco por ciento de los individuos que salen de prisión en este momento no tienen ningún plan ni lugar a donde ir”.
Algunos de los liberados de las cárceles, sin saberlo, portan el nuevo coronavirus, lo que potencialmente infecta a la familia, los amigos y la comunidad. Los defensores dicen que muchos corren el riesgo de quedarse sin hogar cuando los carceleros no los conectan a los servicios.
Otros han aprovechado la pandemia para cometer más delitos, en algunos casos a las pocas horas de salir de la cárcel. Los líderes de las fuerzas del orden y muchos fiscales de distrito ven una amenaza cada vez más intensa de seguridad pública planteada por la liberación masiva, así como un pisoteo de los derechos de las víctimas de delitos.
“Hubo un enfoque único para todos que fue realmente difícil de entender”, señaló el sheriff Ian Parkinson, del condado de San Luis Obispo, donde ningún personal de la cárcel o reclusos han contraído el virus. “Ahora estoy sacando gente a la calle que un juez podría no liberar”.
“Sería muy difícil si no hiciéramos nada”
En un día típico, todavía hay poco más de 50.000 personas en el grupo de cárceles de California y 116.000 en las cárceles estatales.
Las liberaciones se lograron a través de un conjunto de medidas, casi todas las cuales han generado controversia, incluida la reducción de la fianza para algunos y la liberación anticipada para aquellos que saldrán dentro de los 60 días. Otros en espera de juicio obtuvieron la libertad a través de la aprobación de fiscales, defensores públicos y jueces, un proceso que resultó en la salida de unas 700 personas en el condado de Los Ángeles. Dichas medidas han llevado a las cárceles del condado de Los Ángeles, el sistema más grande de la nación, de una población previa a la pandemia de 17.000 a menos de 12.000.
“Sería muy difícil si no hiciéramos nada y dejáramos dentro a los 17.000 reclusos para contener la propagación de esta enfermedad”, manifestó la fiscal Jackie Lacey.
Quizá lo más controvertido, que el Consejo Judicial del estado ordenó una fianza de cero el mes pasado por delitos menores y delitos graves de bajo nivel.
El alto riesgo de infecciones en entornos institucionales, como los hogares de ancianos, han provocado decisiones informadas para reducir las poblaciones carcelarias y penitenciarias.
Se han confirmado los temores de brotes generalizados: en la prisión federal de Terminal Island, unos 700 reclusos dieron positivo por el coronavirus y ocho murieron. Más de 900 presos en una prisión federal en Lompoc contrajeron el virus, el peor brote en el sistema penitenciario federal. Cinco fallecieron en la prisión de hombres en Chino, donde 443 internos dieron positivo por el virus.
El Dr. Mark Malek, ex director de control de infecciones y epidemiología del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, dijo que las cárceles se enfrentan constantemente a enfermedades infecciosas, pero el COVID-19 plantea amenazas particulares.
“El distanciamiento social se puede hacer hasta cierto punto, pero no puedes llevar a 100 personas a un dormitorio y ponerlas en cuarentena por separado. Tienes que mantenerlos en cuarentena en el dormitorio”, expuso Malek. “Y no estamos tratando con una población sana que está 100% en condiciones perfectas aquí”.
“¿Quién contesta el teléfono?”
Edward Harris, cuyo registro incluye condenas por violencia doméstica y por posesión de un arma de fuego, tenía previsto salir de la Prisión Estatal de Centinela en el desierto del condado Imperial a fines de mayo cuando un oficial de libertad condicional le dijo: “Vas a irte rápido”, ve a empacar.
Estaba entre los 3.500 reclusos a los que el gobernador Gavin Newsom aceleró su liberación. Pero en lugar de irse a casa, una antigua orden judicial hizo que lo transfirieran al sistema carcelario del condado de Riverside, que también estaba experimentando un brote.
Finalmente fue liberado la noche del 9 de abril, pero no tenía a dónde ir. Su familia se estaba refugiando en Texas, y él no sabía si podía comunicarse con algún amigo cercano.
“Tienen un teléfono allí que puedes usar, pero es una llamada por cobrar desde un teléfono público”, dijo Harris, de 35 años, en una entrevista. “Aquí son como las 10 de la noche, ¿quién contesta el teléfono con una llamada por cobrar a esas horas?”.
Un salvavidas llegó en forma de un número de teléfono escrito en una nota de su compañero de celda que lo conectó con el grupo de Jordan, que ha pagado por su habitación de hotel.
Los defensores y los proveedores de servicios en todo el estado han informado una falta similar de planificación sobre la avalancha de liberaciones tempranas. Susan Burton, fundadora del programa de reinserción, A New Way of Life, dijo que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se negó a coordinar las liberaciones de la cárcel de mujeres.
El mes pasado, aproximadamente una hora antes de que Burton se dispusiera a recoger a una mujer elegible para ser liberada debido a una afección médica preexistente, el Departamento del Sheriff llamó y le dijo que no viniera. Burton comentó que no sabe dónde terminó la mujer.
“Sentí que era realmente doloroso que preferían liberar a la persona en lugar de tener un lugar designado para que esta mujer se refugiara de forma segura”, manifestó Burton, quien abrió una casa con nueve camas para prepararse por el aumento de las liberaciones tempranas.
Los desafíos persisten incluso cuando las cárceles se coordinan con los grupos de reinserción. Cuando el condado de Santa Clara se convirtió en uno de los primeros focos de brotes, el Departamento del Sheriff le pidió a uno de los refugios locales más grandes, Home First, que esperara una afluencia de 200 a 300 reclusos. La organización tuvo que rechazarlos.
Andrea Urton, directora ejecutiva del refugio Milpitas, expuso que tenía que tomar la difícil decisión de proteger a quienes ya están bajo su cuidado de posibles infecciones.
“Sentimos que necesitábamos tomar la decisión porque si llenábamos las instalaciones a su capacidad máxima... tendríamos un brote en nuestros refugios para personas sin hogar”, dijo Urton.
En el condado de Los Ángeles, Homeboy Industries tuvo que cerrar temporalmente sus puertas a mediados de marzo debido a dolores de cabeza financieros y restricciones de distanciamiento, justo cuando la cercana Cárcel Central de Hombres estaba liberando decenas de presos.
“Vemos a los muchachos que vienen de la cárcel del Condado”, reveló el director ejecutivo asociado Héctor Verdugo. “Y decimos: ‘Lo siento hermano, pero nuestras puertas están cerradas por ahora debido al COVID-19, pero aquí hay un paquete de información’”.
Los proveedores de reinserción en todo el estado dijeron que el hecho de que algunas cárceles no guíen a los que están siendo liberados hacia una vivienda de transición podría alentar que vuelvan a delinquir. Muchos ex delincuentes no tenían hogares a los que ir antes de la pandemia, y con las opciones de refugio y empleo más limitadas ahora, algunos quizá terminarían robando para sobrevivir.
“Están liberando personas... que no tienen a dónde ir. Luego, los departamentos del sheriff se ponen a decir que estos individuos cometerán delitos”, señaló Jordan. “¿Qué tan inhumano es eso?”
En el condado de Los Ángeles, la Office of Diversion and Reentry generalmente ayuda a los reclusos con enfermedades mentales o problemas de abuso de sustancias a encontrar vivienda, pero el coronavirus ha forzado una nueva estrategia.
“Disminuimos nuestro trabajo en la corte y cambiamos los recursos para abordar la cantidad de personas liberadas de la cárcel”, dijo Peter Espinoza, un juez retirado de la Corte Superior que ahora dirige la oficina. Espinoza señaló que agregaron 211 camas en nuevos sitios de refugio, y encontraron viviendas para más de 170 presos en un período de dos semanas.
Agregó que los reclusos en el condado de Los Ángeles generalmente no están siendo examinados para detectar el COVID-19 antes de su liberación, a menos que presenten síntomas y muchos proveedores de servicios ahora intentan detectar síntomas cuando llegan.
El caso de Frank Cooper subraya los riesgos de los reclusos como una línea para propagar el virus. Estaba previsto que Cooper fuera liberado de la cárcel del condado de Riverside en noviembre, pero fue puesto en libertad el 24 de abril para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Al salir, el personal de la cárcel usó guantes y mascarillas, y puso sus pertenencias personales en una bolsa marcada “COVID”.
Cooper estaba confundido: no estaba enfermo y ni siquiera había sido examinado. Pero un agente que lo llevó a la cárcel del condado en Banning para que lo liberaran dijo que las medidas eran necesarias porque su dormitorio estaba en cuarentena. Antes de irse, una enfermera tomó su signo vital.
Los funcionarios del condado de Riverside aún no le han dado oficialmente sus resultados. Cooper buscó su propia prueba y se enteró el 2 de mayo de que era positivo para el coronavirus.
“Es sólo porque soy enfermera y tomé algunas precauciones”, manifestó su esposa, Jackie Cooper. “Si no lo fuera, lo hubiera recogido sin mascarilla, lo besaría, lo abrazaría... podría haber sido un escenario diferente”.
“Había previsto comenzar mi vida nuevamente”
Una vez afuera, el cierre de empresas y servicios gubernamentales plantea obstáculos diarios. Ángela Hernández, de 38 años, salió de la cárcel el 19 de marzo, el día en que Newsom anunció una orden de refugio en el hogar. Se aseguró un lugar en una de las casas de reingreso de Burton en Los Ángeles, pero necesitaba regresar a Bakersfield para un registro de libertad condicional y temía que al viajar en autobús corriera el riesgo de exponerse al virus.
“No quería ponerme en una mala situación, pero tampoco deseaba esperar”, manifestó Hernández.
Burton dijo que terminó llevando a Hernández a Bakersfield. Cuando llegaron, relató Burton, el oficial de libertad condicional no estaba allí. Se registró y completó algunos documentos, terminando un viaje que ambos vieron como innecesario.
Después de casi 11 años en la prisión estatal, Sureka Weinberg, de 42 años, fue liberada el 17 de abril y entró en un programa residencial de South Los Ángeles.
El DMV está cerrado, por lo que Weinberg no puede obtener una nueva tarjeta de identificación. Ella no sabe dónde está su tarjeta de Seguro Social, no puede abrir una cuenta bancaria y no tiene un historial de crédito.
“Había previsto comenzar a vivir mi vida nuevamente”, dijo Weinberg, quien según los registros públicos era abogada antes del fatal accidente de DUI que la llevó a la cárcel. “No nada más no tengo la capacidad de hacer eso, sino que soy anónima en lo que respecta a la sociedad”.
Weinberg dijo que pasa su nueva libertad estudiando en línea, completando reuniones de Alcohólicos Anónimos a través de Zoom y realizando tareas domésticas.
“Histeria masiva” para vaciar cárceles y prisiones
Las agencias policiales se han apresurado a señalar a los reincidentes. El condado de Alameda ha liberado a casi 1.000 presos desde el 15 de marzo y unos 30 han sido arrestados nuevamente, reveló el sargento Ray Kelly.
Entre ellos estaba Rocky Music, cuyas acciones se detallaron en la página de Facebook del Departamento del Sheriff. Music fue detenido por primera vez el 19 de abril por la policía de Oakland bajo sospecha de conducir un vehículo robado. Doce horas después, fue liberado debido a la orden de libertad bajo fianza.
Kelly señaló que 37 minutos más tarde, supuestamente robó a alguien cerca de una estación de tránsito en Dublín, y condujo el automóvil a una estación de servicio de San Ramón, donde intentó robar un segundo vehículo. La policía respondió, persiguió a Music y finalmente lo detuvo usando un perro policía, dijo Kelly.
“Hubo una histeria masiva por la liberación de presos por el COVID-19, y en nuestro condado se ha demostrado que no se basa en hechos o pruebas científicas, sino en el miedo”, manifestó Kelly.
La población carcelaria del condado de Alameda pasó de un promedio pre-pandémico de 2.600 a unas 1.775 personas. Más de 50 reclusos y dos miembros del personal han dado positivo por el coronavirus, y todos menos 14 reclusos actuales se han recuperado.
Sin embargo, Kelly admitió que “ayudó enormemente” que menos personas estuvieran bajo custodia y que se pudiera implementar el distanciamiento social, especialmente en el gran dormitorio que alberga prisioneros de seguridad mínima.
En el condado de San Luis Obispo, el sheriff Parkinson dijo que su agencia adoptó “una postura bastante agresiva” sobre el coronavirus: los nuevos reclusos permanecen en un área de cuarentena durante 14 días antes de ingresar a la población general. El personal usa mascarillas, y los oficiales del sheriff y los presos reciben controles periódicos de temperatura. Los 10 reclusos evaluados tuvieron resultados negativos.
Parkinson destacó que sus agentes suministran a todos los liberados con Narcan, un medicamento recetado para tratar las sobredosis de opioides. El personal de la cárcel intenta proporcionar medicinas por varios días, pero la fianza cero ha limitado su capacidad de obtener un historial médico preciso cuando los arrestados son liberados rápidamente, expuso.
El fiscal del condado de San Luis Obispo, Dan Dow, señaló que los delincuentes reincidentes enfrentan pocas consecuencias, con los juicios penales suspendidos y la fianza por muchos delitos no violentos que se han eliminado.
“La fianza está ahí para asegurarse de que una persona tenga un incentivo para ir a la corte y permanecer libre de delitos”, dijo Dow. “Simplemente soltándolos en libertad bajo fianza, no tienen nada que perder”.
En un caso del condado de Orange, un hombre acusado de homicidio vehicular en relación con un accidente automovilístico que dejó a dos personas muertas vio caer su fianza de $100.000 a $20.000. El hombre fue liberado el mes pasado, reveló el fiscal Todd Spitzer.
“Llega un punto en el que hay que sopesar que el preso podría contraer una enfermedad en particular, o que salga de la cárcel, que todos podríamos sacarlo de la cárcel, en contra de la seguridad pública y la propensión a que estas personas puedan cometer delitos contra otro individuo”, expuso Spitzer.
Otros argumentan que el sistema de justicia penal de California ha encarcelado durante mucho tiempo a una gran cantidad de individuos por delitos menores y agradecen las liberaciones.
El fiscal de San Francisco, Chesa Boudin, ex defensor público y defensor de políticas policiales más progresistas, dijo que entre las primeras liberaciones había una mujer con un embarazo de alto riesgo y sin antecedentes penales que cumplía condena por un delito menor, así como otra persona demasiado enferma mentalmente para soportar el juicio.
El aumento en las liberaciones destaca la necesidad de financiar más programas de rehabilitación, destacó.
“Una de las grandes fallas del sistema estadounidense de encarcelamiento masivo es su negativa a invertir en la reinserción... Ayuda a crear y perpetuar un ciclo de crimen y violencia, de pobreza y victimización”, consideró Boudin. “Es posible disminuir el número de personas en nuestras cárceles de una manera que no afecte la seguridad pública y no conduzca a un aumento de la delincuencia”.
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