El escándalo de LAPD abre una ventana a la base de datos secreta sobre las pandillas de California

Brian Allen no se sorprendió cuando escuchó recientemente que los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles pudieron haber fabricado pruebas para catalogar a personas como miembros de pandillas.

De hecho, cree que eso le sucedió a él, cuando terminó mencionado en CalGang, la base de datos estatal secreta con información de agrupaciones callejeras criminales y sus presuntos equipos, que se encuentra en pleno y polémico proceso de reforma.

En junio, después de una pelea de dos años que terminó frente a un juez de la Corte Superior, el procurador de la ciudad de Los Ángeles acordó retirar a Allen de la lista de pandillas, reconociendo en los documentos de la corte que había sido agregado únicamente con base a una sola entrevista realizada por agentes, que lo habían detenido en el tránsito en 2017 mientras conducía hacia su casa por el sur de Los Ángeles, información que Allen consideró “sin evidencia, todo especulación”.

Mientras Allen aparecía en CalGang, a menudo se preocupaba por las consecuencias de ello; que si “no usaba la luz de giro o no me detenía en una señal de alto, simplemente algo pequeño pudiera convertirse en algo grande”, expuso.

“Durante los dos años que estuve [mencionado] allí, me sentí probablemente como el 90% de los otros muchachos negros estadounidenses de los vecindarios; como si a la policía no le importara. Como si fuera una trampa”, afirmó Allen recientemente.

El Departamento de Justicia del estado lleva dos años trabajando para mejorar CalGang y evitar casos como los de Allen y otras identificaciones cuestionables recientemente descubiertas en LAPD. Pero algunos temen que la muy necesaria revisión esté en riesgo, cuando el procurador general Xavier Becerra señaló, el mes pasado, que podría dar marcha atrás con los cambios esperados.

Hacerlo, afirman los críticos, dejaría demasiada libertad en manos de la policía local cuando se trata de decidir quién pertenece a una pandilla.

El actual escándalo de LAPD, en el que se sospecha que al menos 20 oficiales falsificaron información y la usaron para catalogar a personas como miembros de pandillas, probablemente jugará un papel central mientras Becerra trabaja para finalizar las reformas, este verano. La cuestión llega al corazón de una pregunta que divide a las fuerzas del orden de los miembros de la comunidad cuando se trata de CalGang: ¿cuánta confianza se debe otorgar a un sistema que es, en gran medida, inmune al escrutinio público?

La policía ha rechazado el miedo de los críticos a las incorporaciones injustas como un rumor sin evidencia; hasta ahora. Desde que la investigación sobre LAPD brindó una visión sin precedentes de cómo funciona la base de datos celosamente protegida, la conversación está cambiando.

La investigación de LAPD “realmente es el motor de refuerzo para confirmar que esto debe ser reformado, y no de una manera superficial sino significativa”, destacó Jorja Leap, experta en pandillas en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA.

CalGang fue descrita como un “archivador electrónico” que contiene información sobre presuntos miembros de pandillas y aquellos vinculados, lo cual actualmente permite la inclusión de personas como novias o familiares. El sistema precursor comenzó en los años 80 en Los Ángeles, cuando el condado pugnaba por detener la creciente violencia relacionada con esos grupos. Con el correr de las décadas, este creció en sofisticación y alcance, y ahora brinda a las fuerzas del orden público de California una forma rápida de rastrear a decenas de miles de presuntos delincuentes en todas las jurisdicciones, no sólo por su nombre, sino por la inteligencia que los oficiales recopilan en entrevistas de campo e investigaciones, como tatuajes, apodos, autos y personas vinculadas.

El público no tiene acceso a CalGang. Sólo las fuerzas del orden aprobadas pueden ver los más de 88.000 registros que contiene, incluso para verificar su exactitud.

Utilizando evidencia anecdótica como la experiencia de Allen, los críticos del sistema argumentaron que, conforme las reglas actuales, los oficiales con exceso de entusiasmo pueden usar cualquier cosa -desde una camiseta deportiva hasta una conversación informal con un miembro de una pandilla- como prueba de que un individuo debe ser incluido en CalGang. Por el hecho de que las agencias no están obligadas a compartir qué evidencia usaron -incluso cuando una persona va a la corte para pelear contra su inclusión en el listado, como a veces es necesario para la eliminación definitiva- quienes están en CalGang a menudo no tienen idea de qué provocó su inclusión. Para quienes no pertenecen a agencias del orden, ha sido casi imposible medir la integridad del proceso.

Las preocupaciones sobre CalGang se remontan a una cáustica auditoría estatal de 2016, que descubrió que la base de datos carecía de supervisión, y que algunas de las agencias que ingresan a los presuntos pandilleros, incluida la Policía de Los Ángeles, no podían justificar sus decisiones. Los auditores encontraron registros de niños que tenían tan sólo un año de edad cuando sus nombres fueron agregados, lo cual llevó a la Legislatura, en 2017, a poner la base de datos bajo el dominio del fiscal general y exigir nuevas reglas para su uso. Hasta entonces, había funcionado sin supervisión estatal.

Aunque Becerra auditó los registros existentes en el sistema, purgando miles de nombres, se agregaron miles más mientras se debaten las nuevas pautas.

La oficina del procurador señaló mediante un correo electrónico que “se compromete a garantizar los derechos de privacidad de las personas y que los individuos no sean designados erróneamente como miembros en ninguna base de datos de inteligencia de pandillas compartida en California. Nos comprometemos a responsabilizar a los departamentos y a los oficiales que han usado mal el sistema”.

La oficina no respondió a una pregunta directa sobre los retrocesos de las reformas propuestas, pero publicó un razonamiento detallado para cada cambio con el último borrador.

El verano pasado, Becerra dio a conocer un boceto de pautas que endurecía los criterios que la policía podía usar al etiquetar a alguien como miembro de una pandilla. Algunos expertos legales afirmaron que esas reglas originales sugeridas habrían abordado los temores de que la base de datos apunte injustamente a las personas por su raza y nivel económico.

Actualmente, las fuerzas del orden pueden usar información como la ropa que alguien lleva puesta, el vecindario donde la policía los encuentra o la identificación como pandilleros por fuentes “confiables”, para agregar a un individuo a CalGang. Sólo dos o tres de los ocho criterios posibles deben documentarse, según las circunstancias.

Cuando Becerra sugirió recortar las razones por las que una persona podría ser agregada, los miembros de la policía de todo el estado se opusieron. “Las reglas ya eran lo suficientemente restrictivas”, indicó Jack Schaeffer, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San Diego, y detective especialista en pandillas durante 12 años. “El objetivo es estar seguros de que hacemos un seguimiento de los depredadores más violentos que existen... Cuando se limita lo que se puede usar, eso lo hace aún más difícil”.

El último borrador, subrayaron los miembros de la policía, es menos una revocación que una recalibración necesaria. El proceso crea nuevas restricciones, que incluyen más revisiones internas antes de que alguien sea agregado a CalGang, y también muestra una comprensión del rol que juega la base de datos en la lucha contra el crimen callejero.

Para Schaeffer, dejar categorías amplias para identificar a los pandilleros es esencial, porque estas agrupaciones se han vuelto más pragmáticas para evadir investigaciones.

“En los años 80, [la identificación] era muy fácil porque todos estaban parados en las esquinas, haciendo señas de pandillas”, afirmó Schaeffer. “Pero ahora son un poco más inteligentes”.

Algunos funcionarios del orden sostienen que incluso las restricciones que permanecen en la propuesta actual son demasiado exactas, y presentan un riesgo tanto para la seguridad pública como para los funcionarios. “El conocimiento es poder”, expresó Robert Harris, director de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales.

Si bien su organización está comprometida con tener reglas justas para CalGang, agregó, los cambios en el borrador actual “socavarían la capacidad de [las fuerzas del orden público] de ingresar información precisa o mantenerla actualizada y relevante”.

Los críticos de las últimas regulaciones propuestas señalan que estas carecen de sustancia porque dejan lagunas legales que permiten a la policía seguir agregando personas a CalGang por las mismas razones subjetivas que tenían en el pasado, y confían en la autovigilancia de las mismas autoridades para garantizar la precisión.

“La prueba que debería aplicar el fiscal general y el Departamento de Justicia es si estas regulaciones hubieran captado este escándalo [del LAPD]”, mencionó Sean García-Leys, abogado de Urban Peace Institute, con sede en Los Ángeles, quien representó a personas que intentan ser removidos de CalGang. “El borrador más sólido no lo hubiese hecho”.

El escándalo actual de LAPD en torno a la identificación de pandillas comenzó a principios del año pasado, cuando una madre de Van Nuys se quejó de que su hijo adolescente había sido agregado erróneamente a CalGang después de una entrevista de campo con oficiales. Los supervisores de la policía revisaron las imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados y descubrieron que no coincidían con sus afirmaciones, lo cual derivó en una investigación interna ampliada y una medida reciente del jefe de la policía de L.A., Michel Moore, para despedir a uno de los oficiales involucrados.

LAPD utiliza CalGang más que cualquier otra agencia de aplicación de la ley en el estado. Desde el 1º de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, el período cubierto por un informe de la oficina del procurador general, fue responsable de 20.583 registros, más del 20% de los listados en la base de datos. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles tuvo el segundo conteo más alto, con el 17% del total de registros.

Melanie Ochoa, abogada del personal de ACLU, consideró que el problema de permitir criterios subjetivos, como la ropa o el lugar donde la policía ve a una persona, es que pueden ser discriminatorios y abiertos al abuso. En 2018, más del 90% de los individuos citados en la base de datos eran hombres de color, predominantemente latinos y negros, según datos del Departamento de Justicia de California. “No importa cuán buenas sean las regulaciones, siempre habrá oficiales que tratarán de subvertirlas de alguna manera”, consideró Ochoa. Por ejemplo, la policía podría entender que ser visto en “direcciones vinculadas con pandillas” incluye mercados locales o intersecciones, precisó. “Barrios enteros están siendo incluidos. Es un código para criminalizar lugares donde vive gente negra y latina”, consideró.

Los grupos de defensa también criticaron a CalGang por ser demasiado difícil salir del listado, a pesar de un nuevo proceso implementado con la legislación de 2017. Los individuos pueden solicitar su remoción mediante la agencia del orden que los incluyó o, si la solicitud es denegada, pedir al Tribunal Superior de California que ordene a la agencia el retiro de sus datos.

Pero García-Leys y otros destacaron que el proceso puede ser costoso y lento, y con pocas garantías de éxito. Según los defensores hay poca uniformidad, ya sea con los tribunales o las agencias del orden, en lo que respecta al proceso de eliminación, y muchos de los que están en CalGang ni siquiera lo saben o no pueden superar la burocracia de la eliminación.

Según el informe de la procuraduría general, sólo se hicieron 53 solicitudes de remoción a las agencias policiales, de los más de 88.000 registros que había en la base de datos desde el 1º de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y LAPD tuvieron el mayor número de pedidos. Si bien el condado de San Bernardino otorgó tres de 18, LAPD negó las 15 que recibió.

Pero a medida que crece el debate sobre CalGang, también aumenta su uso.

El 2 de noviembre del año pasado, Daeron Funtila, de 29 años, fue detenido en su vecindario, cerca de las avenidas Vernon y Western, con su hijo de siete años de edad en el automóvil. El hombre, que es mecánico de automóviles, recibió una advertencia por exceso de velocidad, pero semanas después del incidente le llegó una carta como la de Allen: había sido agregado a CalGang.

A Funtila, que fue liberado de prisión en 2017, ahora le preocupa que la designación de pandillero lo convierta en un objetivo de las autoridades. “Desde que salí de la cárcel, terminé mi libertad condicional e hice todo lo que tenía que hacer para ser un ciudadano modelo”, aseguró. “Las personas que ni siquiera me conocen, que no tienen idea de mí, simplemente pueden etiquetarme. Y eso permanece”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí