L.A. suspende a Uber por negarse a compartir datos en tiempo real de sus bicicletas y monopatines eléctricos
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Tras meses de conflicto acerca de una controvertida política de intercambio de datos, Los Ángeles suspendió temporalmente el permiso de Uber para rentar monopatines y bicicletas eléctricos en las calles y aceras de la ciudad.
La filial de la compañía, Jump, debe apelar la decisión antes del viernes o retirarse de la ciudad, le aclaró el Departamento de Transporte a la empresa en una carta, la semana pasada. Por ahora, los clientes aún pueden rentar las bicicletas y los monopatines eléctricos a través de la aplicación Jump.
La startup de San Francisco anunció que Uber hizo una “inversión considerable” en la compañía como parte de una ronda de financiación de $335 millones, y que los clientes de Uber pronto podrán alquilar un patinete eléctrico de Lime a través de la aplicación de Uber.
En respuesta, Uber amenazó también por carta con demandar a la ciudad por la suspensión “evidentemente injusta e inapropiada”. El documento también cuestionó la validez del “proceso de revisión administrativa a última hora”, que la ciudad creó el mes pasado.
“Todas las demás compañías que tienen permiso en Los Ángeles están siguiendo las reglas”, dijo la portavoz del Departamento de Transporte, Connie Llanos. “Esperamos poder trabajar con Uber para lograr que las cumplan también”.
La suspensión le sigue a meses de tensión e intentos fallidos de compromiso entre Uber y la ciudad sobre una regla de intercambio de datos en el programa piloto -con permiso por un año- en Los Ángeles. Las compañías deben transmitir datos en tiempo real de todos los viajes realizados dentro de la ciudad, incluidos el punto de inicio, el destino y el tiempo del recorrido.
Santa Mónica y Beverly Hills son algunas de las ciudades donde su e-scooter puede ser desacelerado o detenido usando una tecnología llamada geofencing.
Uber se resistió a cumplir con esa regla durante meses, argumentando, con el respaldo de varias organizaciones de privacidad de datos, que la política de la ciudad constituye una vigilancia gubernamental. Con un análisis mínimo, dicen, la información podría revelar fácilmente dónde viven, trabajan, socializan o practican su fe las personas.
Los funcionarios de Los Ángeles consideran que los datos son necesarios para determinar qué empresas están incumpliendo las reglas del programa de permisos, incluyendo límites en la cantidad de vehículos y prohibiciones para recorrer ciertas áreas. También han argumentado que no se puede confiar en la autorregulación de las compañías.
Uber Technologies Inc. admitió el martes que los piratas informáticos robaron datos personales pertenecientes a 57 millones de clientes y conductores, hecho que ocultó durante más de un año.
Las ocho firmas con permisos para funcionar en Los Ángeles, incluidas Uber, Bird, Lime y Lyft, administran una flota de aproximadamente 32.000 monopatines y bicicletas, que registran aproximadamente un millón de viajes por mes.
La disputa destaca la falta de confianza entre las ciudades y las compañías de transporte, que generalmente se han mudado a nuevos mercados sin pedir permiso, sin trabajar con los funcionarios locales ni compartir detalles sobre sus operaciones.
Empresas como Uber “generan y recopilan cantidades enormes de datos personales y financieros”, mientras que la ciudad “no recopila información específica de los pasajeros individuales, más allá de la información del viaje”, explicitó Marcel Porras, director de sostenibilidad del Departamento de Transporte, en una carta dirigida a Uber la semana pasada.
Las políticas de intercambio de datos creadas en Los Ángeles ahora están supervisadas por una organización sin fines de lucro, la Open Mobility Foundation. Sus defensores esperan que las reglas sirvan como un marco para estandarizar la reciprocidad de información entre gobiernos y compañías de transporte.
El Departamento de Transporte ha instado a los reguladores de California a que adopten un marco similar para los viajes realizados en los automóviles de Uber y Lyft, que revelaría una gran cantidad de información sobre sus operaciones en todo el estado, datos que las ciudades ansían revisar con urgencia, pero que las compañías han guardado celosamente.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí
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