Victoria en bloqueo de mandato de encarcelar a los solicitantes de asilo

Líderes comunitarios celebran la decisión de un tribunal federal que bloquea una política que niega categóricamente las audiencias de fianzas para los solicitantes de asilo.

La política, anunciada el 16 de abril por el fiscal general William Barr, abría conservado a miles de solicitantes encerrados hasta que se solucionaran sus casos.

La American Civil Liberties Union, Northwest Immigrant Rights Project y el American Immigration Council desafiaron la política en la corte citando violaciones de la cláusula de debido proceso, la Ley de Inmigración Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Michael Tan, abogado principal de personal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU explica que el tribunal rechazó a la fuerza el intento de la administración de Donald Trump de encarcelar a los solicitantes de asilo sin concederles audiencia.

“Por más que quiera, la administración no puede eludir la Constitución en su esfuerzo por disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que solicitan protección”, dice Tan.

Aunque este mandato fue revocado por la corte, el problema sostienen los activistas, es que muchos agentes no harán caso de esta decisión porque ignoran los resultados o simplemente estan obedeciendo órdenes obsoletas. Esta orden específica habría entrado en acción este 16 de julio de no ser por su bloqueo.

Trina Realmuto, abogada directora del Consejo de Inmigración Estadounidense señala que la decisión del tribunal ayuda a muchos solicitantes de asilo contra los esfuerzos ilegales del fiscal general para mantenerlos encarcelados por tiempo indefinido.

La decisión “asegura de que tengan audiencias rápidas de bonos con las protecciones básicas del debido proceso”, agrega.

Se esperaba que el gobierno apele rápidamente la decisión, ya que la política mantendría entre 15,000 y 40,000 inmigrantes bajo custodia por seis meses o más sin requerir que el gobierno demuestre que sus detenciones están justificadas.

Durante los últimos 50 años, el gobierno ha otorgado audiencias de bonos de solicitantes de asilo ante jueces de inmigración en los que pueden argumentar que deberían ser liberados porque no son riesgos de fuga y no representan una amenaza para el público, dijeron los grupos de derechos de los inmigrantes a la corte. Eso les brinda a los solicitantes de asilo la oportunidad de reunirse con familiares, y de encontrar abogados para manejar sus solicitudes.