Arremeten contra propuesta que les quita a los niños indocumentados hogares subsidiados

Varios activistas pro inmigrantes y políticos se preparan para otra lucha contra la administración de Donald Trump, tras una proposición que busca evitar que las personas que se encuentran ilegalmente en el país, incluidos niños, reciban ayuda federal para la vivienda.

La propuesta está dirigida hacia 25.000 familias que ahora reciben dicha ayuda porque tienen un estatus “mixto”, lo que significa que al menos un miembro de la familia es indocumentado.

La desaprobación bipartidista sobre los recortes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) no se ha hecho esperar.

“Esta administración ha lanzado otro ataque en contra de las familias inmigrantes con esta malintencionada regla propuesta por HUD. Esta regla mal aconsejada es un castigo cruel e inusual para las familias con estatus de residencia mixto”, sostiene la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís.

Sostienen que la propuesta no sólo exacerbaría la crisis de la falta de vivienda, sino que también socavaría cualquier sentido de moralidad y decencia al obligar a muchas familias a dividirse mientras algunos miembros de la familia permanecen en sus hogares y otros quedarían sin hogar.

“El Condado de Los Ángeles no guardará silencio. Lucharemos contra esta propuesta y defenderemos y protegeremos a cada residente del Condado”, señala la supervisora.

Diane Yentel, presidenta y directora general de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas con Bajos Ingresos, califica la propuesta de cruel.

“La crueldad de esto es realmente impresionante y haría mucho daño a los niños y las familias, ¿y para qué?”, dice Yentel señalando que el análisis inusualmente franco de HUD concluye que el cambio supondría pocos beneficios para otras familias de bajos ingresos que esperan ayuda.

Un análisis de impacto realizado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que propuso la norma, reconoce que el cambio podría tener un efecto devastador. Se dice que 108 mil personas se verían afectadas. Alrededor del 70 por ciento de ellos son ciudadanos o residentes legales y tres cuartas partes de ellos, 55.000, son niños.

Kristen Clarke, presidenta del Comité de Abogados por los Derechos Civiles en virtud de la Ley, califica la propuesta de “tan mezquina e irracional como las otras posiciones políticas antiinmigrantes de la Administración Trump”.

Douglas Rice, analista de políticas del Centro de Presupuesto y Prioridades de Política, un grupo de expertos no partidistas, indica que la propuesta no hace nada para abordar la crisis de vivienda asequible que existe.

“De hecho, la regla eliminará la asistencia de un grupo de ciudadanos e inmigrantes elegibles de Estados Unidos y se la dará a otro. Así que realmente no hay ganancia neta”, agrega.

Por su parte Ben Carson, secretario de HUD, describió el cambio como una forma de ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos.

“Nuestra nación enfrenta desafíos de vivienda asequible y cientos de miles de ciudadanos han estado esperando por muchos años en listas de espera para obtener asistencia para la vivienda”, señala.