Activistas piden se investigue al Sheriff de Orange por supuesta corrupción dentro de las cárceles

Sucedió en el condado de Los Ángeles y ahora en el condado de Orange. Algunos activistas están pidiendo que a Sandra Hutchens, actual jefe de Sheriff de esta región, se le abra una investigación por supuesta corrupción.

La petición llega poco después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, pidiera que Hutchens renunciara a su puesto tras dar a conocer un reporte que encontró “violencia, abuso y condiciones poco sanitarias en el sistema de las cárceles del condado”.

Saúl Martínez, activista comunitario en Santa Ana, es uno de decenas de manifestantes que les piden a las autoridades una investigación a fondo.

“El abuso y la corrupción finalmente sale a la luz en el condado de Orange. Estamos tristes, frustrados y enojados por los abusos dentro de estos lugares. Así como cuando a Lee Baca, sheriff del condado de Los Ángeles le sacaron sus trapos sucios, ahora es el turno de Hutchens”, agrega Martínez.

Según al reporte de más de 100 páginas y entrevistas con más de 120 reos antiguos y actuales del sistema, “el Departamento del Sheriff y sus cárceles han estado llenos de controversia, denuncias de corrupción y abuso. Este no es un hallazgo reciente”, sostiene Esther Lim, directora de ACLU SoCal Jail Project.

El reporte describe “violencia ambiental, abuso, cuidado médico inadecuado, sobrepoblación persistente, condiciones poco sanitarias y entrenamiento inadecuado del personal en custodia, entre otras violaciones a las regulaciones del estado y la constitución”, dentro de las cinco cárceles.

ACLU se queja de que tanto el sheriff como la junta de supervisores “se han hecho los ciegos ante el abuso y la conducta inapropiada”, aparte de que ningún agente del sheriff ha enfrentado cargos formales en más de dos años por abuso a los reos.

Manuel Villegas, miembro del grupo Inmigrantes Unidos, los activistas no van descansar hasta que Hutchens responda ante una corte.

“Es muy fácil anunciar tu retiro y quererte lavar las manos de la suciedad que manejas, pero debes responder ante la justicia”, le dice Villegas a Hutchens.

Hutchens, quien empezó su carrera dentro del Sheriff del condado de Los Ángeles en 1976, ha dejado claro que planea retirarse de su puesto.

“Al final de mi término actual, abre invertido casi 40 años de mi vida reforzando la ley y más de 10 años como Sheriff del condado de Orange”, señala Hutchens en un comunicado publicado el martes, donde anuncia que no busca ser reelegida.

“Ha sido un honor y privilegio servir como sheriff y ni siquiera hubiera considerado retirarme si no hubiera otro candidato altamente calificados listo para servir”, añade.

Sin embargo, el mismo Departamento de Seguridad Nacional, donde Hutchens trabajó algún tiempo, también encontró en sus informes varios problemas dentro de las cárceles, entre ellos que a los reos se les servía comida echada a perder, teléfonos inservibles, baños con mojo y procedimientos fallidos de quejas.

Respecto a las quejas de ACLU, Hutchens insiste en que el reporte no tiene validez.

“Aunque los reclusos ciertamente tienen una perspectiva que ofrecer sobre nuestro sistema carcelario, el hecho de no incluir la perspectiva de la aplicación de la ley es un informe que sólo cuenta un lado de la historia”, dice la declaración de Hutchens, quien enfatiza que múltiples agencias reguladoras y La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, encontraron que las cinco instalaciones cumplen con las normas federales.

Tanto activistas como ACLU exigen que la Junta de Supervisores establezca un equipo especial para revisar la conducta de los agentes del sheriff en las cárceles, así como lo hace ahora el condado de Los Ángeles.

Actualmente, más de la mitad de los presos en las cárceles del condado de Orange están en espera de un juicio y no han sido condenados por ningún delito.

El informe señala que en el 2016, los supervisores del condado aprobaron un contrato de tres años para los agentes del sheriff que incluía un aumento salarial del 8.8 por ciento, un costo para los contribuyentes de 62 millones de dólares.