Los Ángeles deberá pagar 500 mil dólares por arrebatarles a los indigentes propiedad personal

Varios activistas a favor del sector indigente se encuentran indignados y al mismo tiempo conformes tras recibir la noticia de que la ciudad de Los Ángeles deberá pagar unos 500 mil dólares por confiscar de forma ilegal la propiedad de algunos indigentes.

El acuerdo llega después de una demanda que acusaba a la policía local, la ciudad y Los Ángeles Downtown Industrial Business Improvement District, de quitarles sus pertenencias a las personas sin hogar del área de Skid Row.

“Es una vergüenza que con este acuerdo la ciudad haya admitido las acciones erróneas que toma en desplazar a los indigentes de la región en lugar de ayudarlos”, sostiene Eloísa Medina, activista de Hogares para los Desamparados, un grupo de residentes del sur centro de Los Ángeles que aboga por las personas sin hogar.

“Por lo menos podemos decir que existe algún tipo de justicia. Aunque la cifra de 500 mil dólares no va a aliviar a los afectados de un mala experiencia con la misma ciudad que siempre promete ayudarlos”, agrega Medina.

Los funcionarios de la ciudad aprobaron el pago que va dirigido a Los Ángeles Community Action Network, un grupo a nivel condado que aboga por los indigentes así como Los Ángeles Catholic Workers, una organización que opera una cocina de comida para los indigentes en la ciudad.

Entre los demandados se encuentra también el Central City East Association, una organización que aboga por los negocios y los derechos de los dueños de propiedades, y quienes supuestamente maniobraban órdenes para tener a un equipo de seguridad privada confiscando los bienes.

Como parte del acuerdo, la ciudad debe contactar a todas estas organizaciones en la demanda y pedirles que dejen de confiscar los bienes de los indigentes, incluyendo someter noticias donde piden a los afectados deshacerse de sus pertenencias.

“En gran parte, estamos felices de haber llegado al acuerdo, pero yo diría que de lo que estamos más felices es el final de las confiscaciones ilegales. De eso se trataba todo”, señala Eric Ares, organizador de Los Ángeles Community Action Network.

En el momento que la demanda fue sometida, en el 2014, la ciudad se encontraba bajo una orden judicial federal que prohibía a la policía confiscar la propiedad de indigentes que no estaba abandonada.

“Además de criminalizar la falta de vivienda con leyes y acciones inconstitucionales, la ciudad también se ha embarcado en una campaña inconstitucional para apoderarse de la propiedad de las personas sin hogar”, según documentos de la demanda.

“En realidad esta demanda no hubiera ocurrido si no es que los distritos no hubieran empezado a tomar las pertenecías de aquellos que se alejaban de sus cosas para ir al doctor o al baño”, dice Shayla Myers, una abogada de los demandantes.

En ocasiones, las pertenecías eran confiscadas por 90 días, en otras ocasiones estas eran arrojadas a la basura.