Jóvenes, mujeres e inmigrantes, principales víctimas de robo salarial; organizaciones se unen para ayudarlos

Gerardo Flores trabajó lavando carros a 6.50 dórales la hora con un solo descanso de 15 minutos al día durante un año.

El hecho de ser indocumentado, dice el jornalero, le daba a su jefe la oportunidad de robarle su salario a él y a otros 20 compañeros hasta que el inmigrante se salió de su empleo.

El robo salarial constituye la pérdida de casi 2 mil millones de dólares al año entre los trabajadores de California solamente y alrededor de 15 mil millones a nivel nacional, según las cifras más recientes del Instituto de Política Económica.

Entre las principales víctimas de tal crimen se encuentran alrededor de 2.4 millones de jóvenes, mujeres, personas de color y los trabajadores inmigrantes, ya que tienen la mayor probabilidad de obtener los empleos con los salarios más bajos, sostiene la entidad.

Para proteger a estos trabajadores, seis organizaciones han unido fuerzas para combatir el robo de salarios en el lugar de trabajo.

La colaboración estatal bautizada como “Make Work Pay, tiene la meta de aprovechar la aprobación de la ley SB-1342, la cual entró en vigor en el 2017 para autorizar a las ciudades y condados a investigar el incumplimiento de las leyes de salarios locales.

Con este empuje estatal, las organizaciones no lucrativas que abogan por los trabadores tienen como objetivo fortalecer la aplicación de los estándares laborales al fungir como la policía de los trabajadores que acudan a quejarse.

Entre las organizaciones se encuentran el Centro de Iniciativas Políticas, East Bay Alliance for a Sustainable Economy, Proyecto Nacional de Derecho Laboral, la Coalición de Seguridad y Salud Ocupacional del Sur de California, Working Partnerships USA y Worksafe.

El movimiento surge porque California es uno de los estados más afectados por el robo, le siguen, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania y Texas.

“Tener políticas en el lugar es un primer paso crucial, pero ganar estas luchas no significa mucho si los empleadores no son responsables”, dice Derecka Mehrens, miembro de Working Partnerships USA.

“Lo que es clave es una fuerte aplicación de las leyes de salarios y horas, así como la aplicación de consecuencias para los empleadores que engañan a sus trabajadores, protecciones para los trabajadores que reportan violaciones y acciones para levantar las voces de los trabajadores en el lugar de trabajo”, sostiene. Mehrens.

Las organizaciones forman lazos para ser guías de todo trabajador estafado respecto a lo que deben hacer y dónde deben acudir.

El primero de enero, el salario mínimo de California aumentó a 10 dólares la hora para empleadores con 25 o menos empleados y 10.50 dólares por hora para empresas con 26 o más trabajadores.

Rosa Miranda, del Centro de Estrategia Laboral Comunitaria, señala que mientras los incrementos son un alivio para muchos, la intención de ayudar debe ser completada con la ley y la organización a favor de estos trabajadores.

“A diario muchos jefes comenten estas injusticias. Es hora de perseguir a estas personas por lo que hace y dejarle saber a la comunidad que alguien está protegiendo sus derechos”, señala Miranda.

De acuerdo a los expertos David Cooper y Teresa Kroeger, del Instituto de Política Económica, el crimen contra la propiedad es una forma de delito más conocida y más tangible que el robo de sueldos sin embargo los políticos invierten pocos recursos para combatir el crimen.

Ambos acuerdan que el robo de salarios podría reducirse mediante una mejor aplicación de las leyes laborales, incluyendo el aumento de las penas para los infractores, la protección de los trabajadores contra las represalias y la mejora de los derechos de negociación colectiva.

Asimismo, señalan que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que es responsable de investigar las violaciones mínimas, está crónicamente escaso en personal.