Concejal de Santa Ana abrió el debate para que ICE siga operando la cárcel local, la comunidad ofrece resistencia

SANTA ANA — La cancelación del contrato para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) siga operando una cárcel en la ciudad de Santa Ana volvió a la palestra, una iniciativa que a pesar de la pérdida de recursos económicos para la municipalidad es rechazada por la comunidad.

José Solorio, concejal que asumió su cargo en diciembre, colocó en la agenda la discusión del referido contrato, aduciendo que si ICE se retira de la ciudad afectará a los familiares de los inmigrantes, porque tendrán que visitar a los detenidos fuera del condado de Orange.

“Algunos de ustedes, desafortunadamente, no saben qué real es el dolor”, justificó Solorio en la sesión de anoche, haciendo referencia al clamor de los inmigrantes que tendrían que desplazarse hasta la ciudad de Adelanto, en el condado de San Bernardino, o fuera del estado.

Este tema en la agenda municipal atrajo a activistas y líderes de organizaciones al ayuntamiento, portando carteles en donde se leía “fin al contrato de ICE”.

El pasado 23 de febrero, ICE dio un plazo de 90 días a Santa Ana para terminar el contrato con la municipalidad, medida que adoptó la agencia federal después de que la ciudad redujera el número de camas para los detenidos que son ubicados en ese centro penitenciario.

El referido contrato genera alrededor de 340,000 dólares mensuales a la ciudad, al permitir que ICE utilice la cárcel que fue inaugurada en 1997 y que en su mayoría alberga a inmigrantes tránsgenero.

“Es contradictorio ser una ciudad santuario y tener una cárcel de ICE, queremos que salga de Santa Ana”, manifestó a HOY Alexis Nava, coordinador de proyectos especiales de la organización Resilience O.C.

Este líder comunitario llamó al concejal Solorio como “el pequeño Trump latino”, cuestionando sus intenciones, porque a su juicio esta iniciativa lo que busca es pagar una deuda política con el sindicato de policías de la ciudad, quienes apoyaron su candidatura con $400,000.

“Se lo dijimos bien claro: ‘no nos representa porque está apoyando una política de Trump’”, añadió Nava.

La votación de ayer fue un empate, tres votos a favor y tres en contra de la propuesta. Para que la discusión avanzara se necesitaba un voto más. En la reunión estuvo ausente un concejal, quien ha expresado su apoyo a la salida de la agencia federal.

Jorge Gutiérrez, director ejecutivo de Familia Trans Queer Liberation Movement, aseguró a HOY que esta es una victoria, porque al no contarse con los votos necesarios la iniciativa se archiva y, de esta manera, se podrá lograr que finalmente ICE no opere en la cárcel de la ciudad.

“La renegociación y extensión del contrato es por motivos de dinero y por la presión de uno de los sindicatos locales, porque se benefician [de los fondos]”, señaló el activista.

“Sabemos del miedo que está pasando la comunidad, por eso vimos esta movida como una traición, porque prefieren seguir deteniendo y deportando a nuestra gente en una ciudad donde la mayoría son latinos”, agregó. “Afortunadamente la propuesta no pasó”.

El concejal Solorio no descarta colocar el tema nuevamente, mientras las organizaciones pro-inmigrantes cuentan los días para que se ciere la cárcel, algo que ocurría a más tardar a mediados de mayo.

Esta ciudad, con el 80% de habitantes latinos de los 340,000 residentes, aprobó a principios de diciembre de 2016 convertirse en una ciudad santuario.

Esa medida, que contó con los 7 votos de los miembros del concilio, redujo a 128 el número máximo de camas para detenidos de ICE, como consecuencia la agencia federal está empacando sus maletas.