Centroamericanos descartan que la Alianza para la Prosperidad detenga la migración regional

LOS ÁNGELES — La erogación de fondos estadounidenses para detener la migración de Honduras, Guatemala y El Salvador ascenderá a 750 millones, como parte de la denominada Alianza para la Prosperidad; sin embargo, líderes de organismos pro-inmigrantes se muestran escépticos.

Como parte de ese plan, Honduras ya recibió el primer desembolso de 125 millones, mientras que a El Salvador le otorgaron 97.9 millones.

El canciller salvadoreño Hugo Martínez aseguró, en la firma del convenio, que los fondos servirán para “generar oportunidades para que nuestra gente pueda crecer y desarrollarse en sus lugares de origen”, así evitar que tomen “la peligrosa vía de la migración irregular”.

La llegada de los fondos no es sorpresa; lo que preocupa a César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), es que el gobierno no ha tomado en cuenta a organismos especializados en el tema, ni a a los mismos deportados sobre sus necesidades.

“Nos da mucho temor”, aseguró Ríos, porque a su juicio el gobierno tiene una visión muy simple. “Estamos hablando de personas, no de cosas”, dijo al momento de cuestionar las medidas de seguridad que se están implementando en las fronteras.

“La frontera de El Salvador y Guatemala está militarizada desde hace un año, estamos viendo medidas de seguridad nacional, no de seguridad humana la cual tiene sobre la base el respeto de los derechos de las personas”, agregó.

La Alianza para la Prosperidad surgió en el 2014, luego de la ola migratoria de menores centroamericanos no acompañados cuando ingresaron a Estados Unidos 68,541 jóvenes.

A criterio de Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Angeles (Ahla), la auditoría será un factor clave, pero considera que los funcionarios de gobierno “le van a dar otro uso a ese dinero, posiblemente se lo lleven a los bolsillos de ellos mismos”.

“Se van a olvidar [de la gente]”, prosiguió. “Por nada en el mundo van a detener la migración, la gente se viene por la pobreza, viven en champitas [casas de cartón], no tienen trabajo y solo tienen a sus niñitos sin nada que ofrecerles”.

En el 2016 los inmigrantes hondureños enviaron 3,958 millones de dólares en remesas, los guatemaltecos 7,159 millones y los salvadoreños 4,576 millones, es decir que en conjunto las tres naciones tuvieron un incremento de 1,413 millones de dólares en comparación al 2015.

“La migración hoy en día es un negocio, se está viendo como una industria”, señaló Byron Vásquez, director de la Casa de la Cultura de Guatemala en L.A., argumentando que existe toda una estructura detrás que le interesa que la gente salga.

En ese sentido, Vásquez sostiene que los recursos que está entregando el gobierno estadounidense “se van a desaparecer, porque no hay transparencia, se inventan proyectos que nunca se hacen y se quedan con el dinero”.

En este esfuerzo juega un rol fundamental la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como agente contralor. Entretanto, los gobiernos están comprometidos a fomentar el desarrollo e implementar medidas que reduzcan la migración.

La urgencia de trabajar en este problema regional, obligó al gobierno estadounidense a erogar los fondos a pesar de la corrupción, aseguró a HOY Cristhians Castillo, jefe del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

“Es muy complejo para el gobierno norteamericano encontrar autoridades legítimas y además que estén dispuestas a utilizar correctamente los recursos”, valoró el politólogo.

En el caso de Guatemala, agregó el investigador, el dilema era realizar una depuración de la corrupción primero y luego se implementaba la entrega de fondos, pero se optó por impulsar los dos esfuerzos de forma simultánea, porque el recambio institucional toma tiempo.

“Ahora lo que hay es una crisis profunda en el liderazgo, no hay un liderazgo capacitado; un ejemplo es lo que está pasando con el presidente Jimmy Morales, representa ese espíritu y el fracaso de esa propuesta”, planteó Castillo.

El experto sostiene que este deterioro fue permitido por el mismo gobierno estadounidense, y al fracasar el modelo en Guatemala aumentó la migración.

“Nuestra economía lejos de generar desarrollo sigue produciendo pobreza y esa pobreza es el caldo de cultivo ideal para la migración, violencia y crimen organizado”, puntualizó el académico.

En la Unión Americana, según el Censo, en el 2013 vivían 3.9 millones de personas de ascendencia salvadoreña, guatemalteca y hondureña. De ese total, de acuerdo al Migration Policy Institute (MPI), el 39% tienen un estatus migratorio irregular, es decir 1.5 millones.