Uno de cada cinco angelinos es indocumentado; Los Ángeles busca pelear políticas de Trump

A partir de esta semana, funcionarios del concilio de Los Ángeles abordarán estrategias para pelear los mandatos del presidente electo, Donald Trump, contra la comunidad indocumentada.

La acción resulta de las protestas que han estado tomando lugar en el ayuntamiento desde que Trump, quien había prometido deportar a millones de indocumentados, ganara las elecciones del 8 de noviembre.

En una carta, el concejal y presidente del concilio, Herb Wesson, sostiene que los residentes de la región están preocupados acerca de la incertidumbre que Trump ha traído con sus propuestas, por lo que es necesario tomar cartas en el asunto.

“Estas preocupaciones no deben ser subestimadas’’, dice Wesson.

Con aproximadamente 850 mil personas que “no son actualmente ciudadanos” en una ciudad de unos 3.8 millones de habitantes, existe una “posibilidad muy real de que uno de cada cinco angelinos se vean afectados por los cambios a las políticas de inmigración, financiamiento y ejecución a nivel federa”, sostiene la misiva.

Wesson planea presentar la moción el martes, en donde pide información sobre la creación de un defensor de inmigrante y un comité centrado en “asuntos de inmigrantes” y sobre cómo la ciudad trabajaría con el condado, con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y universidades comunitarias para atender las preocupaciones de los estudiantes.

La moción también pide detalles sobre lo que significa ser una ciudad santuario y la exanimación de cómo puede aplicar esta designación a la ciudad y cómo puede afectar en sus fondos.

Esta información es importante porque anteriormente algunos funcionarios políticos han amenazado con congelar los fondos estatales y federales para las ciudades que protegen inmigrantes indocumentados.

Actualmente, el Departamento de Policía de Los Ángeles tiene una política de no ayudar activamente a los funcionarios federales a arrestar a los inmigrantes indocumentados al no aceptar la solicitud de la Oficina de Inmigración y Aduanas para detener más de 72 horas a las personas sin papels.

Sin embargo, las autoridades aún pueden entregar a un detenido a las autoridades de inmigración.

Activistas comunitarios prometieron la semana pasada proteger a la comunidad, especialmente los jóvenes que están bajo el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA).