La muerte de Gabriel Fernández revela el fracaso del sistema para proteger a los niños

LOS ÁNGELES — El proceso judicial contra los empleados del Departamento de Niños y Familia del Condado de Los Ángeles tras la tortura y muerte del pequeño Gabriel Fernández, causa alarma y preocupación en la sociedad tras haber dejado al descubierto que los trabajadores sociales falsificaron expedientes públicos y minimizaron las lesiones físicas, mentales y emocionales que había sufrido el menor.

De acuerdo a Noreen Barcena, abogada experta en ley familiar, ese comportamiento es frecuente; por esa razón, considera que las investigaciones tienen que ser más exhaustivas antes de cerrar un caso, no limitarse a las opiniones de los padres ni al ambiente que se observa en la casa.

“Se tiene que pensar en los niños; a veces dicen: ‘no hay evidencia’ y cierran los casos. Hay que hablar también con los menores y los profesores. Se tiene que investigar bien y estar vigilantes para que casos como el de Gabriel no se vuelvan a repetir”, subrayó la jurista.

Stefanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Bom y Gregory Merritt, los trabajadores sociales que estuvieron a cargo del caso y que ahora estan siendo enjuiciados, han sido acusados de abuso y falsificación de expedientes por la muerte del menor de ocho años ocurrida en Palmdale.

En las transcripciones del gran jurado, publicadas por el diario Los Angeles Times, se reporta que Pearl Fernández y su novio Isauro Aguirre torturaron deliberadamente al niño hasta causarle la muerte y ocultaron sus pistas con notas médicas falsificadas y mentiras, afirmó un fiscal.

“Claramente, hubo un extraordinario fracaso del sistema para proteger a este niño”, manifestó a HOY Tony Mendoza, Senador por el Distrito 32. “He dado instrucciones a mi personal para investigar si la ley debe ser reforzada para evitar que otro niño sea torturado hasta la muerte”.

Desde la muerte de Gabriel, registrada en mayo de 2013, las autoridades del Condado han incorporado a cerca de 1,500 nuevos trabajadores sociales. En la actualidad, existen alrededor de 4,000, lo que ha servido para reducir el promedio de casos que lleva cada empleado, bajando de un promedio de 30 a 24.

Al mismo tiempo, Amara Suárez, vocera del Departamento de Niños y Familia, indicó a HOY que el entrenamiento se modificó y se les ha dotado de herramientas tecnológicas para que tengan acceso a la información y políticas del Condado para que tomen decisiones apropiadas.

“Es un cambio grande”, aseguró Suárez. “Ahora la capacitación se imparte con casos reales, los entrenadores observan lo que los trabajadores sociales hablan con los padres y en lo que se fijan al momento de ingresar a una casa”.

Los registros de este Departamento indican que Gabriel permaneció en esa casa a pesar de seis investigaciones por acusaciones de abuso que involucraban a la madre. Además, una maestra informó a las autoridades que a menudo aparecía magullado y golpeado en la escuela.

Todas las investigaciones, a excepción de una, determinaban que las causas eran ‘infundadas’. Asimismo, un informe del condado sostiene que el trabajador social asignado al caso no hizo el primer contacto con la familia sino hasta 20 días después de haber recibido la queja.

Philip Browning, director del Departamento de Niños y Familia, aseguró en un comunicado que con base en una rigurosa reconstrucción de los acontecimientos que rodearon esta muerte, encontraron que los cuatro trabajadores sociales fallaron en el cumplimiento de su labor, pero no es la regla.

“En raras y trágicas ocasiones -como en el caso de Gabriel- niños han muerto a manos de miembros de la familia”, indicó el funcionario, agregando que por esa razón las cuatro personas que no realizaron su trabajo como debían ahora enfrentan cargos de delito grave.