¿Debe ser más sencillo despedir a un maestro ineficiente? Un juicio histórico puede decidir por California

El jueves pasado, las partes que se enfrentan a un tribunal de apelaciones en Los Ángeles en el caso histórico Vergara vs. California acordaron algo: los maestros son clave para que los alumnos fallen o prosperen, y por estos días hay demasiados estudiantes que fallan o no están al día.

El debate acerca de cómo abordar el problema ha entrado en una lucha fundamental por los derechos -opuestos y complementarios- de maestros y estudiantes.

Las personas que abofetearon al estado con esta demanda de alto riesgo tienen una receta sencilla: que sea más fácil para las escuelas deshacerse de los malos maestros.

Sus oponentes, entre ellos el gobernador Jerry Brown y los poderosos sindicatos de maestros del estado, tildan a esta solución de ‘simplista’, e incluso peligrosa.

En 2014, el juez de la corte superior de Los Ángeles Rolf M. Treu apoyó al grupo de nueve estudiantes que presentaron una demanda, con el apoyo de varios patrocinadores ricos que buscan que las escuelas tomen un giro más empresarial.

Treu terminó con los contratos fijos y el sistema de antigüedad, aludiendo que éstos dañaban a todos los estudiantes, especialmente a los más pobres y a los miembros de minorías, y llevaban a resultados que “conmovían la conciencia”.

De mantenerse ese fallo en la instancia de la apelación, los maestros sindicalizados de las escuelas ya no tendrán derecho a mantener un nivel de seguridad en el empleo, un beneficio raro incluso en el sector público.

Otras reglas que hacen difícil y costoso despedir a los maestros también podrían desaparecer. Y, cuando los distritos despidan docentes, no se garantizará que aquellos con mayor antigüedad serán los últimos en ser apartados de sus cargos. En cambio, los distritos podrían basarse en el desempeño profesional para decidir a quién dejar ir.

Timoteo Daly, expresidente del grupo New Teacher Project, aplaude la demanda y señala que quienes desafían al estado “intentan demostrar que las leyes hacen que sea imposible para los distritos elegir lo más apropiado para los niños”.

Este punto de vista sostiene que las leyes de empleo respaldadas por los sindicatos -que son los mayores contribuyentes del estado a las campañas políticas- están privando a los jóvenes de la educación que les garantiza la Constitución del estado. Los niños de bajos recursos y los estudiantes de color, argumentan, se ven perjudicados de manera desproporcionada debido a que los peores maestros tienden a terminar en escuelas de bajo rendimiento.

Quienes se oponen a la demanda, sin embargo, insisten en que el enfoque aprobado por el juez de la Corte Superior daría lugar a un cuerpo de enseñanza de menor calidad. Ellos señalan que la profesión podría atraer y retener a muy pocos profesores talentosos que tengan la posibilidad de seguir otras opciones de carrera.

“Garantizar la enseñanza de alta calidad comienza con el reclutamiento, apoyo y retención de buenos maestros para todos los estudiantes, en particular para aquellos que están en mayor riesgo y que lo necesitan más”, escribió en un memorando publicado el miércoles último Michael Powell, un alto funcionario de la Federación Estadounidense de Maestros.

Desde el principio, este caso ha sido mucho más que las normas específicas que aborda. Los partidarios de Vergara entablaron el juicio en parte para romper un dominio político que los gremios de docentes del estado han mantenido sobre las políticas de educación, a través de sus presiones y sus aportes de dinero para campañas políticas -contando además con la visión generalmente positiva que el público posee de los maestros-.

La Asociación de Maestros de California, que impulsa la apelación, es uno de los grupos de interés más poderosos del estado. Sus aliados incluyen altos funcionarios, como el gobernador Brown y el superintendente estatal de instrucción pública, Tom Torlakson, que han puesto sus nombres como apoyo para revocar el fallo.

Los oponentes a los gremios, que acuerdan en un abanico de temas vinculados con la educación, tampoco son víctimas impotentes. Entre ellos se incluyen el filántropo Eli Broad, residente de Los Ángeles; el exalcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg, y la Fundación de la Familia Walton, herederos de Wal-Mart.

El caso Vergara está financiado por el grupo Students Matters, fundado por el empresario David Welck, del Silicon Valley.

Algunos de los que se alistan en el lado antisindical tienen vínculos con intereses comerciales que se beneficiarían con un cambio en el panorama legal. Otros tienen motivaciones antisindicales, que llevan a cabo en varios frentes.

Los partidarios de Vergara afirman que el caso se ha colado tanto en el marco legal como en la conciencia pública. “En el pasado, ha habido una tendencia a decir que lo que es bueno para los profesores debe ser bueno para los niños también”, expresó Eric A. Hanushek, un antiguo miembro de la conservadora Hoover Institution, de la Universidad de Stanford. “Este caso, creo, fue el que detonó ese argumento”.

“Uno debe preguntarse: ‘¿Por qué esta política para las personas que trabajan en las escuelas es coherente con una política que hace hincapié en los logros de los estudiantes?’”, prosiguió Hanushek, quien testificó a favor de los demandantes. “Uno debe argumentar eso”.

Pero ambas partes se enfrentan a obstáculos antes de llegar al tribunal de apelaciones, explicó Michael Petrilli, presidente del Thomas B. Fordham Institute, con sede en Washington, un grupo conservador que aborda ideas en temas de educación. “Para los sindicatos, creo que va a ser duro demostrar que estas políticas no están teniendo un impacto desigual en niños de minorías”, aseguró Petrilli, que es considerado como un aliado de los defensores a favor de Vergara.

Mientras los gremios están preocupados por el debilitamiento de las protecciones laborales, muchos educadores no defienden el sistema de contratación de dos años a cualquier precio. Además, garantizar para los maestros una mayor protección que la de otros empleados del gobierno y del distrito escolar podría ser una diferencia muy difícil de exponer en los tribunales, sin mencionar ante la opinión pública.

Los maestros defienden su estatus especial como un punto necesario para la libertad académica, para poder hablar frente a los estudiantes sin temor a represalias. Señalan, además, que el número de maestros en California está disminuyendo.

Los abogados de Vergara también se enfrentan a obstáculos ante la corte, afirmó Petrilli. “Los demandantes deben demostrar que sus soluciones van a trabajar para reducir la desigualdad, y creo que va a ser complicado”, dijo.

En el juicio original de 2014, los abogados de Vergara ofrecieron testimonios de estudiantes que describieron sus experiencias personales con malos maestros. También colocaron en el estrado a expertos que investigaron el impacto de contar con maestros eficaces versus ineficaces, alegando que los estudiantes con docentes extremadamente incompetentes pierden entre dos y cuatro meses de aprendizaje por año.

Más aún, presentaron a un economista que estudió el impacto de una buena educación y concluyó que un año en un aula con un pésimo maestro podía disminuir las ganancias colectivas de por vida para esa clase hasta en $250,000.

En su apelación, los abogados del sindicato argumentan que el juez Treu se metió en un debate político e ideológico, basándose en suposiciones no comprobadas y en controvertidos resultados de investigaciones. “Pensamos que va a ser revocado el fallo”, aseguró Eric C. Heins, presidente de la Asociación de Maestros de California. “Nadie quiere tener un mal maestro frente a los alumnos, y mucho menos los propios docentes, que luego deben lidiar con los resultados de ello. Este caso no se trata de eso”.

El panel de tres jueces que escuchó los argumentos de apelación la semana pasada tiene 90 días para tomar una decisión. Ambas partes anticipan que el caso se trasladará a la Corte Suprema de California. Si el fallo prevalece, la Legislatura podría tratar de aprobar otras protecciones de trabajo, más limitadas, para los maestros.

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Traducción: Diana Cervantes
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