Migrantes guatemaltecos consideran que elecciones no son legítimas

LOS ÁNGELES —  La detención de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti cayó como una cubeta de agua fría al gobierno de esa nación, aumentando la presión dentro y fuera de las fronteras, a lo que se suma la serie de renuncias presentadas por diversos funcionarios.

El presidente Otto Pérez Molina, por su parte, en un mensaje televisivo dijo la noche de este domingo que no renunciará a su cargo, después de conocerse que las autoridades que investigan la corrupción en el gobierno pedirán un antejuicio al mandatario.

“Las elecciones no valen en este momento; lo que se necesita es refundar el Estado guatemalteco, hay que cambiar la Constitución y las leyes electorales”, señala Mario Ávila, miembro del Colectivo Guatemalteco de Los Ángeles.

En medio de la crisis política, desatada desde abril pasado, este país realizará elecciones el próximo 6 de septiembre.

“Lo que pasa en Guatemala es estratégico, porque si ocurren cambios en nuestro país sucedará lo mismo en Honduras y El Salvador, de modo que la región centroamericana viva con justicia”, agregó el activista chapín.

Como resultado las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se descubrió la red de defraudación tributaria dirigida por Baldetti.

Aroldo Ramírez, presidente de la Fraternidad Izabal USA, considera que esta crisis todavía no ha tocado fondo; no obstante, espera que se haga justicia, porque considera que la corrupción ha dejado sin medicinas y sin recursos educativos al pueblo.

“Los migrantes en Los Ángeles perdimos un contenedor de ayuda humanitaria, en vez de ayudarnos nos arruinaron, porque siempre nos pusieron trabas; ahora entendemos que fue porque había una red de defraudación dentro del gobierno”, asegura.

“En este momento, mientras no hayan reformas a los partidos políticos, prefiero que no haya elecciones para evitar que lleguen otros corruptos”, agrega Ramírez.

Según la CICIG, el presidente Pérez Molina también estaría involucrado en este caso de corrupción conocido como ‘La Línea’; de igual forma, se le vincula al genocidio que encabezó el general Efraín Ríos Montt en contra de pueblos indígenas a principio de los ’80.

“Este es un momento histórico, porque nadie está por encima de la ley”, dijo a HOY Kelsey Alford-Jones, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos, con sede en Washington D.C.

“Lo que está claro es que es sumamente difícil realizar elecciones en la coyuntura actual, porque no es sólo problema del gobierno, sino también los señalamientos de sobregastos de algunos partidos políticos documentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, añade Alford-Jones.

La semana anterior, el abogado Alfonso Carrillo interpuso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, en donde pide que se detengan las elecciones, planteando que antes de convocarse a los comicios existían serias infracciones al proceso electoral.

Guatemala cuenta con cerca de 15 millones de habitantes; de ellos, según el TSE, al menos 7,556,873 personas podrán votar. Sin embargo, a 13 días para las votaciones, todavía el evento electoral es incierto.