La definición mundial de ‘refugiado’ defrauda a quienes emigran por motivos económicos

Estados Unidos y Europa se enfrentan a crecientes crisis migratorias y emergencias humanitarias en fronteras desbordadas, lo que plantea la pregunta de cómo autorizar legalmente el flujo de individuos que no cuentan como refugiados.

Las personas se ven obligadas regularmente a abandonar sus países de origen por diversas razones. No es solo la guerra, la tortura o la persecución basada en opiniones políticas, raza o religión, lo que impulsa a gente de todo el mundo a buscar una vida mejor en otros lugares. Sin embargo, solo aquellos que caen en esas categorías limitadas pueden solicitar asilo como una ruta para vivir en Estados Unidos y muchos países europeos.

Nuestro sistema actual para los refugiados no reconoce que la desesperación económica es a menudo la causa que impulsa a muchos a cruzar las fronteras. Estos migrantes entran en un verdadero agujero negro del derecho internacional, literalmente una tierra de nadie, sin vías de inmigración para las personas que experimentan la desesperación económica, sin importar cuán aguda sea. Es necesario reformar el marco mundial para la aceptación de refugiados, con el objetivo de darles un futuro viable a más de estos migrantes.

Nuestro sistema actual está atascado en cómo el mundo definió “refugiado” después de la Segunda Guerra Mundial. En esos años de posguerra, Europa era un desastre. Años de lucha y violencia sofocaron el fascismo, pero también dejaron a más de 60 millones de personas desplazadas de sus hogares.

La Convención sobre los Refugiados de 1951 se redactó entre la mayoría de los países del mundo para abordar la catástrofe humanitaria de la posguerra y organizar un acuerdo para los millones de desarraigados. Estableció en el derecho internacional el principio de “no devolución”, lo cual significa que ningún país receptor regresaría a un refugiado al país donde enfrentaba la persecución.

En 1967, esos términos se ampliaron para eliminar los límites geográficos y de tiempo sobre la no devolución, universalizando la definición de refugiado como alguien que huye de la persecución religiosa, política, racial y/o nacional y, por lo tanto, tiene derecho a solicitar asilo en el extranjero.

Sin embargo, una omisión notable de la definición sigue siendo un punto conflictivo en la actualidad: reconocer los impulsos económicos del desplazamiento. Las personas que huyen de la pobreza para mejorar su situación económica cuentan como migrantes, no como refugiados. Si bien los migrantes pueden acceder a ciertos servicios que a veces brindan los gobiernos en los países en los que se encuentran, incluida la asistencia médica y alimentaria, ningún tipo de derecho les garantiza estos recursos. Los refugiados, por el contrario, tienen ciertos derechos. Quizá el más importante sea el de residir legalmente en el país anfitrión, para no vivir con el temor de ser deportados.

Este enfoque tiene sus raíces en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, el pilar de los derechos humanos internacionales, que establece que “toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar en otros países de asilo en caso de persecución”. La declaración también sugiere que las personas desplazadas eventualmente regresarían a sus países de origen, expresado en la declaración del Artículo 13 de que todos tienen derecho tanto a salir de su país como a regresar.

Pero no todos los migrantes pueden reconstruir sus vidas en casa. Los países de acogida a menudo reconocen esta realidad para los refugiados permitiéndoles solicitar la ciudadanía después de una residencia breve. El problema es que las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen por razones económicas no suelen obtener esos privilegios en los sitios receptores.

Con el rápido cambio climático y la creciente agitación económica (algunas provocadas por políticas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que empobreció a millones en las zonas rurales de México), decenas de millones de seres vulnerables se verán obligados a cruzar fronteras para sobrevivir.

Prepararse para esta realidad inevitable requerirá un movimiento significativo entre las naciones para enmendar la Convención de Refugiados de 1951.

Un buen primer paso se produjo en 2018 con el Pacto Mundial para las Migraciones, orquestado por las Naciones Unidas y respaldado por 152 países, incluido Reino Unido y la mayoría de las naciones de la Unión Europea. El acuerdo busca establecer pautas para el flujo seguro, ordenado y humanitario de personas, ayudando a dar forma a las políticas en los lugares donde terminan los migrantes.

Pero el pacto tiene limitaciones. Existe como una serie de sugerencias que los países pueden adoptar o rechazar, incluso si se han adherido. Y algunas naciones, incluidas Estados Unidos, Italia y Australia, quienes todas tienen migrantes que llegan a sus fronteras impulsados por condiciones económicas espantosas, se negaron a aceptarlo.

Entonces, ¿qué más se puede hacer?

Los países participantes podrían dar más fuerza al Pacto Mundial haciéndolo más parecido a un tratado, impulsando que los gobiernos lo firmen y ratifiquen.

Una opción más contundente sería cambiar la definición de quién cuenta como refugiado, modificando la Convención de Refugiados existente para incluir a quienes huyen de la pobreza. Esto requeriría la ratificación por parte de las partes del tratado, un camino difícil, especialmente porque hay líderes políticos en todo el mundo a los que les gustaría ver una descripción más limitada de refugiado, no más inclusiva. Sin embargo, incluso el intento de enmendar estos estándares haría una declaración necesaria de que el sistema actual le falla a demasiados migrantes, y necesita una reforma.

Mientras tanto, los países de manera individual deberían hacer que sus sistemas de inmigración sean más flexibles y adaptables. En última instancia, estos deciden qué refugiados y migrantes podrán cruzar sus fronteras y qué servicios y opciones de residencia brindarán.

Para que el mundo esté a la altura de su promesa de permitir el movimiento de todas las personas de acuerdo con los derechos humanos básicos, su definición de “refugiado” y su trato a los migrantes deben cambiar.

Anthony Pahnke es profesor asociado de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de San Francisco.

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