La Junta demanda al Gobierno de P.Rico para que invalide la Ley 29
San Juan — La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó una demanda contra el Gobierno puertorriqueño para que se invalide la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios que exime a estos del pago de su aportación al sistema “PayGo†de retiro de los jubilados y la reforma de salud.
La entidad federal informó este miércoles a través de un comunicado de que fue presentada una demanda contra el gobernador, Ricardo Rosselló, y la Autoridad de AsesorÃa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal federal para evitar que el Ejecutivo ponga en efecto la Ley 29 y obligar al Gobierno a cumpla con la normativa Promesa.
El “PayGo†es un mecanismo por el que todas las entidades gubernamentales se harán responsables de pagar las deficiencias de los sistemas para proveer los beneficios a los pensionados.
El comunicado recuerda que la ley 29 exonerarÃa a los municipios de cumplir con el reembolso al Ejecutivo de cientos de millones de dólares en pensiones para sus propios retirados y transferirÃa esa carga al Gobierno central, permanentemente, según reza la demanda.
El gobernador, según el comunicado, no cumplió con la Sección 204 y 207 al firmar la Ley 29, que conjuntamente con las repetidas acciones de incumplimiento ha impedido y desafiado los principios y propósito de Promesa, en violación a la Sección 108 (a)(2).
“La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficit futurosâ€, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión.
“Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del ‘PayGo’. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuroâ€, subrayó Carrión.
“Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del ‘PayGo’â€, dijo.
“En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de EE.UU. le ha solicitado al Gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la manoâ€, dijo Carrión.
Aseguró además que, por el contrario, “el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisiónâ€.
Como resultado, indicó, “la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con Promesaâ€.
La Junta de Supervisión alertó al gobernador con respecto a la aprobación del proyecto que luego se convirtió en la Ley 29.
En su carta con fecha del 17 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión le advirtió al gobernador, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, que el impacto potencial de la medida alcanzaba unos 311 millones de dólares para el año fiscal 2020 y unos 1.700 millones de dólares hasta el año fiscal 2024.
Sobre esos estimados, la Junta concluyó que esta ley no cumple con el plan fiscal certificado, que incluye el pago total de “PayGo†y ASES.
El comunicado recuerda que el incumplimiento del Gobierno con Promesa no se limita solo a la Ley 29, ya que el gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020.
El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta que indique que tales reasignaciones de fondo no son inconsistentes con el plan fiscal o el presupuesto, como lo exige la Sección 204 de Promesa, indica la nota.
“El Gobierno no puede utilizar las resoluciones conjuntas para hacer gastos fuera de un presupuesto que cumple con el plan fiscalâ€, dijo Carrión.
“Puerto Rico no puede caer nuevamente en las prácticas del pasado en que se gastaba sin controles. Eso fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. La disciplina fiscal es esencial para asegurar que las prioridades del Gobierno y que los servicios prioritarios para la ciudadanÃa cuenten con la financiación adecuadaâ€, indicó.
“Teniendo en cuenta que las resoluciones conjuntas asignan fondos que no están presupuestados y sin el visto bueno de la Junta, éstas violan la ley Promesa y, por lo tanto, no deben ponerse en efectoâ€, advirtió.
“Mantener responsabilidad fiscal es lo único que ayudará a que Puerto Rico se recupere, asegure un futuro económico estable y asegurar que la ciudadanÃa tenga aseguradas sus pensionesâ€, concluyó. EFEUSA
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