El FBI pone a P.Rico en el punto de mira ante las sospechas de corrupción
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San Juan — El FBI tiene la mira puesta en Puerto Rico, donde las dimisiones, investigaciones y acusaciones por presunta corrupción de miembros del Ejecutivo local no han cesado y que este viernes tiene su punto álgido con la citación a declarar del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado.
El funcionario, que hoy, finalmente, no compareció ante la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, donde había sido citado, desencadenó el pasado lunes “una tormenta” al denunciar una hipotética trama de corrupción en su agencia que genera incertidumbre sobre supuestas irregularidades en el seno del Ejecutivo de Ricardo Rosselló.
El gobernador, de forma inmediata, destituyó a Maldonado por haber elegido los medios para denunciar esa supuesta trama y no informarle previamente, lo que generó que el hijo del funcionario asegurara que Rosselló habría tratado de influir sobre unos informes que dejarían mal parada la mala gestión del Ejecutivo en ayuda destinada a los damnificados por el huracán María.
El desenlace de esta “crisis” que le estalló al Ejecutivo de Rosselló se ha saldado con la salida de Maldonado y de la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, que dimitió al hacerse público que el FBI solicitó una serie de documentos asociados al papel del subcontratista Alberto Velázquez en esa agencia.
El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por su parte, confirmó esta semana que compareció ante un Gran Jurado federal para aclarar documentación relacionada con Velázquez.
Tras unos días de tensión en el seno del Ejecutivo, que provocó que Rosselló tuviera que reiterar su compromiso con “cero tolerancia contra la corrupción”, una frase que el gobernador repite siempre que tiene ocasión, la semana termina con la no comparecencia del secretario de Hacienda ante Justicia para aclarar la supuesta trama de corrupción en su agencia.
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, informó a través de un comunicado de que Maldonado no comparecería, tras indicar que “lo más correcto era comparecer y rebelar toda la información que tuviera sobre una legada mafia institucional en el Departamento de Hacienda para iniciar una investigación seria y rigurosa”.
“Ante su incomparecencia injustificada impartiremos instrucciones para que se curse una citación oficial bajo apercibimiento de desacato y cualquier otro remedio que proceda”, advirtió la funcionaria.
La sombra de la corrupción sobrevolando la isla provocó que el director local del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Douglas Leff, se pronunciara para asegurar que Puerto Rico vive un momento crítico por la corrupción gubernamental e informara que las investigaciones en marcha están relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de influencias en la concesión de contratos con agencias públicas.
“Hemos recibido información amplia sobre contratos de los que no sirven al pueblo y probablemente sí a los intereses de otras personas, por lo que estamos indagando”, subrayó Leff en declaraciones a medios locales.
Dijo que se han adjudicado contratos millonarios a empresarios que obtuvieron más dinero del que era necesario.
No quiso dar más detalles, pero avanzó que durante los próximos meses saldrá a la luz más información del trabajo en marcha.
La sombra de corrupción que se cierne sobre la isla no pasa desapercibida en la capital federal, donde Brian Sullivan, del Departamento de Vivienda (HUD), dijo que de cara a la entrega de fondos para los damnificados por los huracanes de 2017 esa agencia velará para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafat) del Gobierno de la isla, Christian Sobrino, reconoció que en Washington se vieron con “rareza” los episodios de esta semana.
El senador Rick Scott dijo sobre llegada de fondos a Puerto Rico para los damnificados por los huracanes que espera que “nadie esté haciendo nada incorrectamente”.
El también legislador Marco Rubio sostuvo que las denuncias de corrupción en el seno del Gobierno de San Juan “son extremadamente preocupantes”, mientras que la congresista Nydia Velázquez aseguró que debe haber una amplia investigación.
La semana “negra” de Puerto Rico quedó coronada con una investigación por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en el Municipio de Guaynago, vecino a San Juan, en lo que medios locales indican puede tratarse de una pesquisa relacionada con un caso de evasión contributiva.
La sombra de la corrupción en el Gobierno no es nueva y se ha dejado en lo que va de mandato de Rosselló a decenas de altos funcionarios, que han tenido que abandonar sus cargos, en la mayoría por su propia iniciativa.
La política de “tolerancia cero” frente a la corrupción ha permitido a Rosselló, hasta el momento, mantener intacta su imagen frente a un problema con arraigo en la isla.
