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Un tribunal de Túnez ordena liberar al empleado de la ONU detenido en marzo

EFE

Un tribunal de apelaciones de Túnez ha ordenado la liberación del funcionario de la ONU detenido en el país desde el pasado marzo, confirmó este martes la propia organización.

“Estamos muy animados por este acontecimiento. Estamos a la espera de confirmar su liberación efectiva de la detención”, señaló el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Según dijo, Naciones Unidas está tratando de obtener más información de parte del Gobierno tunecino, especialmente sobre la situación en la que queda el procedimiento legal contra su empleado.

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El funcionario, el tunecino-alemán Moncef Kartas, es un experto encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones internacionales en Libia y fue arrestado el 26 de marzo en Túnez acusado de “espionaje en beneficio de intereses extranjeros”.

Desde el primer momento, la ONU defendió que Kartas debía ser liberado inmediatamente, pues gozaba de inmunidad al estar trabajando en una misión de Naciones Unidas.

La agencia estatal tunecina TAP reveló tras su detención, citando una fuente de la unidad especial contra el terrorismo, que Kartas utilizaba su pasaporte tunecino, razón por la que no se le aplicó la inmunidad diplomática que reclama Naciones Unidas.

El 11 de abril, la Justicia tunecina anunció que había abierto una investigación por “posesión de informaciones de seguridad vinculadas a la lucha antiterrorista y la difusión de las mismas en contra de la ley”, un delito vinculado al espionaje que podría conllevar la pena capital.

El comité de expertos del que forma parte Kartas se ocupa de analizar el cumplimiento de las sanciones internacionales que pesan contra Libia, que incluyen medidas como un embargo de armas contra el país, que vive una turbulenta situación desde el conflicto de 2011 que provocó la caída de la dictadura de Muamar Al Gadafi.

Los especialistas de la ONU han denunciado repetidamente que ese embargo de armas es violado y que distintos grupos en Libia siguen recibiendo armamento pese a la prohibición establecida por el Consejo de Seguridad.

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