México comienza a cumplir sentencia de CorteIDH por tortura a mujeres en 2006

México — El Gobierno mexicano inició este jueves el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en diciembre del pasado año por la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco en 2006.

Según informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a través de un comunicado, este jueves se dio la primera reunión entre las mujeres denunciantes y representantes de organismos del Gobierno.

“Entre los primeros acuerdos alcanzados se encuentra que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud”, expuso el Centro Prodh.

Asimismo, apuntó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo en la reunión que el actual gobierno cumplirá con la sentencia impuesta y que no se revictimizará a las mujeres.

La CorteIDH notificó el 21 de diciembre de 2018 al Gobierno mexicano una sentencia en la que declara la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a derechos humanos cometidas.

Las mujeres sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México.

Sufrieron también tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, entre otras faltas a los derechos humanos.

El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.

Es por ello que la CorteIDH ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.

También indicó que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten la represión policíaca.

“Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contexto”, consideró el Centro Prodh.