Gobierno Nuevo México firma ley para mayor control sobre las armas de fuego
Tucson (AZ) — La Gobernadora de Nuevo México, Michaelle Lujan Grisham, firmó hoy una nueva ley estatal que establece un mayor control en la venta de armas de fuego, mientras polÃticos republicanos anunciaron una campaña para revocar una reciente legislación sobre este control.
“La verificación de antecedentes reduce el porcentaje de mujeres asesinadas por sus compañeros, el número de suicidios, el porcentaje de oficiales asesinados en el desempeño de su trabajo; es una forma simple de mantener las armas fuera del alcance de personas que cuentan con un historial peligrosoâ€, dijo Lujan Grisham en un comunicado de prensa tras la firma.
Al mismo tiempo, polÃticos republicanos anunciaron el inicio de una campaña para recaudar 70.000 rúbricas de votantes con el objetivo de revocar una medida aprobada por la legislatura estatal que establece un mayor control en la verificación de antecedentes penales durante la venta de armas de fuego en este estado.
El número de firmas equivale al 10 por ciento de los votantes que participaron en las últimas elecciones. En caso de tener éxito, la medida podrÃa ir a las urnas en noviembre del 2020.
Para revocar esta legislación, los polÃticos republicanos tratan de utilizar el proceso de referéndum de votantes, que solamente ha sido empleado tres veces en la historia del estado. De éstas, solo una vez tuvo éxito.
“Está claro que un alto número de residentes de Nuevo México no están de acuerdo con esta legislaciónâ€, dijo hoy a Efe el legislador estatal republicano Rod Montoya.
Montoya indicó que de ninguna manera tratarán de pasar por encima de la legislatura estatal, sino asegura que solo se trata de utilizar parte del “proceso democráticoâ€.
Actualmente, 23 de los 33 condados de Nuevo México han aprobado medidas “santuario†contra la aplicación de la legislación que incrementa el control de antecedentes delictivos durante la venta de armas, incluyendo las transacciones privadas.
La Asociación de Alguaciles de Nuevo México considera que la medida es un ataque a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas.
