ACLU demanda al Gobierno por impedir asesoría legal a inmigrantes detenidos
Los Ángeles — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha demandado al Gobierno federal por impedir que los inmigrantes detenidos en una cárcel federal en Victorville, al noreste de Los Ángeles, reciban a sus abogados, informó hoy la organización.
La demanda de emergencia, presentada la noche del martes por la filial del sur de California de ACLU, señala que la incomunicación a la que son sometidos los inmigrantes en el Complejo de Corrección Federal de Victorville, tal como de manera repetida han denunciado varios abogados, constituye una “negación inconstitucional”.
La organización señala que a muchos abogados pro bono, es decir que asumen el caso de manera voluntaria, se les ha negado el acceso al precinto para orientar por primera vez a sus defendidos sobre sus derechos.
“Estas tácticas no tienen cabida en un país comprometido con el estado de derecho y el debido proceso básico”, señaló el abogado Michael Kaufman en declaraciones recogidas en un comunicado de prensa de ACLU.
La demanda asegura que las autoridades violan “los derechos al debido proceso” establecidos en la Quinta Enmienda, la Primera Enmienda, así como otras normas federales.
La abogada Gabriela López, que defiende a Gustavo Rodríguez Castillo y figura como una de las demandantes, denuncia que se le ha negado desde el pasado 6 de junio cualquier tipo de acceso a su cliente desde que fue transferido a la cárcel de Victorville.
Castillo, un inmigrante venezolano que pretende solicitar asilo político, fue detenido el 30 de mayo y transferido a varios centros de detención hasta terminar en la citada prisión federal, un destino que desconocían sus familiares y su abogada.
A su vez, abogados del Centro de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes (IMM Def), que presta servicios gratuitos de consejería legal, argumentan que fueron expulsados de la prisión a pesar que habían cumplido con todos los procedimientos exigidos para ingresar al lugar a prestar sus servicios.
“Todo lo que buscamos es proporcionar servicios legales gratuitos a inmigrantes detenidos en Victorville en los mismos términos permitidos en otros centros de detención de inmigrantes”, dijo Lindsay Toczylowksi, directora ejecutiva de Imm Def.
“La asistencia legal es esencial para las personas que enfrentan nuestro sistema de inmigración extraordinariamente complicado”, resaltó.
El Gobierno anunció a comienzos de este mes que iba a transferir a cerca de 1.600 indocumentados a cárceles federales debido a la falta de espacio en los centros de detención para inmigrantes.
Las autoridades señalaron que la cárcel de Victorville recibiría un millar de esos 1.600 indocumentados, y el resto serían repartidos en prisiones de Texas, Oregón, Arizona y el estado de Washington.
