Gobernador de Puerto Rico presenta proyecto de reclamaciones fraudulentas a programas
San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, envió para la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley sobre Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
Este proyecto, que proviene del False Claims Act federal, crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al Gobierno de Puerto Rico.
Estas reclamaciones, serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia, indicó hoy en un comunicado.
De acuerdo al secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario Cortés, la creación de esta oficina asegura la asignación de 1.200 millones de dólares en fondos federales para la isla.
“Con esta Ley, nos uniremos a 49 estados y a Washington como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid. La detección a tiempo de esta conducta será positivo para los beneficiarios de este programa, ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, expresó.
Con la Orden Ejecutiva 2017-12, el gobernador encaminó la política pública de atender el problema de fraude en Medicaid.
Rosario Cortés añadió que “con la presentación de esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid”.
“En febrero de este año, el gobernador junto a la comisionada residente, Jenniffer González, lograron una asignación histórica de 4.900 millones para los sobre 600.000 beneficiarios del programa Medicaid, lo que permite que se financie totalmente el programa Mi Salud por los próximos dos años sin requerir fondos estatales que se han visto afectados por la crisis fiscal y la emergencia provocada por los huracanes el año pasado”, dijo.
De esta cantidad en fondos federales para la salud, “1.200 millones de dólares están condicionados a tomar los pasos afirmativos como la presentación de esta medida”, reveló el secretario.
El proyecto permite y promueve para que denunciantes o “whistleblowers” (chivatos) puedan informar cualquier acto fraudulento contra el Gobierno.
De denunciar algún acto fraudulento, el denunciante podrá obtener parte de la cantidad recuperada por el Gobierno.
