Gobierno de P.Rico y Junta de Supervisión enfrentados por los recortes
San Juan — El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control federal impuesta por Washington para tratar la impagable deuda de la isla, vuelven a chocar por la reducción de las pensiones y la reforma laboral mientras la economía sufre las consecuencias de la incertidumbre.
El Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló tiene de plazo hasta mañana para presentar los planes fiscales, documentos guía que establecen las pautas para los presupuestos anuales y el cumplimiento con las exigencias de la JSF, del Gobierno central, la eléctrica estatal, la compañía de aguas, la de carreteras y transportes y el de la Universidad de Puerto Rico.
El Gobierno tiene que presentar unos planes que se ajusten a las exigencias de la JSF, que ha impuesto recortes en las pensiones de los empleados públicos y una reforma laboral que reduce los beneficios de los trabajadores, medidas que difícilmente puede asumir Rosselló si quiere optar con un mínimo de garantías a la reelección en 2020.
El conflicto está así servido una vez más entre el Gobierno y la JSF, un ente surgido tras la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
Esa norma establece la creación de la JSF que controla cualquier decisión del Ejecutivo local y que fue aprobada en 2016 en el Congreso de EE.UU. con el objetivo de dar solución al caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver una deuda de 70.000 millones de dólares.
Rosselló ha repetido esta semana en varias ocasiones que el Plan Fiscal del Gobierno central que presentará mañana no va a incluir recortes en las pensiones y en las prestaciones laborales de los trabajadores que exige la JSF.
El gobernador llegó a asegurar que está dispuesto a llevar su postura hasta las últimas consecuencias, sean cuales sean, además de advertir a la JSF de que no puede entrometerse en la política pública del Ejecutivo.
El enfrentamiento abre la puerta a que sea la jueza federal Laura Taylor, responsable del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, quien decida sobre el litigio una vez que el Ejecutivo pueda negarse a reconocer la autoridad de la JSF.
La posibilidad de que las pensiones de los empleados públicos se reduzcan en cerca de un 10 % es un “trago” muy difícil para el Ejecutivo, que vería cómo sus posibilidades de reelección en 2020 quedarían fuertemente condicionadas.
En la lucha de poder establecida entre el Gobierno y el la JSF entró esta semana el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en Washington, Rob Bishop, quien a través de un portavoz aseguró que la Ley Promesa da a la entidad de control los poderes para implantar una reducción de pensiones y de beneficios laborales sin el aval del Gobierno y Legislativo locales.
Rosselló advirtió que esa interpretación de Promesa por parte del congresista estadounidense es un ataque a la democracia y los derechos de los puertorriqueños, además de advertir de “estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer”.
Según Bishop, la sección 203 de la Ley Promesa permite a la JSF reducir el presupuesto del Gobierno, algo necesario para eliminar beneficios laborales y recortar pensiones.
Algunos analistas apuntan, sin embargo, que la postura del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló responde a un supuesto “teatro”, ya que, según esa interpretación, habría un acuerdo entre las partes que no puede mostrarse a la población que terminaría en ir introduciendo progresivamente mediante legislación las exigencias de la JSF.
La posibilidad de una “rebelión” del Gobierno de Rosselló contra la JSF puede además afectar a la llegada de fondos federales destinados a paliar los graves daños provocados por el huracán María el pasado mes de septiembre.
Mientras Gobierno y analistas no se ponen de acuerdo en las cifras de crecimientos de los próximos años, aunque la certeza es que la población sufre cada día más las consecuencias de una crisis que dura ya una década y que ha empujado a cientos de miles de puertorriqueños a la emigración hacia EE.UU.
