Familias de desaparecidos en México se quejan de que nadie pregunte por ellos
Barcelona (España) — Fernanda Rubí tenía 21 años cuando fue secuestrada y desapareció el 7 de septiembre de 2012 mientras estaba con sus amigas en una discoteca de la ciudad de Orizaba, en México.
Desde entonces, su madre, Araceli Salcedo, viaja por el mundo para pedir ayuda internacional porque vive una vida “que no es vida”, según confesó en una entrevista con Efe.
Cuatro años antes, el 19 de diciembre de 2008, a poco más de 1.200 kilómetros, en la ciudad de Torreón, desapareció Dan Jermeel Fernández, trabajador de una aseguradora y padre de cinco hijos. Su hermana, Grace Fernández, también explicó a Efe que no ha tenido noticias de él desde ese día.
Salcedo y Fernández, miembros de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, participaron esta semana en Barcelona en unas jornadas para concienciar sobre la problemática de los desaparecidos.
Los casos de Rubí y Dan Jermeel no son aislados y, aunque las cifras de desaparecidos en México son dispares (la Secretaría de Gobernación los sitúa en torno a los 33.000; la Comisión Nacional de Seguridad, en 45.000; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 50.000), Salcedo y Fernández, aseguran que la cifra supera las 180.000 personas.
“Todo esto ha crecido por la corrupción generalizada”, explica Grace Fernández, quien asegura que el crimen organizado mexicano “teje una estrategia de terror en la sociedad”.
“Es la fuente principal de ingresos y el flujo de dinero sobrepasa el PIB nacional, con lo cual tienen capacidad financiera de comprar la voluntad política de cualquiera”, subraya la hermana de Dan Jermeel.
Ambas mujeres coinciden en que en las desapariciones no importan ni la clase social, ni la profesión, ni la edad, ni el sexo. Cualquier persona está expuesta a sufrir un secuestro o una desaparición.
La madre de Rubí denuncia que sufren amenazas para que dejen de investigar el paradero de sus allegados y se queja de que no ha tenido ayuda oficial.
“Cuando desapareció, fui a colgar carteles, y la policía me perseguía y me los quitaba, aunque yo les lloraba diciendo que buscaba a mi hija. Entonces fui a pedir permiso al municipio para poder colgarlos y me dijeron que no había problema, siempre y cuando pagara 1.000 pesos (aproximadamente 43 euros) por cada uno de ellos, como si fuera un anuncio”.
Salcedo denuncia “la criminalización terrible” hacia los desaparecidos y pone como ejemplo que algunas autoridades le han dicho que su hija era muy bonita y por eso le gustaba a los que la secuestraron.
La madre de Rubí se unió con otras familias afectadas y empezó a trabajar sobre el terreno. Localizaron fosas comunes, en las que en algunos casos se han encontrado más de 150 cuerpos sin identificar.
Tanto Fernández como Salcedo aseguran que, a pesar de su fortaleza, tienen miedo. “Mi miedo más grande es que a mí me pase algo y nadie busque a mi hija”, reconoce la madre de Rubí.
“La incertidumbre de no saber si come, si duerme, si la lastiman...Todo esto te va acabando. Y esto no es vida: simplemente, sobrevivimos a la situación, porque nos mantiene la fe, la esperanza y el amor a ellos”, dice.
En noviembre de 2017, se aprobó en México la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por particulares, que pretende llenar todos los vacíos que existen en las desapariciones, desde la falta de coordinación entre administraciones hasta las obligaciones para hacer investigaciones eficaces.
Fernández y Salcedo quieren explicar al mundo que “no es normal que haya 180.000 personas desaparecidas y que nadie pregunte por ellas”.
Carla Riverola Brutau
