En un año, el jefe de un distrito escolar en Lawndale ganó $663,000 dólares; ahora se enfrenta a una docena de cargos por corrupción pública
Durante sus casi cinco años al frente del pequeño Distrito de Escuelas Preparatorias de Centinela Valley Union, sostienen los fiscales, José A. Fernández ideó políticas para incrementar drásticamente su sueldo y sus beneficios de jubilación.
Sólo en 2013, supervisando un puñado de escuelas en Hawthorne y Lawndale, el exsuperintendente embolsó $663,000 dólares en concepto de salarios y beneficios. El exfuncionario ocultó el tema de la Junta Escolar, encubriendo sus acciones con mentiras y tergiversaciones.
Ahora, Fernández, de 57 años de edad, se enfrenta a una docena de cargos por corrupción pública y podría pasar hasta 15 años en prisión estatal. Los registros muestran que fue arrestado el miércoles por la mañana, y trasladado a la Cárcel del Condado de Los Ángeles.
Fernández fue acusado de seis cargos por conflicto de intereses, tres cargos por apropiación indebida de fondos públicos, dos cargos por hurto mayor y un cargo por malversación con acusaciones de exceso de posesión debido a las sumas de dólares involucrados, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.
La División de Integridad Pública de la oficina inició una investigación en 2014 después, de que el periódico Daily Breeze informara sobre el excesivo sueldo y las prestaciones complementarias de Fernández, según una denuncia por delito grave presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.
Por su reportaje de investigación sobre Fernández, el Daily Breeze recibió el Premio Pulitzer, el máximo honor del periodismo.
Fernández fue superintendente del distrito escolar desde 2009 hasta su despido, en 2014.
En diciembre de 2010, explican los fiscales, abrumó a la Junta Escolar cuando solicitó a sus miembros que consideraran la posibilidad de revisar 3,000 estatutos y políticas. Las llamó “actualizaciones estándar” basadas en políticas modelo desarrolladas por la Asociación de Juntas Escolares de California, conforme la denuncia, pero enterradas en el diluvio de cambios se encontraban las cuestiones que había escrito para su propio beneficio.
En su contrato, dijeron los funcionarios, se asignó a sí mismo el año de trabajo más corto -215 días- de cualquier empleado del distrito, y se otorgó discreción absoluta para determinar si trabajaba días extras, por los cuales recibiría un pago adicional. El año laboral promedio en la educación es de 246 días.
Sin el pleno conocimiento de la Junta, también obtuvo una póliza de seguro de vida personalizada de $750,000 para sí mismo y un préstamo hipotecario de $910,000, con un interés del 2% durante 40 años, pagadero con fondos del distrito.
Fernández también ocultó a la Junta un plan para aumentar su sueldo en 2013, y tergiversó el costo de un proyecto para mejorar sus beneficios de jubilación.
Después de que se publicara la investigación del Daily Breeze, Fernández dijo a los miembros de la Junta que las noticias de los medios sobre su compensación eran “incorrectas y exageradas”.
La Junta Escolar no devolvió este miércoles una llamada de Los Angeles Times.
Fernández será procesado este jueves. Los fiscales recomendaron que su fianza se fije en $495,000 dólares.
Una mujer que contestó el teléfono del exfuncionario, el miércoles por la tarde, expresó que no haría ningún comentario y colgó.
Si se le encuentra culpable de todos los cargos, Fernández se enfrenta una sentencia máxima de 15 años en prisión estatal.
Traducción: Diana Cervantes
