AI y Centro Prodh piden reparación a hondureño por violaciones DDHH en México
México — Amnistía Internacional y el Centro Prodh exigieron a las autoridades mexicanas que cumplan con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reparen el daño a un migrante hondureño que sufrió diversas violaciones tras ser detenido en 2009 en el norte del país.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la CNDH publicó una recomendación dirigida al Gobierno del estado de Baja California, a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
En dicho documento se reconoce que las autoridades violaron varios derechos del hondureño de etnia garífuna Ángel Amílcar Colón, entre ellos el referido a su integridad personal física y psicológica, a su privacidad, al acceso a la justicia y a la protección de datos personales.
Ángel Amílcar, líder comunitario y defensor de derechos humanos, fue detenido el 9 de marzo de 2009 en la fronteriza ciudad de Tijuana por agentes de la Policía Federal.
Estuvo encarcelado hasta octubre de 2014, y ese mismo año se abrió una averiguación previa por el delito de tortura en la PGR.
“En su momento el líder comunitario y defensor de derechos humanos denunció que fue torturado por elementos del Ejército y por policías federales; y llevado a instalaciones militares donde le tomaron su declaración ministerial sin recibir asistencia consular”, señalaron AI y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Instaron a las autoridades señaladas como responsables que acepten “a la brevedad” los puntos recomendados por la CIDH, para que se garantice la reparación integral del daño” al hondureño.
En este sentido, la recomendación exige atender el daño material e inmaterial a través de una indemnización y la atención psicológica inmediata.
Asimismo, las organizaciones solicitaron que se impulse, “con debida diligencia”, la investigación ya abierta en torno al caso.
La CNDH también recomendó que la PGR, Policía Federal y los cuerpos de seguridad estatales se sometan a cursos de capacitación, para que en su trabajo consideren el contexto de personas migrantes y afrodescendentes, así como su derecho a la asistencia consular.
“El caso del hondureño es emblemático del trato violatorio de derechos humanos que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito por el país; que en vez de ser tratados como víctimas son criminalizados”, resaltaron las organizaciones.
