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Jueces y fiscales apoyan a fiscal contraria a la pena de muerte en Florida

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Más de 40 jueces y fiscales de Florida presentaron hoy un “amicus brief” en favor de la fiscal contraria a la pena de muerte Aramis Ayala y en contra de la “interferencia” del gobernador Rick Scott, que la relevó de 23 casos de homicidio.

“Al intentar sacar a Ayala de todos los casos que pudieran implicar la pena de muerte, el gobernador daña gravemente los valores fundamentales de la separación de poderes”, señalan los firmantes del “amicus brief” (texto de apoyo a una causa en litigio aportado por un tercero).

Los signatarios advierten que la decisión del republicano “usurpa” la voluntad de los votantes de Florida y los intereses de la Justicia y “amenaza el principio básico de la independencia de la Fiscalía, haciendo que este caso sea de importancia nacional”.

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Los firmantes, entre ellos ocho exjueces de la Corte Suprema de Florida, urgen al tribunal a proteger la independencia de la fiscal Aramis de la “interferencia” de Scott.

El gobernador despojó a principios del mes a Aramis, fiscal de los condados Orlando y Osceola, de una veintena de casos de asesinato en primer grado debido a su negativa de considerar la pena de muerte.

En marzo pasado Scott ya había removido a Ayala del caso de Markeith Loyd, sindicado de matar a su exnovia embarazada y a una mujer policía, después de que la fiscal anunció ese mismo día que no perseguiría la pena capital contra ese ni ningún otro acusado.

Aramis ha recibido desde entonces dos cartas amenazantes y racistas por correo, una de las cuales incluía una soga, en hechos que investiga el alguacil del condado.

Los firmantes del “amicus brief”, entre ellos los exjueces Gerald Kogan, Harry Lee Anstead y Rosemary Barkett, cinco actuales y antiguos fiscales generales del estado, sostienen que los fiscales estatales “son funcionarios casi judiciales necesarios para servir a los intereses de la Justicia en lugar del Ejecutivo”.

“La discreción del fiscal estatal para decidir si y cómo procesar es absoluta”, aseguran.

“En todo el país, los fiscales ejercen su discreción de forma rutinaria a través de la formulación de una política general de acusación, iuicios y prioridades de cumplimiento”, agregan.

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