Policía de Phoenix no ejercerá funciones migratorias

Phoenix (AZ) —  El Concejo Municipal de la Ciudad de Phoenix, Arizona, votó hoy en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump que pide capacitar a la policía local para ejercer leyes migratorias, en su intento de deportar a más inmigrantes indocumentados del país.

Además de votar en contra de la orden ejecutiva presidencial, conocida como la 287(g) y que pretende que las agencias locales desarrollen funciones propias de oficiales de inmigración, los concejales acordaron que el Departamento de Policía de Phoenix modernice sus políticas para definir con mayor claridad cuándo los oficiales pueden o no preguntar acerca del estatus migratorio a las personas.

“Las órdenes ejecutivas del presidente (Trump) crearon temor e incertidumbre en nuestra comunidad e intentaron socavar la seguridad pública en Phoenix”, manifestó el alcalde Greg Stanton mediante un comunicado de prensa.

“En este momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está presionando a los departamentos de policía locales para que ayuden en la deportación masiva. Es por eso que es importante decirle a nuestra comunidad y a Washington que nuestro departamento de policía se enfocará en la policía comunitaria y no entrará en ningún plan para convertir a nuestros oficiales en agentes federales de inmigración”, agregó.

Por su parte, la directora de Lacey Larkin Frontera Fund, Carmen Cornejo, señaló a Efe que con esta decisión del concilio de la ciudad se detiene la “cacería indiscriminada” contra los inmigrantes.

“Porque si no hay una razón de peso analizada por un juez para que una persona sea detenida, no se le tiene porque detener por parte de la policía en colaboración con la federal. Así que la comunidad debe de sentirse con confianza y protegida”, comentó.

Arizona cuenta con un largo historial de políticas antiinmigrantes como la ley SB1070, promulgada el 23 de abril de 2010 por la entonces gobernadora Jan Brewer, y que sirvió como herramienta para la deportación de varios inmigrantes que eran detenidos por policías que contaban con la facultad de verificar el estatus migratorio de cualquiera si sospechaban que era indocumentado.

También “eso sucedió con (el alguacil) Joe Arpaio, donde se pensó que esa colaboración iba a combatir el crimen, pero muchos inmigrantes nada más por ser cuestionados eran atrapados en la red de deportación”, matizó Cornejo.

“Así se destruyeron familias y la confianza de la comunidad”, concluyó.