¿Debería el nuevo fiscal general de California demandar a Trump desde ahora? Definitivamente no
Editorial de LOS ANGELES TIMES — El Senado estatal de California ha confirmado a Xavier Becerra, congresista e hijo de inmigrantes mexicanos, como el nuevo procurador general del estado. Su nombramiento es una contundente reprimenda a la política de división racial impulsada por el presidente Donald Trump, y una inspiración para muchos.
El ascenso de Becerra se produce en plena agitación de los progresistas en California, quienes lo han instado a ser “la punta de lanza” en la resistencia anti-Trump. Algunos lo han animado a conducir una “prolongada guerra legal”, demandando a la administración Trump desde el comienzo y a menudo. Becerra captó el espíritu del momento y llamó a Trump para que “venga por nosotros”.
Esto es una trampa. Es injusto e insensato para los progresistas mandar a la lucha a Becerra. En este tiempo político de derecha, un caso legal importante sobre nuestras leyes de cambio climático o nuestras políticas en beneficio de los Dreamers podrían conducir a una victoria de Trump en la Casa Blanca, estableciendo precedentes que durarían mucho más que esta presidencia. De hecho, los casos que Becerra elija no presentar podrían estar entre sus logros más importantes; los tribunales no pueden pronunciarse sobre lo que no les corresponde.
Aquellos que buscan que Becerra adopte la postura de oposición que Texas tuvo con Obama están equivocados. Texas tuvo un viento ideológico a favor cuando demandó repetidamente al expresidente: sus pleitos se presentaron ante jueces conservadores y hasta divididos, y ante una Corte Suprema bastante predecible. California, por contraste, se enfrentaría con un Tribunal Máximo reformado a imagen de Trump, con al menos uno y posiblemente dos nuevos jueces, según el año.
En lo que respecta a la inmigración, sospechamos que muchos aconsejarán a Becerra presentar de inmediato demandas que desafíen las propuestas de Trump, asumiendo que podría bloquearlas o anularlas. Pero, salvo pocas excepciones, la Constitución asigna autoridad exclusiva sobre la política de inmigración al gobierno federal.
De hecho, los progresistas se apoyaron en este principio al solicitar a la Corte Suprema que invalidara la ley antiinmigratoria de Arizona SB 1070, y que bloqueara la Proposición 187 en California, que intentaba impedir que los inmigrantes indocumentados accedieran a programas de salud y educación financiados por el estado. Pedir a un tribunal federal que anule las políticas federales de inmigración podría ser un error.
Becerra tiene poder para enfrentar a Trump. Sin embargo, los progresistas necesitan controlar sus expectativas y ajustar sus tácticas. Habrá que boxear, no bravuconear. Por ejemplo, Becerra debería explotar las lagunas creadas por la negligente supervisión federal.
Bajo los nominados por Trump -profundamente conservadores- para los puestos de fiscal general y secretario de trabajo, se pueden ver lapsos flagrantes en la protección de los derechos civiles, el procesamiento de abuso policial y la responsabilidad por las prácticas laborales injustas. Becerra debe llevar a cabo acciones coercitivas cada vez que las agencias federales ignoren abusos graves.
También debe mirar más allá de los tribunales. Como procurador general puede construir una coalición estatal de jefes de policía y sheriffs que se nieguen a delegar a los agentes tareas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También puede instruir a los fiscales estatales a considerar las consecuencias de la inmigración en los acuerdos de sentencias, y asegurar el cumplimiento local de la ley TRUST estatal, que limita las circunstancias bajo las cuales las cárceles locales pueden entregar a personas arrestadas al ICE. Estas estrategias no requieren de litigios.
Becerra puede, además, construir apoyo nacional para las iniciativas de California entre sus colegas, los fiscales generales de otros estados. Uno puede fácilmente imaginar la construcción de una coalición formal y nacional de “policías de alto nivel”, progresistas. Podrían oponerse a los intentos de limitar la autoridad de los procuradores generales estatales y defender las iniciativas para despenalizar la marihuana. El mismo grupo podría trabajar y abogar por sanciones más fuertes para el abuso de fuerza policial, las violaciones laborales y la degradación ambiental.
Los enfrentamientos legales podrían ser inevitables si el gobierno federal intenta invalidar leyes de California, o si Trump revocara por decreto las protecciones de la Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA, por sus siglas en inglés), para cientos de miles de personas en el estado. Becerra necesitará defender ferozmente a los californianos en tales casos. Pero sus objetivos deben ser el desgaste y el retraso, un lazo interminable de litigios y burocracia que empasten la máquina de deportaciones de Trump. Una victoria legal limpia sobre el presidente en un foro hostil no es el resultado más probable en la actualidad.
Los progresistas están muy entusiasmados con Becerra como nuestro próximo fiscal general. Pero no deben esperar que él emprenda batallas que no podrá ganar.
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Traducción: Valeria Agis
