Proliferan los “justicieros” en México ante una creciente ola de inseguridad
México — El reciente nacimiento de un grupo de autodefensa para hacer frente al Tequilero, un temido capo que tiene aterrorizado al empobrecido estado de Guerrero, es una muestra del incremento de los justicieros en México, civiles que no dudan en aplicar su propia ley ante el desamparo del Estado.
La pasada semana civiles de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, se levantaron en armas y retuvieron a más de 20 personas que relacionaban con el grupo de Los Tequileros, que tenía secuestrado al ingeniero Isauro de Paz.
Entre las personas secuestradas se hallaba la madre de Raybel Jacobo de Almonte, conocido como el Tequilero, acusado de extorsionar, asesinar y realizar al menos 50 secuestros, diez de ellos masivos.
Tras la mediación del gobierno estatal, la madre fue liberada por el grupo de autodefensa a los pocos días para intercambiarla por el ingeniero.
Si bien el conflicto se solucionó con la liberación de los detenidos por parte del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan -uno de ellos será juzgado por presuntos nexos con el Tequilero-, el suceso pone de manifiesto la creciente ola de inseguridad que azota el país.
Y, sobre todo, el sentimiento de desamparo que sienten muchos de sus ciudadanos, llevándoles a sucumbir a la ley del “ojo por ojo, y diente por diente”.
El pasado 11 de diciembre otro suceso desató las alarmas. En el barrio de la Navarte de la capital mexicana, de clase media, un ladrón falleció a manos del cliente de una taquería.
Este no dudó en dispararle a él y a sus dos acompañantes, que según algunos medios locales iban con pistolas de juguete.
Después se conoció la identidad del “justiciero”, un escolta que según las autoridades solo cumplió con el deber de proteger a su patrón y a la familia de este.
Matiz aparte, este suceso no hace más que sumarse a la retahíla de eventos que salen en los medios y parecen subrayar el aumento de la violencia en ese país con niveles de homicidio no vistos desde que el presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder a finales del 2012.
Este octubre, el pasajero de un autobús que hacía la ruta Ciudad de México-Toluca disparó a cuatro asaltantes que habían robado su unidad, y quienes resultaron muertos en la cuneta.
Conocido como “el justiciero de la Marquesa”, hasta el momento no se ha logrado descubrir su identidad, en parte por el desinterés del resto de la ciudadanía de delatarlo. De hecho, ni uno de los pasajeros del vehículo rindió declaración al respeto.
Ello a pesar de que el artículo 17 de la Constitución mexicana impide al ciudadano la impartición de justicia por su propia mano, y de que está prohibido llevar armas, salvo casos de excepción.
Según el recuento de un medio de comunicación local, en el Estado de México, que rodea parte de la capital y es una de las regiones más peligrosas del país, este año al menos 11 presuntos delincuentes han perdido la vida a manos de estos “vengadores”.
Además de esto, la ley de talión no se ejerce solo con pistola, ya que en México son habituales los linchamientos por parte de enfurecidas turbas.
Un ejemplo de esto ocurrió en octubre del pasado año en Ajalpan (Puebla), cuando dos hermanos encuestadores fueron confundidos con secuestradores y terminaron quemados vivos.
Ese mismo mes, otro macabro episodio tuvo lugar cuando un llamado “Grupo de élite antirratas” cortó las manos a siete presuntos ladrones en Tlaquepaque, municipio del occidental estado mexicano de Jalisco.
Uno de los agredidos murió desangrado junto a un cartel con un mensaje escrito a mano que contenía el mensaje: “Esto nos pasó por rateros (ladrones)”.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el instituto de estadísticas, en septiembre de este año el 71,9 % de los mexicanos se sentían inseguros en sus ciudades, siendo este el nivel más alto desde marzo de 2014.
