Autobuses a la nada: México transporta a los migrantes con citas pendientes en la corte estadounidense hasta su más lejano extremo sur

México ha estado transportando en autobús a los migrantes con las fechas de los tribunales de Estados Unidos hasta su frontera sur con Guatemala.

Por Patrick J. McDonnellForeign Correspondent

Oct. 15, 2019 4 AM PT

CIUDAD HIDALGO, Mexico — Los pasajeros exhaustos emergen de un brillante convoy de autobuses plateados con rayas rojas. Lucen confundidos y desorientados, mientras son depositados ignominiosamente en este remanso tropical del extremo sur de México.

Aquí nadie les brinda orientación sobre sus casos de inmigración pendientes en Estados Unidos, ni sobre dónde refugiarse en una ciudad fronteriza internacional, repleta de migrantes del mundo abandonados y con la mira puesta en Estados Unidos.

Los pasajeros del autobús habían hecho un largo y peligroso viaje por tierra hacia el norte, hasta Río Bravo, sólo para ser reenviados al sur nuevamente, a la frontera de México con América Central, cerca de donde muchos de ellos habían comenzado sus recorridos, semanas o meses antes. En este punto, confesaron algunos, tanto sus recursos como su esperanza se habían acabado.

“No sabemos qué haremos a continuación”, afirmó María de los Ángeles Flores Reyes, de 39 años, una hondureña que estaba acompañada de su hija, Cataren (9), que parecía petrificada después de desembarcar de uno de los autobuses de larga distancia. “No hay información, nada”.

Las dos se encuentran entre más de 50.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, a quienes las autoridades de inmigración estadounidenses enviaron al país vecino este año, para que esperen allí las fechas de sus audiencias judiciales en Estados Unidos, en el marco del programa Permanecer en México, de la administración Trump.

Los activistas inmigratorios creen que el programa es punitivo, mientras que la Casa Blanca afirma que funciona de manera efectiva: desanima a muchos migrantes a seguir adelante con casos de asilo y ayuda a frenar lo que el presidente Trump consideró un sistema de “captura y liberación”, en el que los migrantes detenidos son liberados en territorio estadounidense, en espera de un proceso judicial que puede prolongarse meses o años.

Las filas en constante expansión plantean un dilema creciente para las autoridades mexicanas, quienes, bajo la intensa presión de la Casa Blanca, acordaron aceptar a quienes son reenviados y brindarles asistencia humanitaria.

A medida que crecen los números, México en muchos casos ha optado por una solución controversial: enviar a tantos solicitantes de asilo como sea posible más de 1.000 millas al sur, con la aparente esperanza de que estos opten por regresar a América Central, incluso si ello implica poner en peligro o renunciar a potenciales solicitudes de asilo político en los tribunales de inmigración estadounidenses.

Los funcionarios mexicanos, sensibles a las críticas de que están facilitando los duros planes de deportación de Trump, se han pronunciado sobre el sombrío programa de autobuses, con el cual miles de solicitantes de asilo han regresado aquí desde agosto pasado (las autoridades de ese país se negaron a proporcionar estadísticas sobre cuántas personas fueron enviadas de regreso en el marco de la iniciativa).

En un comunicado, la agencia de inmigración mexicana calificó los traslados en autobús —de 40 horas de duración— como una alternativa “gratuita, voluntaria y segura” para los migrantes que no quieren pasar meses esperando en las peligrosas ciudades fronterizas del norte.

Los defensores responden que el programa equivale a una argucia apenas disimulada para alentar a los inmigrantes mal informados a abandonar sus peticiones en curso en las cortes estadounidenses, y regresar a América Central. Hacerlo los enfrenta a las mismas condiciones que, según dicen, los obligó a huir hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, socava las afirmaciones de que enfrentan persecución en sus países natales.

“Transportar a alguien en autobús de regreso a su frontera sur no les dice exactamente que se desea que permanezcan en el país”, consideró Maureen Meyer, quien dirige el programa de México para Washington Office on Latin America, un grupo de investigación y activismo. “Y no siempre está claro que las personas que son trasladadas entiendan lo que ello podría significar para sus casos en Estados Unidos”.

Los pasajeros entrevistados en ambos extremos de los recorridos en autobús —en la frontera norte de México y aquí, en el límite sur con Guatemala— aseguran que ningún funcionario mexicano les informó sobre el posible peligro legal de regresar a casa. “Nadie nos dijo nada”, expuso Flores Reyes después de bajarse del autobús aquí, desconcertada sobre cómo proceder. “¿Hay un lugar seguro para quedarse hasta nuestra cita, en diciembre?”.

La fecha se especifica en un aviso que, al parecer, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU le entregaron antes de que ella y su hija fueran enviadas de regreso a México, el mes pasado, después de haber sido detenidas mientras cruzaban sin autorización al país, en el sur de Texas. Las dos deben presentarse el 16 de diciembre en una corte de inmigración estadounidense en Harlingen, Texas, para una audiencia de deportación, según el aviso, que está sellado con las letras rojas mayúsculas MP, iniciales en inglés de Protocolos de Protección al Migrante, la designación oficial del programa Permanecer en México.

Los viajes en autobús gratuitos a la frontera con Guatemala son estrictamente unidireccionales: México no ofrece traslados de retorno a la frontera norte para los migrantes que deben presentarse en un tribunal estadounidense, generalmente varios meses después.

Beti Suyapa Ortega, 36, and son Robinson Javier Melara, 17, in a Mexican immigration agency waiting room in Nuevo Laredo, Mexico.

“En este punto, estoy tan asustada que sólo quiero ir a casa”, sostuvo Beti Suyapa Ortega, de 36 años y residente de Honduras, quien cruzó la frontera hacia Texas para solicitar asilo político y se entregó a la Patrulla Fronteriza.

Junto con su hijo, de 17 años, se encontraban entre las dos docenas de retornados que esperaban recientemente un autobús hacia el sur, en una oficina diminuta en el complejo de la agencia de inmigración mexicana en Nuevo Laredo, al otro lado de Río Grande desde Laredo, Texas.

Ortega y otros afirmaron que tenían miedo de aventurarse en las traicioneras calles de Nuevo Laredo, donde las pandillas criminales controlan no sólo el narcotráfico sino también el lucrativo negocio de secuestrar y extorsionar a los migrantes. “Sólo queremos salir de aquí cuanto antes. Ha sido una pesadilla”, remarcó Ortega, quien explicó que ella y su hijo habían sido secuestrados durante dos semanas, y que únicamente los liberaron cuando un hermano en Atlanta pagó $8.000 como rescate. “Nunca volveré a este lugar”.

Los Ortega, junto con una docena de otros retornados del programa, abordaron más tarde esa noche un autobús con rumbo al sur de México. Ella faltaría a su cita en la corte de inmigración estadounidense en Laredo, porque le exigía volver a pasar por Nuevo Laredo y exponerse una vez más a sus bandas organizadas de secuestro y extorsión.

El servicio de autobuses del gobierno mexicano funciona únicamente desde las ciudades fronterizas norteñas de Nuevo Laredo y Matamoros, expusieron las autoridades. Ambas están situadas en el estado de Tamaulipas, sumamente peligroso, un centro de cárteles del Golfo de México que a menudo ocupa un lugar destacado en todo el país en el número de homicidios, “desapariciones” y descubrimientos de tumbas clandestinas.

La iniciativa de los autobuses mexicanos de larga distancia comenzó en julio pasado, después de que las autoridades de inmigración estadounidenses comenzaron a enviar inmigrantes con casos judiciales a Tamaulipas. Anteriormente, Permanecer en México se limitaba a enviar migrantes con fechas ya concedidas en los tribunales estadounidenses a las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Al principio, los autobuses dejaban a los migrantes que partían del estado de Tamaulipas en la ciudad de Monterrey, un centro industrial relativamente seguro, a cuatro horas al sur de la frontera de Estados Unidos. Pero los funcionarios allí, incluido el gobernador del estado, se quejaron de la repentina afluencia de cientos de centroamericanos, en su mayoría indigentes. Fue entonces cuando las autoridades de ese país prolongaron los viajes en autobús hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

Un programa separado, vinculado con Naciones Unidas, también reenvió a miles de migrantes al sur de dos grandes ciudades limítrofes con Estados Unidos, Tijuana y Ciudad Juárez.

Los autobuses llenos llegan aquí dos o tres veces por semana, sin horario fijo aparente. En una mañana reciente, media docena de vehículos, cada uno con más de 40 migrantes, se detuvo a una cuadra del puente internacional Rodolfo Robles, que cruza el río Suchiate, la línea divisoria entre México y Guatemala. Parte de la flota de autobuses de la compañía de transporte de larga distancia Ómnibus Cristóbal Colón, mostraban letreros en el parabrisas donde informaban que estaban “al servicio” de la agencia nacional de inmigración de México.

Los migrantes a bordo habían comenzado el viaje de regreso al sur en Matamoros, frente a Brownsville, Texas, después de haber sido enviados allí por las autoridades de inmigración estadounidenses.

Muchos de ellos sostenían carpetas con avisos de presentación en la corte de inmigración en Texas, para diciembre. Pero algunos, incluidos Flores Reyes, tenían miedo de regresar a Matamoros, donde habían sufrido robos o secuestros. Tampoco querían volver a través de Río Grande hacia Texas, si ello implicaba pasar por Matamoros.

Flores Reyes relató que los secuestradores la tuvieron cautiva junto con su hija durante una semana en esa ciudad, antes de que lograran escapar con la ayuda de un compañero hondureño.

La dupla luego cruzó a Texas, detalló, y se rindieron a la Patrulla Fronteriza de EE.UU el 11 de septiembre, pero fueron enviadas nuevamente a Matamoros con un aviso para comparecer, el 16 de diciembre próximo, en la corte de inmigración en Harlingen. “Cuando nos dijeron que nos enviarían nuevamente a Matamoros me sentí muy mal”, confesó Flores Reyes. “No puedo dormir. Todavía tengo mucho miedo por lo que nos pasó allí”. Temiendo un segundo secuestro, rápidamente aceptó tomar el transporte de regreso al sur de México.

Christian González, de 23 años y oriundo de El Salvador, que también se encontraba entre los que regresaron recientemente aquí, relató que lo habían asaltado en Matamoros y le habían quitado su efectivo, su identificación y otros documentos, como el aviso del gobierno para comparecer en la corte de inmigración en Texas, en diciembre. “Sin el papel, ¿qué puedo hacer?”, se preguntó un exasperado González, trabajador en la provincia de Usulután, en el sureste de El Salvador. “No tengo dinero para quedarme aquí”.

El joven planeaba abandonar su caso de inmigración en EE.UU y retornar a El Salvador, donde dijo que se enfrentaba a las amenazas de pandillas y a un futuro incierto.

Cerca de él estaba Nuvia Carolina Meza Romero, de 37 años, acompañada por su hija Jessi, de 8, quien llevaba en la mano una oveja de peluche. Ambas habían regresado en los autobuses desde Matamoros y Meza Romero estaba en un dilema sobre qué hacer, pero parecía resignada a regresar a Honduras. “No puedo quedarme aquí. No conozco a nadie y no tengo dinero”, afirmó la mujer, quien explicó que pasó una semana bajo la custodia de Estados Unidos, en Texas, después de cruzar Río Grande y ser detenida, el pasado 2 de septiembre.

Su aviso para comparecer le indica que debe presentarse el 3 de diciembre en la corte de inmigración de Estados Unidos en Brownsville. “No sé cómo podría volver allí en este momento”, expresó Meza Romero casi con lágrimas en los ojos, mientras esperaba con su hija cerca del puente fronterizo.

Agresivos conductores de taxis se acercaban a los migrantes; por una tarifa equivalente a casi $2 ofrecían llevarlos de contrabando hacia Guatemala por el río, en balsas hechas de tablones y cámaras de neumáticos, para que evitaran las inspecciones fronterizas de México y Guatemala. Entre quienes optaban por cruzar las aguas había muchos de los que retornaban de Matamoros, entre ellos Meza Romero, su hija y González, el salvadoreño.

Pero Flores Reyes dudaba en regresar a América Central y perder su sueño, largamente anhelado, de reasentarse en Estados Unidos, incluso si para ello debía regresar sola a Matamoros. “Ahora sólo necesitamos encontrar un refugio”, dijo mientras se alejaba de allí en busca de algún alojamiento, con su hija del brazo. “Tenemos una cita el 16 de diciembre en el otro lado. Planeo presentarme. No estoy lista para rendirme”.

Las corresponsales especiales Liliana Nieto del Río, en Ciudad Hidalgo, y Cecilia Sánchez, del buró de The Times en Ciudad de México, así como la redactora de planta Molly Hennessey-Fiske, desde Houston, contribuyeron con este artículo.

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