Permanecer en México: Migrantes que podrían no estar sujetos a la política también son retornados a México
Human Rights First publicó un informe en el que se argumenta que el gobierno federal no está utilizando la discreción de que dispone para determinar quién debe estar exento de la política conocida como Permanecer en México.
El gobierno federal continúa enviando inmigrantes a México que podrían no estar sujetos al programa Permanecer en México, según un informe publicado por abogados y activistas que trabajan con solicitantes de asilo en México.
El controvertido programa, conocido oficialmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), no tiene pautas claras sobre quién está sujeto a la política, lo que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta que se resuelva su caso judicial. Ante la ausencia de protocolos definidos algunos que no deberían figurar en el programa están siendo enviados incorrectamente a México, argumentan abogados y defensores.
Hasta la fecha, más de 40 mil solicitantes de asilo han sido devueltos a México bajo el programa. Esto incluye poblaciones vulnerables, como miembros de la comunidad LGBTQ que enfrentan persecución en México, niños no acompañados y personas con problemas de salud graves.
La política de la administración Trump de hacer esperar a los solicitantes de asilo en México es probable que viole las leyes, los pactos internacionales y socava el debido proceso.
En días pasados Human Rights First publicó un informe que argumentaba que el gobierno federal no está utilizando la discreción disponible para determinar quién debe estar exento bajo la política de Permanecer en México. El informe contiene una mezcla de información anecdótica de abogados en el campo y estadísticas de fuentes gubernamentales.
“El caos puede no ser una consecuencia no deseada”, dijo Kennji Kizuka, investigador principal y analista de políticas de Human Rights First. “El programa está diseñado para disuadir a las personas de quedarse para escuchar sus solicitudes de asilo”.
Específicamente, las pautas del gobierno federal establecen que “las personas de poblaciones vulnerables pueden ser excluidas (de permanecer en México) caso por caso”.
Sin embargo, los investigadores identificaron varios casos en los que las personas vulnerables se vieron obligadas a regresar a México, donde hubo más de 340 informes de los medios públicos de violación, secuestro, tortura y otros ataques violentos contra solicitantes de asilo en el programa Permanecer en México, según el Informe de Human Rights First.
El L.A. Times encuentra que la administración de Trump parece estar violando la ley de los Estados Unidos al implementar la política de Permanecer en México, advierten funcionarios y abogados.
Los investigadores señalaron que un niño con síndrome de Down, una mujer sordo muda, varias mujeres embarazadas, un menor que sufre ataques cerebrales y necesita atención médica especializada, y más de 50 ciudadanos mexicanos, que estarían específicamente exentos de la política, han sido forzados a regresar a México, según el informe.
El objetivo declarado de Permanecer en México es disuadir a las personas de presentar solicitudes de asilo ilegítimas y permanecer ilegalmente en Estados Unidos.
Este programa, combinado con otros esfuerzos para desacelerar el flujo de migrantes a Estados Unidos ha tenido éxito, dijo el presidente la semana pasada.
“Hemos tomado medidas sin precedentes para detener el flujo de inmigración ilegal”, dijo Trump el martes en un comunicado.
El presidente destacó los esfuerzos en presionar a México para mejorar su propia seguridad fronteriza en el linde con Guatemala y continuar reemplazando y expandiendo la infraestructura fronteriza existente. La declaración de Trump también señaló que en septiembre se vio a más de 52 mil personas detenidas o consideradas inadmisibles en la frontera sur, lo que marca una disminución del 60 por ciento desde mayo y es el cuarto mes consecutivo en que disminuyen las detenciones en la frontera sur.
A pesar del éxito del programa, los defensores afirman que Permanecer en México pone en peligro a las personas vulnerables, y la falta de pautas claras del programa crea confusión.
Esa confusión está teniendo un impacto en los tribunales de inmigración, donde algunos jueces no están seguros de quién está o no sujeto a la política.
Una caravana de alrededor de 2000 migrantes parte del sur de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos
Cuando el gobierno del presidente Trump comenzó el programa, fue sólo para personas que se entregaron en un puerto de entrada legal. Pero alrededor de abril, los funcionarios comenzaron a colocar en el programa a los migrantes que cruzaban ilegalmente entre los puertos de entrada.
Tradicionalmente, en la ley de inmigración, las personas que cruzan la frontera ilegalmente y las que se entregan en la frontera tienen derechos distintos, lo que marca la diferencia en la forma en que los tribunales manejan sus casos y qué tipo de alivio de inmigración está disponible.
Por ejemplo, las personas que cruzaron el país ilegalmente generalmente tienen más derechos de debido proceso que aquellos que se entregaron en la frontera. Específicamente, quienes fueron atrapados cruzando la frontera entre los puertos de entrada tienen derecho a una audiencia de fianza.
Cuando el gobierno federal comenzó a colocar a las personas que cruzaron ilegalmente en el programa Permanecer en México, algunos jueces de inmigración rechazaron e hicieron a un lado esos casos con el argumento de que no deberían haber sido incluidos en el programa.
El 2 de octubre, el juez de inmigración de San Diego, Lee O’Connor preguntó a un abogado que representaba al Departamento de Seguridad Nacional por qué un hombre hondureño que cruzó la frontera ilegalmente estaba en el programa Permanecer en México.
El abogado no tuvo una respuesta definitiva a la pregunta y le dijo a O’Connor que esa era la interpretación del gobierno de la política, pero no dio una justificación legal.
Los cruces no autorizados alcanzaron su nivel más alto en 12 años
O’Connor difirió.
“Puedo decir que el negro es blanco, pero eso no lo hace así”, dijo antes de pedirle al abogado una mejor respuesta.
“En este punto no tengo nada más que agregar”, respondió el abogado.
Un portavoz de DHS no respondió a preguntas sobre este intercambio o sobre la política general de retornar a las personas que cruzaron la frontera ilegalmente.
“Creo que probablemente sea sólo otra reflexión sobre el hecho de que hay tantos malentendidos y falta de claridad sobre cómo funciona (Permanecer en México) y quién está sujeto a esto y cómo los jueces deben manejar estos casos”, dijo Robyn Barnard, un abogado del personal de Human Rights First.
En la corte de inmigración de San Diego, O’Connor señaló que al “someter inapropiadamente” al hombre a permanecer en México, se le “puso en desventaja significativa”, lo que lo privó de sus derechos.
Normalmente, alguien en la situación de ese hombre (un migrante que cruzó ilegalmente y expresó temor de regresar a su país) habría sido colocado en un centro de detención e incluso podría tener la oportunidad de ser liberado bajo fianza dependiendo de sus antecedentes.
Mientras esté detenido, ese hombre tendría muchas más posibilidades de encontrar un abogado de inmigración dispuesto a llevar su caso.
“Hemos criticado durante mucho tiempo los centros de detención de inmigrantes, pero el hecho es que hay un mejor acceso a los abogados en un centro de detención que el que ha habido en México”, dijo Kizuka, investigadora principal y analista de políticas de Human Rights First.
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