Acusan a autoridades mexicanas de no investigar asesinato de 49 migrantes

México —  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación a las autoridades mexicanas por no realizar las investigaciones adecuadas para esclarecer el homicidio de 49 migrantes en 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

La recomendación está dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y a los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Tamaulipas, Francisco García, y ya fue notificada a sus destinatarios, informó la institución en un comunicado.

Dichas autoridades “no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación” destinadas a identificar a los culpables, ni realizaron acciones de búsqueda y localización de posibles testigos.

Tampoco solicitaron las pruebas periciales que el caso requería, y el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar donde fueron halladas las 49 personas y practicó “de manera deficiente” las necropsias, aseveró la Comisión.

Además, la CNDH corroboró que hubo “falta de celeridad” para reconocer a los familiares de los fallecidos como víctimas indirectas, y “en algunos casos pasaron más de cuatro años” hasta que ocurrió.

La institución recordó que antes de que ocurrieran los hechos ya había advertido en informes especiales de la vulnerabilidad de la población migrante cuando transitan por zonas catalogadas como de “alto riesgo”, entre ellas la carretera libre Monterrey-Reynosa.

En esa misma carretera fueron encontradas las 49 personas, lo que demuestra que desde el gobierno de Nuevo León no emprendieron las acciones recomendadas para garantizar la seguridad de los migrantes.

Entre los puntos incluidas en la recomendación de hoy, la CNDH pide que se garantice a los familiares la participación activa en las investigaciones y que se continúen con las diligencias necesarias.

Además, que se capacite al personal con perspectiva de derechos humanos y “se colabore en los procedimientos administrativo y penales que se inicien, por la probable responsabilidad en la que incurrieron los servidores públicos”, apuntó.

La Comisión también pidió que los dos gobernadores instruyan a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), realicen “diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país”, para intensificar la vigilancia y evitar que ocurran otros casos similares.

El pasado mes de septiembre, la ONU urgió a México a investigar de manera exhaustiva y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos esta masacre, así como la los asesinatos de 72 de San Fernando (Tamaulipas) de 2010, y criticó que “no haya aún personas sancionadas”.