La Casa Blanca aumenta la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua

La Casa Blanca anunció que confiscó vehículos donados por Estados Unidos a las fuerzas de seguridad nicaragüenses, y suspendió futuras donaciones y ventas, en respuesta a la represión letal del presidente Daniel Ortega contra los opositores.

En la condena más enérgica de esta administración, la Casa Blanca acusó a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de haber “maltratado a su propio pueblo” con una “violencia indiscriminada” que mató a más de 300 personas en tres meses. Cientos más de individuos fueron encarcelados, torturados o están desaparecidos, indican las organizaciones de derechos humanos.

Ortega, un héroe revolucionario del izquierdista Frente Sandinista que derrocó al dictador respaldado por Estados Unidos hace casi 40 años, debe “poner fin de inmediato a la violencia sancionada por el estado, perpetuada por la policía y las fuerzas parapoliciales”, aseveró la Casa Blanca en una inusual declaración.

Ampliando los pedidos del Departamento de Estado y la delegación estadounidense en las Naciones Unidas (ONU), la Casa Blanca llamó a elecciones anticipadas “libres, justas y transparentes”, como la única manera de volver a poner al país centroamericano en el camino hacia la democracia. El mandato actual de Ortega, su tercer período consecutivo después de que reformó la constitución para permitir su reelección, debería finalizar en 2021.

Gran parte de las protestas generalizadas -de estudiantes, docentes, disidentes sandinistas y ciudadanos comunes- apuntan a lo que consideran un gobierno profundamente corrupto y en vías de construir una dinastía familiar para retener el poder de forma indefinida. Ortega convirtió a su esposa en vicepresidenta en 2017, y la está preparando para sucederlo; varios de sus ocho hijos adultos manejan lucrativos negocios estatales o compañías de medios de comunicación.

El mandatario también rechazó los esfuerzos de la iglesia Católica para mantener un diálogo entre el gobierno y sus oponentes, y asistió a una sola reunión destinada a iniciar las conversaciones; más tarde, la policía atacó las iglesias donde los manifestantes se refugiaban.

Estados Unidos había trabajado hasta hace poco para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad nicaragüenses. En una región conocida por su policía corrupta y poco capacitada, la fuerza nicaragüense era vista como una de las mejores.

Ahora, además de cortar a la policía el acceso a los vehículos, la administración estadounidense señaló que canalizaría otros $1.5 millones a los grupos de “libertad y democracia”, como un “salvavidas crítico” para el movimiento de oposición nicaragüense contra Ortega.

Aunque lenta en emerger, la crítica de la Casa Blanca a Nicaragua ahora refleja su política hacia Venezuela, y en gran parte proviene del manual del senador conservador Marco Rubio (R-Florida), un halcón en América Latina.

“La administración invirtió tanto en tratar de moldear los eventos en Venezuela, que no puede permanecer en silencio cuando se trata de Nicaragua”, expuso Daniel Erikson, asesor de la Casa Blanca sobre Latinoamérica durante el gobierno de Obama.

Al igual que con Venezuela, donde el gobierno también es acusado de corrupción masiva y atroces abusos contra los derechos humanos, el gobierno de Trump ha sancionado a varios funcionarios nicaragüenses cercanos a Ortega, ha restringido las visas, ha incrementado la retórica y ha solicitado la presión regional sobre Managua de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros países.

“Finalmente, la presión externa está comenzando a aparecer, después de un retraso tanto de Estados Unidos como de la OEA”, aseguró Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, con sede en Washington, y un experto veterano en la región. “Ambos fueron bastante lentos para reaccionar”.

Por qué demoró Washington en actuar es tema de debate. Por un lado, Nicaragua probablemente no estaba en el radar de la administración, al menos hasta hace poco. Ha sido un país relativamente estable, gracias en parte al control que Ortega y su policía ejercieron sobre la sociedad. Además, el país -a diferencia del llamado Triángulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras- no era en general una fuente de migrantes que huían hacia Estados Unidos, y en ese sentido, no encendía alarmas en Washington.

“Toda la atención política y la presión se centraban en los países del Triángulo del Norte”, indicó Shifter. “Washington también excusó a Ortega porque a lo largo de los años había llegado astutamente a acuerdos con el sector privado, la iglesia Católica y los partidos políticos no sandinistas”.

Pero la mayor parte de eso colapsó, y la inacción se hizo insostenible, añadió el experto.

La administración también puede haber querido no poner énfasis en la difícil situación de los asediados nicaragüenses en un momento en que aboga por la deportación de los centroamericanos a la región y se niega sistemáticamente a conceder asilo.

En una conferencia internacional patrocinada por el Departamento de Estado acerca de la libertad religiosa, realizada a finales de julio, el vicepresidente Mike Pence destacó a los clérigos de Nicaragua y expresó su solidaridad ante la “persecución” que sufren a manos de Ortega.

“El gobierno de Daniel Ortega virtualmente está librando una guerra contra la iglesia Católica”, consideró Pence, elogiando a un sacerdote nicaragüense, el padre Raúl Zamora, quien fue invitado a la conferencia y cuya iglesia en Managua fue atacada. “Déjeme decirle, padre”, aseveró Pence, “que nuestras oraciones están con usted. La gente de Estados Unidos está de pie con usted, por la libertad religiosa y la libertad general en Nicaragua”.

Sin embargo, esa persecución no parece traducirse en solicitudes de asilo para los nicaragüenses. La administración dejó en claro, al final de la conferencia religiosa, que no está ansiosa por recibir más refugiados. Los funcionarios destacaron que su objetivo, en toda América Central y otras regiones, es mejorar las libertades y las condiciones in situ, para mantener a las poblaciones en sus propios países.

Rubio y un grupo bipartidista de senadores propusieron legislación para imponer sanciones aún más severas a una gama más amplia de funcionarios nicaragüenses, y para que el Departamento de Estado certifique anualmente si se respetan los derechos humanos y otras cuestiones del “buen gobierno”.

Rubio, quien habló de Nicaragua junto con el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo que hay un “interés directo de seguridad nacional” para Estados Unidos en la estabilidad de esa nación. “Mientras Nicaragua sigue el peligroso camino de Venezuela”, advirtió Rubio, “EE.UU. debería estar preparado para tomar nuevas medidas con nuestros aliados regionales y enfrentar así la amenaza del régimen de Ortega”.

Parte de la indignación proveniente de Washington podría ser contraproducente. Ortega culpa a los gobiernos estadounidenses por haber fomentado disturbios en América Latina durante décadas, y describe a los disidentes con un toque de imperialismo.

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