La DEA, otra vez en problemas por caso de corrupción en Colombia

MIAMI —  Por años, el capitán Juan Pablo Mosquera fue escalando posiciones en la policía nacional de Colombia y recibiendo elogios de sus superiores, hasta llegar a ser supervisor de una unidad que colaboraba estrechamente con los agentes antinarcóticos de Estados Unidos.

Hoy enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, acusado de traicionar a la DEA (siglas en inglés de la Administración de Control de Drogas), colaborando con los traficantes que se suponía debía combatir.

Su detención en el 2018 y su posterior extradición a Estados Unidos, que no había sido reportada hasta ahora, es otra mancha en el programa de la DEA diseñado para entrenar y apoyar los organismos policiales de otros países, que ha registrado numerosos casos de corrupción y filtraciones con consecuencias mortales.

El inusual juicio de alguien que fuera un apreciado colaborador se produce poco después de que un organismo de vigilancia del gobierno criticase duramente a la jefatura de la DEA en Washington por no supervisar debidamente a la gente con la que trabaja en el exterior, ni siquiera después de sonados escándalos.

“La DEA necesita estar más atenta a las operaciones que lleva a cabo en otros países porque hay mucha corrupción”, declaró Mike Vigil, exjefe de las operaciones internacionales de la DEA.

Mosquera irá a juicio el 13 de octubre en un tribunal federal de Miami, acusado de obstruir a la justicia al vender pruebas e información obtenidas por la unidad especial que supervisaba a personas en la mira de los investigadores estadounidenses.

No está claro por qué la DEA empezó a sospechar de Mosquera, de 37 años. El auto de acusación, de tres páginas, no da detalles de sus supuestos delitos.

Pero Juan Carlos Dávila, otro imputado con muchos antecedentes de colaboración con el bajo mundo que está colaborando con los investigadores estadounidenses, dijo que Mosquera trató de reclutarlo para vender información a una figura que la DEA estaba investigando, un estadounidense que vivía en Colombia con un nombre falso.

El norteamericano, que fue identificado en los documentos legales solo por sus iniciales, P.L., es descrito como alguien que violó los términos de una libertad condicional en Arkansas en la década de 1990 y que fue acusado en Miami por narcotráfico después de que Mosquera se enteró de la investigación por parte de sus colegas de la DEA, según el testimonio de Davila.

Podría aludir a Kylan Patrick Liljebeck, acusado en Miami poco después del arresto de Mosquera de conspirar para contrabandear 50 kilos de cocaína usando un velero.

Una persona que Dávila pensó era un intermediario del estadounidense en cuestión resultó ser un informante de la DEA.

“Mosquera usó su posición de manera corrupta, para acceder a información sobre las investigaciones y los objetivos de la DEA con la intención de lucrar con esa información”, expresó Dávila en su acuerdo con los investigadores estadounidenses.

Dávila, quien habría sido detenido en el 2013 a pedido de la justicia italiana por su relación con la mafia siciliana, aceptó declarar contra Mosquera a cambio de una condena reducida. También podrían declarar cinco agentes de la DEA y un oficial colombiano, de acuerdo con documentos de la fiscalía.

Los fiscales cuentan con numerosas grabaciones de audio y de video de encuentros entre Dávila e informantes de la DEA. En ninguno de ellos estaría Mosquera.

Daniel Hentschel, abogado de Mosquera, declinó hablar del caso, lo mismo que los fiscales de Estados Unidos y la DEA.

Antes de su arresto, Mosquera dirigía una unidad policial en Cali que pertenece al programa de la DEA conocida como “SIU” (Sensitive Investigative Unit, o Unidad de Investigaciones Delicadas), expresión usada para describir a los colaboradores en el exterior que han sido aprobados.

El programa fue creado para ayudar a la DEA a realizar investigaciones en los países donde se inicia el tráfico de drogas, en los que sus agentes enfrentan restricciones por ser extranjeros.

La DEA dice que estas unidades posibilitaron el desmantelamiento de grandes bandas y la detención de cientos de capos. Agentes seleccionados reciben un entrenamiento especial de cinco semanas en la Academia de la DEA en Virginia y aprovechan sus lazos con la DEA para escalar posiciones en las fuerzas de seguridad de sus países. Desde sus comienzos a fines de los 90, el programa se expandió a más de 20 países, incluidos Tailandia y Kenia.

Para reducir los riesgos y prevenir la corrupción, los agentes deben someterse a rigurosas investigaciones, incluidos análisis para detectar consumo de drogas y detectores de mentiras.

Pero un duro informe reciente del Inspector General indicó que la supervisión que hace la DEA de sus SIUs es insuficiente y dijo que la agencia no aprendió las lecciones derivadas de una década de publicitados escándalos.

Una unidad SIU de México fue investigada por el Congreso de Estados Unidos tras circular versiones de que un cartel había asesinado a decenas de civiles en el 2011 después de recibir información filtrada por esa unidad. Un comandante de la misma unidad fue acusado en el 2020 por Estados Unidos de aceptar sobornos de narcos a cambio de protección.

En Honduras, otra unidad SIU fue implicada en el asesinato de cuatro civiles durante una fallida redada, en tanto que en Haití un oficial de la policía fue nombrado jefe de una de estas unidades pese a no haber pasado una prueba con detector de mentiras de la DEA.

En Colombia, un exagente de la DEA que trabajaba con unidades SIU se declaró el año pasado culpable de 19 cargos relacionados con el lavado de millones de dólares de cuentas controladas por la DEA y de usar el dinero para comprarse autos deportivos caros y joyas de Tiffany.

El Inspector General comprobó que dos miembros de una unidad SIU acompañaron a agentes de la DEA a fiestas con prostitutas organizadas por narcos, en un escándalo que motivó la renuncia de la jefa de la DEA de entonces Michele Leonhart en el 2015.

Después de cada uno de estos incidentes, la DEA no hizo demasiados esfuerzos por investigar filtraciones, dejando el asunto en manos de las autoridades locales de los países, según el informe.

El Inspector General, por otro lado, consideró “problemático” el que la DEA esté usando menos el detector de mentiras. Ahora lo hace cada tres años en lugar de dos.

Vigil dijo que lo ideal sería que se hiciesen pruebas con polígrafos cada tres o seis meses.

“Las tentaciones son enormes”, expresó. “Los policías ganan poco pese a pertenecer a una unidad especial. (Su sueldo) Nunca va a competir con el dinero que los carteles van a pagar por información”.

La nueva directora de la DEA, Anne Milgram, pidió una investigación a fondo de las 91 unidades con las que trabaja esa dependencia en el exterior tras la publicación del informe. Dijo que se identificarán áreas que requieren mejoras para ganar eficiencia, integridad y responsabilidad.

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Goodman está en Twitter: @APJoshGoodman

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