Los países de América Latina y el Caribe están haciendo cada vez más difícil para los millones de personas que huyen de Venezuela encontrar refugio en el extranjero.
Los nuevos requisitos de visa y pasaporte estimularon los cruces fronterizos no autorizados, mientras que más inmigrantes “recurren a canales de migración peligrosos e irregulares”, según un nuevo informe de Migration Policy Institute, un grupo de expertos no partidista con sede en Washington.
Las nuevas restricciones sugieren un aumento del agobio entre los países que reciben inmigrantes venezolanos desde que comenzó el éxodo masivo, hace cinco años, luego del colapso de la economía de su nación, alguna vez robusta y sólida.
En los primeros días de la crisis, los venezolanos podían viajar con facilidad. En la mayoría de los lugares no se requería visa, y algunos países ni siquiera exigían pasaportes. Pero a medida que las condiciones en Venezuela empeoraron y los migrantes comenzaron a ser una carga potencial, otras naciones empezaron a tomar medidas drásticas.
El informe, que se publicó esta semana, examinó las políticas de inmigración en 11 países, que han acogido a 3.9 millones de venezolanos en los últimos cinco años. Alrededor del 42% de ellos se trasladó a Colombia; un 22% a Perú y un 9% a Ecuador.
Para diciembre, cuatro de los países -Chile, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago- habían agregado requisitos de visa. Los pasaportes, cada vez más caros en Venezuela, ahora son obligatorios por siete de las naciones.
Colombia, por el contrario, todavía permite que los venezolanos ingresen sin visa. También accede a que la mayoría de los venezolanos entren a la zona fronteriza sólo con una tarjeta de identificación nacional. Perú y Chile condonan algunos requisitos para aquellos cuyos familiares cercanos ya se han mudado allí.
Según los funcionarios de los países receptores, las nuevas reglas tienen por objeto garantizar la seguridad pública y promover una migración ordenada.
“Tenemos que tomar medidas para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Perú”, afirmó el presidente de ese país, Martín Vizcarra, el año pasado, cuando anunció los cambios.
El informe concluyó que las restricciones están poniendo a los migrantes venezolanos en mayor peligro. “Estos requisitos no parecen estar ralentizando la migración, pero han redirigido a muchos de ellos de las rutas legales a las ilegales, lo cual a menudo da más poder a los traficantes en el proceso”, expuso.
Otro estudio, publicado esta semana por la Fundación para la Paz y la Reconciliación en Colombia, detectó que 378 migrantes venezolanos fueron “asesinados” en la frontera de ese país y Venezuela entre 2017 y 2019, y que 71 niños fueron reclutados por grupos armados.
Luis Carlos Rodríguez De La Cruz, un oficial de defensa del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina y el Caribe, que ayuda a los migrantes venezolanos que se vieron obligados a reubicarse, consideró que la desesperación y la vulnerabilidad de quienes huyen de Venezuela aumenta con el tiempo. “Los primeros en irse fueron los más acomodados. Le siguieron los jóvenes, especialmente los hombres”, explicó. “Ahora, quienes se quedaron -generalmente esposas, hijos, abuelos- están haciendo la caminata para reencontrarse con sus seres queridos”.
El informe de Migration Policy Institute también documenta el creciente resentimiento contra los migrantes, lo cual a menudo se refleja en qué servicios hay disponibles para ellos en los países receptores.
En algunos lugares, se les niega el acceso a la educación pública a pesar de las políticas que garantizan a las familias el derecho de inscribir a sus hijos en las escuelas.
Del mismo modo, algunos proveedores de atención médica los rechazan, particularmente en las regiones donde los recursos y el personal ya eran escasos incluso antes del arribo de los recién llegados.
Cuando se trata de encontrar empleo, los migrantes venezolanos a menudo terminan trabajando en la economía informal, donde venden alimentos y baratijas, aunque en general poseen más educación que los ciudadanos locales.
“Es probable que los venezolanos sigan emigrando en grandes cantidades en el futuro previsible”, señala el informe. “Lo que al principio parecían crisis de migración a corto plazo se convirtieron en fenómenos más duraderos”.
El reporte recomienda alejarse de las respuestas de emergencia para pasar a políticas de integración a largo plazo e involucrar al sector privado, posiblemente a través de inversiones destinadas a emplear a los migrantes para aumentar la oferta de mano de obra calificada.
Para Rodríguez De La Cruz, la idea no es descabellada.
“Hacemos todo lo posible para crear acuerdos de libre comercio y asegurar que la mercancía pueda fluir a través de las fronteras con la mayor facilidad”, comentó. “Pero lo primero en que deberíamos pensar es en cómo brindar a los seres humanos, que generan la riqueza de todas las naciones, la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.
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