Ordenan a Trump resolver la situación de jóvenes centroamericanos que están en un limbo inmigratorio

Una jueza federal en San Francisco ordenó a la administración Trump que reanude el procesamiento de las solicitudes de más de 2.700 jóvenes centroamericanos y sus familiares, que quedaron en el limbo después de que el gobierno pusiera abruptamente fin a un programa que los ayudaba a reunirse con familiares en Estados Unidos.

El Programa para Menores de América Central, creado a fines de 2014 en respuesta a un aumento de decenas de miles de niños no acompañados que huyen de la violencia en esa región, fue considerado como una alternativa segura al peligroso viaje al norte a través de México. Básicamente, permitía a los inmigrantes que estaban legalmente en Estados Unidos solicitar el estatus de refugiado o la libertad condicional humanitaria en nombre de sus hijos menores de 21 años, así como para sus cónyuges y nietos residentes en El Salvador, Guatemala o Honduras.

Los afectados por la decisión del tribunal pasaron meses o años en un riguroso proceso de solicitud y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS, por sus siglas en inglés) ya habían aprobado su reubicación en EE.UU siempre que pasaran los controles finales médicos y de seguridad.

Los defensores presentaron una demanda colectiva en julio pasado debido a la finalización del programa, en nombre de seis familias. Algunos ya habían pagado los vuelos y les faltaban días para reunirse cuando, según los abogados, el gobierno de Trump puso fin al programa en secreto, en enero de 2017.

La administración anuló oficialmente el programa ese agosto.

USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de opinión para este medio, pero una portavoz declaró previamente que la agencia no podía hacer comentarios sobre litigios pendientes.

Una de las demandantes es una mujer identificada como S.A. Su hija y nieto más pequeño llegarían en febrero de 2017, después de que ella pagara casi $5.000 por sus vuelos, pruebas de ADN y otros requisitos del programa, antes de que la administración bloqueara sus viajes.

S.A. obtuvo estatus legal en EE.UU en 2001, en el marco de un programa diseñado para ayudar a los ciudadanos de países que experimentan conflictos armados u otras condiciones que les impiden regresar de manera segura.

Después de inscribirse en el programa, la hija de S.A., identificada en la demanda como J.A., huyó temporalmente de su ciudad natal, a tres horas de San Salvador, luego de recibir amenazas de miembros de pandillas. Ahora J.A. rara vez sale de su casa, y depende del dinero que su madre le envía para sobrevivir.

S.A. tiene nuevas esperanzas de poder reunirse con su hija y su nieto. “Ese ha sido mi deseo desde que los dejé: estar juntos otra vez”, afirmó.

Entre otros demandantes se incluyen una adolescente que se vio obligada a abandonar la preparatoria unos meses antes de graduarse porque un miembro de la pandilla MS-13 intentaba “salir” con ella a la fuerza y temía ser violada o asesinada; un adolescente que fue golpeado tan gravemente cuando se negó a unirse a MS-13 que debió someterse a una cirugía y ahora usa un bastón para caminar, y otro adolescente cuyo tío fue asesinado a tiros por la misma pandilla, fuera de la casa del menor.

Los abogados solicitaron a la corte que restablezca las aprobaciones condicionales para los 2.714 solicitantes y reanude el procesamiento de los inscritos que se encontraban en etapas iniciales del proceso cuando finalizó el programa. El tribunal negó la última petición.

En diciembre pasado, la magistrada estadounidense Laurel Beeler descubrió que la revocación masiva por parte del gobierno federal de las aprobaciones condicionales era ilegal. El viernes, Beeler dictaminó que la acción del gobierno estaba causando un daño irreparable a los demandantes, al evitar que los menores escapen del peligro que pone en riesgo sus vidas.

El tribunal ordenó a USCIS presentar un plan antes del 21 de marzo próximo para continuar procesando las solicitudes.

Linda Evarts, una abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, que representa a los demandantes, expresó que sus clientes confiaron en el proceso del gobierno y habían hecho todo lo que se les exigía. “Estas son personas que viven en circunstancias realmente mortales”, indicó. “Todo lo que quieren es estar a salvo en Estados Unidos, con sus padres”.

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