Nueva estrategia migratoria de “tolerancia cero” tiene llenos los tribunales fronterizos

La concurrida sala olía a sudor y 92 inmigrantes llenaban los cinco bancos, dejando espacio solamente para que visitantes y personal de la corte estuvieran parados.

“Está lleno”, dijo uno de una docena de guardias y subjefes asignados en el tribunal. “Esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, se acabó la política de atraparlos y liberarlos’”.

Bajo una nueva estrategia que la administración Trump anunció a mediados de mayo, los inmigrantes atrapados cruzando la frontera ilegalmente han empezado a ser procesados en un tribunal federal, incluidos los que no tienen antecedentes penales y los padres que viajan con niños pequeños.

El resultado: decenas de casos inundaron los tribunales federales, especialmente en el sur de Texas, la ruta principal para la inmigración indocumentada en EE.UU.

“El impacto es peor en McAllen, pero se esta sintiendo en todas partes”, dijo Marjorie Meyers, defensora pública federal del Distrito Sur de Texas, calificando la situación de “explosión”.

“El número de casos ha aumentado en las cuatro divisiones, incluido Corpus Christi, que ni siquiera está en la frontera”, dijo.

Los 92 inmigrantes aparecieron el 14 de mayo en el tribunal de McAllen. Al día siguiente, había 50 migrantes, más que en el pasado, pero menos de lo esperado en estos días. En el último minuto, otros 50 inmigrantes fueron puestos en cuarentena debido a un brote de varicela en un centro de detención. Los abogados de inmigración esperan que el número de casos aumente este verano, el punto máximo de la temporada de inmigración a quizás 400 por día.

“Siempre hemos sido una de las cortes más concurridas de la nación”, dijo Miguel “Andy” Nogueras, defensor público federal de McAllen. “Ahora es ridículo”.

De los 92 migrantes, 65 no tenían antecedentes penales. Diez eran padres, todos separados de sus hijos. La mayoría eran de México y Centroamérica y escucharon los procedimientos con auriculares conectados a un intérprete judicial.

Como explicó el juez magistrado de los Estados Unidos Peter Ormsby, los migrantes primerizos enfrentan un cargo menor, con una multa máxima de $10,000 y seis meses de cárcel.

La mayoría se declara culpable y es sentenciado a cumplir la condena en su primera audiencia. Después de hacerlo son transferidos a la corte administrativa de inmigración para su deportación. Si se los encuentra cruzando de nuevo, enfrentarán un cargo federal por delitos graves y una condena más severa.

Aquellos que aparecieron en McAllen en la tercera semana de mayo, fueron capturados por la Patrulla Fronteriza en su camino a unirse con parientes en el Valle del Río Grande y otras partes de Texas, y otros sitios como Nueva York, Virginia y Carolina del Sur. Algunos trajeron a sus hijos. Otros vinieron para volver a encontrarse con ellos. Una mujer estaba tratando de llegar a la graduación de preparatoria de su hija.

El estatus de los niños es un tema constante. Después de que Nogueras le dijo al grupo que el juez “sabe que muchos de ustedes han sido separados de sus hijos y quieren reunirse con ellos”, un hombre con el cabello canoso levantó la mano.

“Tengo una pregunta sobre mi hijo: ¿Volverá conmigo a mi país?”, dijo Calixton Ramón Mateo, un guatemalteco que se había declarado culpable de cruzar ilegalmente con su hijo de 9 años.

Nogueras no tenía una respuesta. Tampoco lo hizo el juez o los funcionarios de Inmigración y Aduanas que habían escoltado al grupo a los tribunales.

Al inicio de mayo, la mayoría de los padres fueron acusados de violaciones administrativas de inmigración. Ellos fueron detenidos por ICE con sus hijos y ya sea trasladados a centros familiares o liberados en la frontera, algunos con los monitores de tobillo, otros con avisos para comparecer ante el tribunal federal de inmigración.

Bajo la nueva política, algunos padres son separados de los niños y encarcelados. La agencia dice que apunta a reunificar a los padres con sus hijos una vez que sean liberados o colocados en detención familiar.

La Patrulla Fronteriza capturó en marzo y abril a más de 100,000 personas que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, el total mensual más alto desde que Trump fue elegido. Las familias con niños y menores no acompañados aumentaron del 10% de los inmigrantes indocumentados detenidos hace cinco años al 40% en la actualidad.

En McAllen, Ormsby procesó y condenó a cada migrante individualmente, verificando repetidamente que conocían sus derechos, se había reunido con un abogado y no habían declarado bajo coacción.

“¿Alguien te amenazó de alguna manera o intentó forzarte a declararte culpable?” preguntó una y otra vez.

No, dijeron los inmigrantes. Las audiencias tomaron horas.

Los defensores de los inmigrantes dicen que la política de “tolerancia cero” impide las solicitudes de asilo y permite que el gobierno use a los niños como ‘cebo’, lo que obliga a los padres a aceptar la deportación para que las familias puedan reunirse.

“Deben poder buscar primero asilo”, dijo Katy Murdza, coordinadora de defensa del proyecto legal pro bono en uno de los dos centros de detención familiar para inmigrantes en el sur de Texas.

Ciertos padres migrantes siguen siendo llevados a detención familiar, incluidas mujeres embarazadas y bebés menores de un año, dijo Murdza. Algunas eran familias que solicitaron asilo en los puertos de entrada en lugar de cruzar la frontera ilegalmente, mientras que otras pudieron haber sido procesadas antes de que la nueva política entrara en vigencia.

El 15 de mayo, una madre migrante de Guatemala se disculpó con Ormsby por cruzar ilegalmente al vecino condado de Hidalgo. Ella comenzó a llorar mientras le suplicaba que la reuniera con su hija de 9 años.

“Ella ya tuvo tres operaciones en sus ojos. A su edad, no puede leer debido a esos problemas”, dijo Mildred Lucia Rojas-Quevedo de Roguel, de 37 años, una pelirroja con una chaqueta negra que no cuenta con antecedentes legales. “Regresaré a mi país, pero necesito a mi hija”.

Fue sentenciada con su condena cumplida y enviada a detención para esperar una audiencia sobre su caso de inmigración. No estaba claro si vería a su hija ni cuándo.

Ese día, Rojas-Quevedo fue la única madre en el tribunal separada de sus hijos, aunque otros le dijeron al juez que habían cruzado la frontera ilegalmente para unirse a sus hijos que viven en los Estados Unidos.

La administración de Trump puso a prueba la política de cero tolerancia a lo largo de otros tramos menos transitados de la frontera, desde Arizona hasta El Paso. Los funcionarios de inmigración dijeron que estaban separando a los padres de los niños mayores de 5 años, y que esta política ayudó a disuadir a los inmigrantes y atrapar a quienes se hacían pasar por padres para pedir asilo y evitar la detención.

Los registros de inmigración muestran que en lo que va del año, 700 familias han sido separadas, incluyendo al menos 100 niños menores de 4 años.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se está preparando para albergar a niños migrantes en bases militares, como lo hizo durante la afluencia de familias centroamericanas en 2014.

La agencia es responsable de los menores migrantes no acompañados, incluidos los separados de los padres. Tiene 100 refugios en 14 estados con espacio para 10,571 niños, pero están llenos en un 91%. En las próximas dos semanas, los funcionarios visitarán cuatro sitios potenciales en Arkansas y Texas: Ft. Bliss, y Goodfellow, Dyess y Little Rock Air Force Bases.

La ACLU entabló una demanda en California en nombre de los padres separados de sus hijos y que fueron detenidos. Una madre brasileña, fue detenida en agosto en El Paso y recientemente liberada, pero aún espera reunirse con su hijo de 14 años, quien fue enviado a un refugio en Chicago.

No está claro si la política se aplicará de la misma manera en el Valle del Río Grande que en otros tramos de la frontera. Se atrapa a más inmigrantes que cruzan ilegalmente en esta zona que en cualquier otro lugar: 15,993 en lo que va del 2018, el triple de la zona más transitada de la frontera.

La corte de McAllen está luchando para manejar la afluencia de casos de delitos menores en su mayoría.

Los tres jueces magistrados de la corte han transferido casos a sus contrapartes en Brownsville y Laredo, dijeron las autoridades. La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas agregará tres abogados en McAllen. Las cárceles locales y las áreas de detención de los juzgados que el Servicio de Alguaciles de los EE.UU. usa para alojar a los presos están llenas, dijo Nogueras.

“Nunca hemos visto esto antes y está afectando a todos”, dijo.
Nogueras asegura haber visto a una mujer que ya había sido capturada, cruzando ilegalmente por segunda vez para encontrar a su hija después de que las autoridades las separaron en 2017. También representó a un padre separado de la hija de 11 años que había traído a EE.UU desde Guatemala, después de ser amenazado por una pandilla.

“Acudieron a él y le dijeron: ‘tu hija se está poniendo hermosa, la queremos como miembro de la pandilla’. Él dijo: ‘la traje para protegerla y ahora ni siquiera sé dónde está’”, dijo Nogueras.

Agregó que muchos padres no tienen idea de dónde se colocan a sus hijos después de que están separados, y en lugar de disuadirlos de regresar a EE.UU. ilegalmente, las separaciones podrían llevarlos a regresar para encontrar a sus hijos.

“La lógica de esto es que los padres aprendan la lección. Pero van a regresar. Son sus hijos”.

Cuando terminó el martes, Ormsby advirtió a los inmigrantes, especialmente a los que esperaban reunirse con sus hijos. “Por favor, no traten de volver ilegalmente para hacer eso, porque cada vez va a ser una sentencia más dura”, dijo.

Los inmigrantes agradecieron al juez y asintieron antes de que los llevaran nuevamente a los autobuses y la cárcel. Algunas madres seguían llorando, todavía con grilletes.

Al día siguiente, 70 inmigrantes más llegaron a la corte federal en McAllen, 66 sin antecedentes penales, 18 de ellos eran padres separados de sus hijos.

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