El representante Tony Cárdenas busca navegar la última crisis #MeToo de Washington
Cuando se le preguntó recientemente si presionaría al representante Tony Cárdenas de California para que renunciara por una demanda por supuestamente haber abusado sexualmente de una adolescente en 2007, la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se encogió de hombros. Eso parece resumir la respuesta colectiva de Washington a la última crisis sobre un caso de abuso sexual, conocido como #MeToo, que involucra a un miembro del Congreso.
Una media docena de representantes y senadores de EE.UU. ya han sido destituidos de sus cargos por tales reclamos. Pero Capitol Hill parece estar reaccionando de manera diferente a Cárdenas, un demócrata del Valle de San Fernando que niega rotundamente las acusaciones y las cataloga como una invención de un ex miembro de su personal.
En comparación con la atención brindada en los escándalos anteriores, los políticos y gran parte de la prensa han sido más medidos desde que Cárdenas confirmó a principios de mayo que era el político no identificado demandado en Los Ángeles, por presuntamente haber manoseado a una adolescente de 16 años hace más de una década.
Nadie pidió la renuncia de Cárdenas, como las que acosaron al ex senador Al Franken (D-Minn.). También no ha habido el enjambre de reporteros que persiguieron al representante Ruben Kihuen (D-Nev.) luego de que surgieran las denuncias de que acosaba a un miembro del personal de su oficina de campaña.
Cárdenas no está enfrentando la misma presión de los líderes del partido para renunciar, como le pasó al ex congresista Blake Farenthold (republicano por Texas) cuando llegó la noticia de que los contribuyentes habían pagado la factura de $84,000 para resolver un caso de acoso en que se le involucraba.
Los legisladores dicen que hay varias razones por las cuales la reacción a las acusaciones de Cárdenas ha sido diferente.
Por un lado, él ha calificado las reclamaciones como una invención y se describió a sí mismo como la víctima de un ex miembro del personal, quien, según Cárdenas, manipuló a su hija para presentar la demanda.
El representante Lou Correa (D-Santa Ana) señaló al Times que el ex concejal de la ciudad de Los Ángeles, Richard Alarcón, cree que el mismo hombre se le acercó en 2016, ofreciéndole exponer información negativa sobre Cárdenas a cambio de un trabajo con él.
Alarcón competía con Cárdenas por el puesto en el Congreso. El hombre no mencionó nada sobre la supuesta mala conducta sexual en ese momento.
“Ese es el principal factor atenuante que veo que distingue este caso de los demás”, dijo Correa, quien fue compañero de Cárdenas en la Asamblea de California.
No ha surgido ninguna evidencia pública que respalde los reclamos y el Times no ha podido corroborar ninguna de las acusaciones. Parece que las dos familias estuvieron alguna vez cerca y luego tuvieron una pelea. Los intentos repetidos de entrevistar a la joven, que no está identificada en la demanda, y a su padre han sido infructuosos.
El miércoles 16 de mayo, la acusadora representada por la abogada Lisa Bloom, le pidió a un juez de Los Ángeles que decidiera si hay suficiente evidencia para permitir que el caso proceda e identificar formalmente a Cárdenas como el John Doe mencionado en la demanda.
Cárdenas ha reanudado la mayor parte de su trabajo habitual, aunque con un perfil más bajo y la ayuda de una firma de gestión de relaciones públicas en casos de crisis. Cuando llega a la Cámara de Representantes en estos días, Cárdenas suele estar flanqueado por varios miembros de su staff y mantiene un teléfono presionado en la oreja, despidiendo a cualquier periodista que intente acercarse. Él se ha mantenido alejado de las redes sociales desde que las acusaciones se dieron a conocer y tiene apariciones públicas limitadas.
Quizás lo más sorprendente de todo es que Cárdenas ha logrado evitar hacer declaraciones directas y públicas, algo prácticamente inaudito en tales casos.
A través de su abogado, Cárdenas ha pedido a sus colegas y constituyentes que “retengan el juicio hasta que haya habido una verificación completa de los hechos”. Y hasta ahora, ni un solo legislador ni siquiera del lado republicano, ha pedido su renuncia, aunque sus principales rivales y algunos políticos locales sí lo han hecho.
“Esto no es creíble para mí”, dijo el representante de San Diego, Juan Vargas, un demócrata. “Conozco a Tony desde hace tanto tiempo, no lo creería, no lo podría creer”.
Otro factor para algunos legisladores es que ninguna otra mujer ha presentado acusaciones similares que sugieran un patrón de comportamiento, como ocurrió en incidentes que derribaron a otros miembros del Congreso.
Vargas dijo que está esperando ver qué información se hace pública a través de la demanda. “Veamos algunas declaraciones juradas, veamos a alguien bajo juramento, bajo la amenaza de perjurio de que esto es verdad”, dijo Vargas.
Los líderes demócratas parecen sentirse cómodos con Cárdenas sosteniendo sus posiciones de liderazgo de bajo perfil mientras la demanda avanza.
El líder de la minoría, Steny Hoyer, dijo a los periodistas a mediados de mayo, que “si él estuviera en una posición de liderazgo ... si estuviera en una posición para hablar a nombre del partido, entonces creo que esa sería una situación diferente. Él no está en ese papel”.
La cuestión sobre el futuro de Cárdenas apenas surgió en la reunión informativa de los medios del Caucus Demócrata.
Dos días después de que Cárdenas dio a conocer su declaración, Pelosi llamó a una investigación de ética de la Cámara. Pero no está claro si se llevará a cabo porque no parece que el Comité de Ética tenga la autoridad para investigar.
El Manual limita al comité a revisar solo el comportamiento de un miembro activo del Congreso, y solo en los últimos tres términos, a menos que haya evidencia de que el comportamiento anterior está relacionado con una acusación más reciente. Las acusaciones impuestas contra Cárdenas se derivan de un incidente de 2007 cuando era miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles.
El comité ha reemplazado esos límites antes de investigar el comportamiento de un representante, pero lo hace muy pocas veces. No se ha anunciado oficialmente ninguna investigación ética sobre las acusaciones contra Cárdenas.
“Veamos lo que el comité tiene que decir al respecto”, dijo Pelosi durante la conferencia de prensa del miércoles. “Creo que hay discreción para que ellos hagan esto, así que déjenlos decidir y partiremos desde allí”.
Cárdenas pasó días explicando su versión a los líderes y colegas antes de que las acusaciones se hicieran públicas. Sus compañeros dicen que eso también es parte de por qué no piden su renuncia. Incluso mantuvo su posición de líder en Bold PAC, el super PAC del Congressional Hispanic Caucus cuyo objetivo es elegir candidatos latinos en todo el país.
Cárdenas se ha negado a hablar con el Times desde que se entabló la demanda. Ahora refiere las preguntas a la firma de relaciones públicas Rose Group, con sede en Los Ángeles, que manejó acusaciones recientes de acoso sexual contra el asambleísta Matt Dababneh.
El experto en manejo de crisis con sede en California Larry Kamer, dijo que parte de la reacción también podría ser atribuible a la “fatiga” pública luego de una serie de escándalos de alto perfil que involucraron a hombres poderosos. Pero advirtió que el enfoque de no hablar podría no funcionar para siempre.
“Si usted es un funcionario electo, el tribunal de la opinión pública lo es todo”, dijo Kamer. “Tienes que trabajar duro para enmarcar tu caso, si es realmente diferente”.
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