Corte Suprema: los deportados que regresan ilegalmente deben quedar detenidos

La Corte Suprema de Justicia dictaminó este martes que los extranjeros que fueron deportados y vuelven a Estados Unidos en busca de protección humanitaria deberán permanecer detenidos mientras el Gobierno estudia sus casos.

El caso se refiere a un grupo de salvadoreños que cuestionaron sus órdenes de detención alegando que temían ser torturados si retornaban a su país, y la decisión involucró una cuestión compleja de interpretación de las leyes de inmigración.

La causa lleva el nombre de María Angélica Guzmán Chávez cuyo pedido inicial de asilo fue rechazado, fue deportada y reingresó ilegalmente a Estados Unidos por lo cual fue detenida.

Uno de los demandantes, oriundo de El Salvador, alegó que a poco de ser deportado de Estados Unidos recibió amenazas de pandillas y otros participantes en el caso afirmaron que si eran repatriados corrían peligro de persecución y torturas.

La decisión puede afectar la situación de otros extranjeros cuyos pedidos de asilo fueron rechazados, fueron deportados y regresaron a Estados Unidos con intención de reiniciar sus solicitudes de asilo.

El juez Samuel Alito, que escribió la decisión revocando el dictamen de un Tribunal Federal de Apelaciones en Virginia, sostuvo que “esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia sobre la libertad bajo fianza”.

El fallo señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene atribuciones para arrestar y mantener detenidos a los extranjeros a la espera de una decisión sobre su deportación, y durante esa detención puede solicitar la libertad condicional o bajo fianza.

Pero en el caso de que esa persona haya sido ya objeto de una orden de deportación y tras ser enviado a su país de origen regresa a Estados Unidos de manera ilegal se encuentra, nuevamente, bajo la orden de deportación.

“La mayoría estima que la ley permite que el gobierno niegue las audiencias de fianza durante el período de trámite de deportación de 90 días”, añadió.

Ese fallo tuvo el respaldo del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas y Neil Gorsuch.

Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomaryor y Elena Kagan discreparon con la decisión.

“No puedo encontrar una buena razón por la cual el Congreso hubiese querido, categóricamente, negar las audiencias de fianza a quienes, como los demandantes, piden que se detenga o difiera la deportación debido a un temor razonable de persecución o tortura”, escribió Breyer.