La maniobra de Trump para acelerar la construcción del muro fronterizo

SAN DIEGO —  El gobierno del presidente Donald Trump anunció que recurrirá a dispensas sobre las leyes que gobiernan las licitaciones federales para agilizar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una medida que acerca al mandatario a concretar uno de sus principales compromisos de campaña pero que suscita críticas porque podría resultar en fraudes, despilfarros y costos abusivos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) señaló que eximirse de normas federales sobre contratación pública le permitirá acelerar la construcción de 283 kilómetros (177 millas) de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Las leyes a las que aplican las dispensas incluyen un requisito de concurso abierto mediante el cual las compañías perdedoras pueden protestar una decisión.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, está ejerciendo su autoridad de acuerdo con una ley de 2005 que le confiere amplias facultades para eximirse de acatar algunas normativas relacionadas con la construcción de barreras fronterizas.

“Confiamos en acelerar parte de la construcción que se efectúa en la frontera suroccidental”, declaró Wolf al programa “Fox & Friends” del Canal Fox News.

Diversos secretarios de Trump han emitido 16 dispensas, y el mandatario George W. Bush lo hizo cinco veces, aunque el anuncio del martes constituye la primera vez que la medida afectará normas federales sobre adquisiciones. Las autoridades se eximieron antes de estudios de impacto ambiental.

El gobierno federal dijo que la medida permitirá construir este año por lo menos 150 kilómetros (94 millas) de muro, que acercarán al presidente republicano a su meta de construir unos 720 kilómetros (450 millas) desde que asumió el cargo. El gobierno señaló que las dispensas permitirían construir este año otros 133 kilómetros (83 millas).

“Bajo el liderazgo del presidente estamos construyendo más muro, más rápido que nunca antes”, señaló el departamento en un comunicado.

Según los detractores, las dispensas hacen a un lado salvaguardas importantes para los contribuyentes. El representante federal demócrata Bennie Thompson, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja, dijo que “con seguridad los compinches (del presidente) serán los beneficiarios”.

Charles Tiefer, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Baltimore, especializado en contratos gubernamentales, dijo que el gobierno “puede escoger al contratista que quiera e imponerlo... No hay límite a lo que quieran facturar”.

Scott Amey, abogado general en el organismo Project on Government Oversight (Proyecto de Supervisión al Gobierno) dijo que eximirse de una normativa que obliga a los contratistas a entregar al gobierno información certificada de costos —como cuánto pagarán por mano de obra o materiales— podría conducir a precios inflados.

“Equivale a comprar un coche sin ver la etiqueta del precio”, afirmó Amey. “Podría ser una receta para trabajos mal hechos y que se pague mucho más de lo debido”.

Funcionarios del gobierno dijeron que facilitar información de costos puede ser oneroso y difícil.

En 2005, el Congreso otorgó al secretario la autoridad para eximirse de leyes en áreas de mucha actividad ilegal con una iniciativa que incluyó gastos de emergencia para las guerras en Irak y Afganistán, y requisitos mínimos para las credenciales de identificación emitidas por estados. El Senado la aprobó por unanimidad con apoyo de Joe Biden, Barack Obama y Hillary Clinton. La Cámara de representantes la aprobó con fuerte apoyo bipartidista. El entonces representante Bernie Sanders votó en contra.

La autoridad para que el gobierno se exima de normativas ha sobrevivido a impugnaciones en tribunales. En 2018, un juez federal en San Diego rechazó los argumentos de California y de grupos ambientalistas de que las amplias facultades del secretario debían tener fecha de expiración. Una corte de apelaciones ratificó el fallo el año pasado.

Las dispensas que serán publicadas en el Federal Register (diario oficial del gobierno de Estados Unidos) se aplican a proyectos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército adjudicará en seis sectores de la Patrulla Fronteriza: San Diego y El Centro, en California; Yuma y Tucson, en Arizona; El Paso, que abarca Nuevo México y el oeste de Texas, y Del Río, Texas.

La decisión fue anunciada cinco días después de que el secretario de Defensa, Mark Esper, aprobó una solicitud del DHS para transferir 3,800 millones de dólares de recursos militares a la construcción de muros en esas mismas zonas, y el Pentágono reconoció que podría hacer más recortes para entregar más fondos.

Con la decisión, el Pentágono quitó dinero a programas de aviones y contrataciones que afectan a distritos y estados republicanos y demócratas.

El Departamento de Defensa transfirió 6.100 millones de dólares de sus recursos destinados a acciones antinarcóticos y de construcción al proyecto del muro después de que el Congreso concediera a Trump sólo una parte de lo que había solicitado. El gobierno ha logrado utilizar dinero del Pentágono durante las impugnaciones judiciales.

El gobierno dijo que las dispensas se aplicarán a contratistas que ya fueron investigados.