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California demanda al gobierno federal por derrames de aguas residuales

Atty. Gen. Xavier Becerra at Border Field State Park in San Diego in September 2017. Becerra filed a lawsuit Tuesday, Sept. 4, 2018 against the federal government to force action on preventing sewage pollution spilling into California from Tijuana.
(Hayne Palmour IV / San Diego Union-Tribune)
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SAN DIEGO UNION-TRIBUNE

El fiscal general de California Xavier Becerra, presentó una demanda el martes por la noche contra la administración Trump, alegando que el gobierno federal violó la Ley de Agua Limpia al permitir, en los últimos años, las derramas de millones de galones de aguas residuales sin procesar, metales pesados y otra contaminación de Tijuana a San Diego.

La contaminada agua tóxica de México ocasionó el cierre de las playas de San Diego cercanas al valle del río Tijuana por más de 500 días en los últimos tres años, según la denuncia.

La demanda, que se dirige específicamente a la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) pinta la imagen de una agencia federal negligente y desdeñosa, que no cumple con su responsabilidad de abordar los problemas transfronterizos con México.

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“Aunque el gobierno federal ha invertido en otros asuntos fronterizos, no han invertido en estos problemas de calidad del agua”, dijo Dave Gibson, director ejecutivo de la Junta de Control Regional de Calidad del Agua de San Diego, que presentó la demanda conjuntamente con el fiscal general del estado.

“Los contribuyentes de California no deben esperar que su dinero vaya a arreglar esto cuando es responsabilidad del gobierno federal”, agregó.

IBWC y el Departamento de Justicia de EU se negaron a hacer comentarios para esta nota, citando el litigio.

En el pasado, los funcionarios de la agencia han dicho que tienen poca autoridad sobre los fondos del Congreso necesarios para mejorar la situación.

La demanda del estado sigue una estrategia legal similar lanzada por funcionarios electos en South Bay San Diego después de que un derrame el año pasado envió cientos de millones de galones de aguas residuales sin procesar que fluyen por el río Tijuana hacia el Océano Pacífico, ensuciando playas tan al norte como Coronado.

Luego de conversaciones fallidas con IBWC, Imperial Beach, Chula Vista y el Puerto de San Diego entablaron una demanda contra la agencia federal en marzo alegando violaciones radicales a la Ley de Agua Limpia.

El capítulo de San Diego de la Fundación Surfrider también presentó una demanda similar en julio.

El condado y la ciudad de San Diego indicaron su voluntad de unirse a la estrategia legal, pero ninguna de las partes ha cumplido todavía.

Los demandantes argumentaron que debido a que IBWC controla un canal de control de inundaciones que redirige el río Tijuana hacia el océano Pacífico, así como las cuencas de captación de agua en cinco cañones a lo largo de la frontera, la agencia es responsable de la contaminación que a menudo escapa de esos sistemas.

Los colectores y bombas del cañón en el río Tijuana tienen la intención de desviar los flujos contaminados a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay al oeste de San Ysidro.

“Hemos aprendido que los derrames pequeños cuando son realmente tóxicos pueden tener un gran impacto en la salud pública, y si IBWC estuviera haciendo su trabajo, eso no sucedería”, dijo el alcalde de Imperial Beach Serge Dedina. “Ni siquiera lo intentan. Todo lo que dicen son excusas. Es vergonzoso lo poco que les importa la salud ambiental o pública u obedecer la ley”.

Los abogados de la defensa han dicho que el gobierno no es legalmente responsable de los flujos que escapan de sus sistemas de recaudación, señalando que la situación sería significativamente peor sin sus esfuerzos.

Antes de que el gobierno federal gastara aproximadamente 344 millones de dólares para crear su sistema de desvío y tratamiento en la década de 1990, millones de galones de aguas residuales fluían diariamente por el río Tijuana hacia el condado de San Diego.

Después de una gira inesperada por el valle del río Tijuana, el juez federal Jeffrey T. Miller dictaminó que el caso podría seguir adelante a pesar de una moción de la defensa para desestimar la demanda.

Federal court judge Jeffery T. Miller (4th from left), along with a contingent of lawyers, governments officials, and business representatives, tour the Goat Canyon collector in the Tijuana River Valley, which has been plagued with sewage and other water pollution.
(Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)

La demanda del estado tiene un enfoque más limitado que el de las ciudades locales. Se enfoca específicamente en el mantenimiento y operación de las piletas colectoras, que están diseñadas para canalizar agua que se derrama a través de los cañones durante el tiempo seco hacia la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay al oeste de San Ysidro.

La demanda alega que IBWC no ha logrado mantener las bombas de derivación libres de escombros, lo que ocasiona un sistema obstruido que permite que las cuencas se desborden en las áreas circundantes.

La queja también dice que la agencia no ha documentado ni informado los derrames en varias ocasiones en los últimos años.

Debido a que el agua maloliente, a menudo negra, contaminada ha pasado por alto los sistemas de recolección, ha impactado a los agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan en la zona, así como a los residentes y agricultores en el valle del río Tijuana.

Los funcionarios del sindicato con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza han dicho que han considerado presentar una demanda contra el gobierno federal para forzar más acciones sobre el tema.

“Tratamos de no seguir ese camino, pero no queremos que nuestra gente sufra quemaduras químicas ni se enferme o muera prematuramente porque no lo limpiaron”, dijo Christopher Harris, un agente fronterizo en San Diego durante 20 años y el secretario del sindicato de la patrulla fronteriza local.

Some of Tijuana’s valleys are filled with trash and waste, which often ends up in the Tijuana and Alamar Rivers. In the hillsides of Colonia Bugambilias trash is dumped into valley and then the waste ends up in the Alamar river.
(Alejandro Tamayo / San Diego Union-Tribune)

El martes, la Cámara de Comercio Regional de San Diego recibió a funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), una agencia estatal que opera el sistema de alcantarillado y suministro de agua de la ciudad.

El director regional Germán Lizola le dijo a un grupo de funcionarios electos y líderes empresariales que Tijuana estaba teniendo dificultades para mantenerse al día con el crecimiento de su población.

“Seguimos tocando muchas puertas. Estamos haciendo todo lo posible para trabajar en estos temas”, dijo a través de un traductor.

“El problema que tenemos que enfrentar es la falta de recursos para la infraestructura en México”, agregó. “Somos dos países diferentes y... lidiamos con diferentes asuntos”.

Los funcionarios han dicho que Tijuana y otras ciudades fronterizas tienen una de las mejores infraestructuras de aguas residuales en México, en gran parte, debido a subvenciones pasadas de los Estados Unidos y otros programas federales que facilitan préstamos a bajo interés.

Smith escribe para el U-T.

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