El Gobierno intercede a favor de hombre que se niega a cocinar para gais

Washington —  El Gobierno intercedió hoy ante el Tribunal Supremo a favor de un cocinero del estado de Colorado que se niega a elaborar tartas y dar servicios de cáterin en bodas de parejas del mismo sexo porque considera que esas acciones violan su derecho a la libertad religiosa.

El caso del cocinero es uno de los más polémicos que estudiará el Tribunal Supremo durante su nuevo periodo de sesiones, que comienza en octubre y finalizará en junio de 2018.

La figura principal del caso es Jack Phillips, un hombre que se describe como un “artista de las tartas” y que argumenta que el estado de Colorado viola su libertad religiosa al obligarle a dar servicios de cáterin a las parejas del mismo sexo, puesto que él es cristiano y no acepta este tipo de uniones.

De manera inesperada, el Gobierno apoyó hoy la causa de Phillips y consideró que se está violando su libertad religiosa, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

“Forzar a Phillips a participar en una ceremonia que viola sus creencias religiosas sinceramente aceptadas viola sus derechos protegidos por la Primera Enmienda”, consideraron los abogados del Gobierno en un documento, al que accedió Efe.

El Ejecutivo mostró su apoyo a través de un documento conocido como “amicus curiae” (amigo de la corte) y que sirve para que una tercera parte exprese su apoyo a una de las partes en un litigio.

El caso podría tener un gran impacto en cómo los negocios de diferentes estados de EEUU pueden apelar a su libertad religiosa para negarse a prestar servicios a las parejas del mismo sexo, cuyo matrimonio fue legalizado por el propio Tribunal Supremo el 26 de junio de 2015.

Actualmente, no existe una ley federal que obligue a negocios privados a prestar servicios a sus clientes, pero 21 estados tienen lo que se llama “leyes de hospedaje”, mediante las cuales prohíben la discriminación contra una persona por el mero hecho de ser homosexual.

Estos estados son en su mayoría progresistas e incluyen a California, Illinois, Maryland y Maine. Los estados conservadores, en su mayoría en el sur y centro de Estados Unidos, no tienen estas leyes.