Juez federal de Colorado acepta demanda de desamparados contra Denver

Denver (CO) —  Un juez federal de Colorado aceptó hoy una demanda colectiva de unos desamparados de Denver contra las autoridades de esta ciudad por haber usado a la policía local para desplazarlos de sus lugares de descanso e incautarles sus posesiones en el marco de una ordenanza aprobada hace cinco años.

Según el dictamen del juez William J. Martínez, de la corte de distrito de Colorado, la demanda, inicialmente presentada el 27 de agosto del año pasado por una sola persona (Jerry Burton), puede ahora proceder en representación de todas las personas sin techo en Denver.

“Al darle la certificación como demanda colectiva, la corte federal reconoce que la ciudad de Denver tiene normas específicamente enfocadas en personas desamparadas”, explicó en declaraciones enviadas a Efe el abogado Jason Flores-Williams, representante de los demandantes.

“Se trata de normas que muchos creemos son inmorales, injustas e inconstitucionales”, agregó puntualizando que esta acción judicial podría ser “una de las mayores por parte de personas pobres o desposeídas en la historia del país”.

El documento de la demanda sostiene que, desde la aprobación de la ordenanza de prohibición de acampar en mayo de 2012, la policía de la ciudad de Denver comenzó a “incautar y destruir las pertenencias de miles de personas desamparadas”.

La ordenanza en cuestión prohíbe “acampar” (comer, descansar, dormir) en lugares no autorizados para esas actividades y también prohíbe cubrirse a la intemperie con objetos que no sean la ropa puesta, es decir que no está permitido el uso de cobijas, mantas, lonas o cartones, e incluso bolsas de dormir, para sobrevivir en la calle.

En diciembre de 2016, luego de numerosas protestas y gestiones, el alcalde Michael Hancock ordenó temporalmente a la policía de dejar de incautar los objetos mencionados y dejar de clasificarlos como “evidencia de crímenes”.

La restricción a las incautaciones termina esta semana.

Según Flores-Williams, el accionar policial de los últimos cinco años obligó a los desamparados “a desaparecer de la vista y ocultarse en rincones cada vez más remotos” y la incautación de sus pertenencias “los dejó sin nada para cubrirse y sin documentos u otros objetos personales de gran valor”.

Por eso, dijo, la decisión del juez Martínez marca “un gran día para todas las personas en situación de desamparo en Denver, porque la corte federal ahora reconoce que existe una práctica expandida enfocada en personas desamparadas”.

Por su parte, la organización Denver Homeless Out Loud (DHOL), que defiende los derechos de los desamparados y también representada por Flores-Williams, indicó por medio de un comunicado que este es “sólo otro paso, aunque vital, para que se respeten nuestras vidas”.

Además de esta acción judicial, DHOL insiste que Denver debe abolir la ordenanza de “prohibido acampar” y otorgar terrenos para el establecimiento de “minicasas” para desamparados.