Abogados dicen que no entienden detenciones prolongadas de indocumentados

Los Ã�ngeles â€”  Mientras el Tribunal Supremo sigue evaluando los derechos de los inmigrantes detenidos, los abogados de inmigración confiesan que no entienden porqué estos jóvenes tienen que estar detenidos durante tiempos prolongados.

“No sabemos porqué el Gobierno insiste en tener detenidos a estos menores. Los jueces están viendo que están negando los derechos constitucionales que estos indocumentados tienen�, declaró hoy a Efe Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis (UC Davis).

Cooper y un grupo de abogados se presentaron hoy en una corte federal en Sacramento, California, para pedir a un juez que ordene la liberación de Pablo Aguilar.

El joven salvadoreño, de 17 años, es uno de los cientos de menores no acompañados que llegaron al país en la oleada de niños de 2014.

Desde el momento de su detención, cuando tenía 14 años, el menor fue referido a una cárcel juvenil en McAllen, Texas, donde comenzó un periplo por ocho diferentes centros hasta terminar en el Centro Juvenil del Contado de Yolo, al norte de California.

“El Gobierno dice que en estos dos años y medio lo tienen en custodia, supuestamente cuidándolo, pero nosotros hemos probado que está detenido en una cárcel negándole el derecho a reunificarse con su mamá�, explicó Aldo Martínez Gómez, un estudiante de la Escuela de Leyes de UC Davis y quién ayuda en el caso de Aguilar.

En el año fiscal 2014, casi 800 menores no acompañados fueron enviados a estos centros de detención; mientras que en el 2015, unos 618 adolescentes siguen en una especie de laberinto legal que no permite acción a sus padres y representantes legales.

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito señaló el pasado Julio que la detención prolongada de los niños inmigrantes es ilegal y viola un acuerdo judicial, emitido en 1997, que prohíbe el encierro de menores en centros de detención, el Gobierno no ha querido ceder en este caso.

Hoy, el Tribunal Supremo evaluó dividido entre sus miembros progresistas y conservadores si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente o si debe fijarse un límite a la reclusión.

“No sabemos porque el Gobierno se ha enfrascado en esta pelea que lleva casi diez años, este caso se ganó en la corte de Los �ngeles, en el Noveno Circuito, pero ellos (el Gobierno) decidieron llevarlo hasta esta instancia�, dijo a Efe Michael Tan, abogado de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), quien ha trabajado en el caso por años.

El rostro del caso en Washington es Alejando Rodríguez, un hombre hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en el país.

Rodríguez, que era residente legal desde que llegó de niño al país, entró en proceso de deportación por violar su libertad condicional en una condena por un delito menor.

El inmigrante mexicano, que en los más de 36 meses de detención no recibió una audiencia para otorgarle una fianza, alega que la practica de detenciones prolongadas viola el derecho al debido proceso.

“Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema, que ha sostenido desde hace mucho tiempo que el derecho a una audiencia es un requisito del debido proceso legal, estén de acuerdo (con las sentencias de las otras cortes)�, explicó Ahilan Arulanantham, director legal adjunto de ACLU en California del Sur y abogado que argumentó el caso.

Los abogados de los casos de Pablo Aguilar y Alejando Rodríguez temen que con las nuevas directrices del próximo Gobierno las batallas legales se van a intensificar de manera excesiva.

“Hemos demostrado que hay pérdida de recursos manteniendo a estas personas detenidas, pero aún así no han querido cambiar su postura. Con el nuevo Gobierno no sabemos qué va a pasar�, advirtió Tan.

En el caso de Aguilar, el juez pidió más argumentos y los abogados defensores esperan una nueva audiencia donde la corte podría dar una fecha de salida para el próximo año.

Y mientras el joven pasará su tercera navidad detenido, su mamá, que vive en Los �ngeles, tendrá que viajar 8 horas para poder visitarlo.

Por su parte, Rodríguez pudo evitar su deportación y sus abogados ahora esperan que su lucha siente un precedente en el país.

“Estaremos en corte hasta las últimas consecuencias y seguimos documentando casos de detenciones prolongadas�, sentenció Tan.