Latinos marchan en Carolina del Norte en contra de proyectos antiinmigrantes
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CAROLINA DEL NORTE / EFE — Organizaciones y grupos de activistas de Carolina del Norte marcharon hoy en la ciudad de Greensboro para protestar contra una serie de proyectos antiinmigrantes introducidos por líderes republicanos de este estado.
Más de 150 personas, convocadas por la organización FaithAction International House, levantaron sus voces en la “Cuarta caminata de la unidad” y demandaron a los legisladores estatales terminar con el “fanatismo y la intolerancia hacia los inmigrantes y refugiados”, así como con las políticas de detención y deportación vigentes en este estado.
Durante la marcha, los manifestantes reclamaron la implementación de los programas de Acción Diferida para Padres con Hijos Ciudadanos Americanos (DAPA, en inglés) y la extensión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al igual que la restitución de los permisos de conducir para los indocumentados de Carolina del Norte.
“Es nuestro trabajo continuar presionando a los representantes y senadores para que pongan a un alto a propuestas que dañan seriamente a nuestras comunidades”, dijo a EFE Iliana Santillán, del grupo Sí a Las Licencias NC de Raleigh.
Los participantes se expresaron a favor del proyecto HB 1081, “Acta de matrículas igualitarias”, que permitiría a los estudiantes indocumentados pagar matrículas como residentes locales en los colegios comunitarios y universidades del estado.
A lo largo de la protesta, los activistas expresaron su preocupación por tres proyectos de ley que se discuten en la legislatura estatal y que impactarían de manera directa en la población inmigrante.
Una de ellas, la iniciativa SB 868, prohíbe a las agencias policiales aceptar identificaciones comunitarias y sanciona a aquellos condados que incumplan la norma HB 318, que desde 2015 veta las ciudades santuario y no acepta las matrículas consulares como identificación ante autoridades o entidades gubernamentales.
En Carolina del Norte, las identificaciones que distribuye la organización Faith Action de International House comenzaron a emitirse en 2013 y desde entonces se han entregado más de 6,000 documentos.
Con la aprobación de la HB 318 estos documentos sirvieron de paliativo para los indocumentados y tuvieron una acelerada expansión en unas 20 localidades de los condados Durham, Orange, Alamance, Forsyth, Randolph, Mecklenburg y Moore.
“Que la caminata de hoy no se olvide. Que sea del principio de acciones que se deben tomar y no esperar. Sabemos que es una sesión corta, pero todo puede pasar”, apuntó en rueda de prensa David Fraccaro, director de Faith Action International House.
Las otras dos normas que se hallan en debate son la HB 1069, que obliga a negocios con más de cinco empleados a revisar el estatus migratorio de sus trabajadores a través del programa federal E-Verify, y el proyecto HB 1086, que busca suspender el reasentamiento de refugiados.
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